El error tributario del Gobierno

El Gobierno lleva a cabo una política tributaria de tintes altamente confiscatorios, coronada por las nuevas figuras tributarias que sólo responden a un criterio político, no técnico, que pueden causar un daño enorme al conjunto de la economía y el empleo.

Ya no es que se nieguen a deflactar la tarifa del IRPF para impedir una subida encubierta de impuestos como la que está llevando a cabo el Gobierno a través de la inflación, sino que introducen nuevos impuestos que no tendrán un gran alcance recaudatorio, con tintes electorales y que, muy probablemente, terminarán siendo anulados por la Justicia, ya que o pueden constituir doble imposición -como el impuesto a las energéticas y a los bancos-, o invaden competencias -como el impuesto a las grandes fortunas-, o pueden ser inconstitucionales -todos ellos-, sin olvidar la ineficiencia económica que tendrá la limitación de deducciones en el impuesto de sociedades sin rebajar, en compensación, sus tipos -todo lo contrario, quieren subir el tipo mínimo efectivo de sociedades-.

Con el llamado impuesto de solidaridad, a las grandes fortunas, que, realmente, y así lo reconocían hasta en el texto de la Proposición de Ley, busca armonizar la tributación autonómica, como un impuesto de patrimonio bis. Es decir, quieren obligar a las regiones gobernadas por el PP que tienen exento -en todo o en parte- el impuesto de patrimonio, a reponerlo por la puerta de atrás. Especialmente va dirigido contra Madrid, que es la única que durante más de una década ha mantenido la exención del 100%, aunque el detonante de la medida del Gobierno fuese, probablemente, el hecho de que Andalucía anunciase la exención completa del tributo. No soportan que alguien haga algo que no siga su política económica y tratan de imponer su voluntad de una manera poco técnica, tanto económica como política. Para ello no les importó presentarlo como una enmienda en otra Proposición de Ley, hecho que roza la inconstitucionalidad -si es que no cae en ella-. Si es inconstitucional incorporarlo en la ley de presupuestos, no parece que incluirla en otra ley como enmienda pueda cumplir con la ortodoxia procedimental. Del mismo modo, todo parece indicar que invaden competencias, duplicando el impuesto, discriminando a contribuyentes y, todo ello, sin reformar ni la LOFCA ni la ley del Sistema de Financiación que, por cierto, ya recoge la aplicación de la recaudación del actual impuesto de patrimonio, transferida vía fondos del Sistema de Financiación Autonómica en aplicación de la lealtad institucional desde 2009. Por tanto, es falso que el impuesto no exista, porque sigue vigente, aunque goce de exención al 100% en algunas regiones; es falso que no se recaude por él, porque sí lo hace vía compensación en el SFA; y es falso que sea otro impuesto, porque persigue el mismo hecho imponible. Perjudican a las CCAA, interfieren en sus decisiones y armonizan por la puerta de atrás sin seguir los cauces normativos ortodoxos.

A su vez, en renta, han aumentado el tipo impositivo de las rentas del capital para rentas de más de 200.000 euros: lo aumentan un punto, de 26% a 27%. Para más de 300.000 lo incrementan 2 puntos, hasta el 28%. Esto supone un ataque al ahorro, tan necesario para financiar la inversión, así como a los pequeños ahorradores que viven sólo de esas rentas. Por tanto, desincentiva el ahorro, con el elemento perjudicial que supone para la economía vía reducción de la inversión asociada, de manera que va a ahuyentar la inversión y, con ello, la actividad económica, el empleo y también la recaudación.

En cuanto al Impuesto de Sociedades, la rebaja es mínima y a costa de espantar la inversión de las grandes empresas. Así, rebajan el tipo nominal del impuesto de sociedades del 25% al 23% para pequeñas empresas (cifra de negocio inferior a un millón de euros), pero, en contrapartida, limitan en un 50% la compensación de pérdidas de filiales en grupos consolidados. Es decir, suben los impuestos, por mucho que lo vendan como un aplazamiento, con una previsión de recaudación de 2.439 millones entre 2023 y 2024. Esto puede suponer una deslocalización de empresas o, al menos, una barrera de entrada a nuevas inversiones, con la potencial pérdida de actividad y empleo y, con ello, de recaudación.

En cuanto al impuesto a las energéticas, el hablar de beneficios caídos del cielo en el caso de las eléctricas, cuando el propio Gobierno incrementa la recaudación debido a la inflación y se niega a devolver esa parte a los contribuyentes, porque no quiere ni deflactarles la tarifa del IRPF ni bajarles los impuestos, aunque sea temporalmente, no tiene sentido.

Y el decir que van a gravar a la banca porque se benefician de unos balances más saneados gracias al gasto público que ha frenado, de momento, el desempleo, y que con la subida de tipos se van a aprovechar de la situación con el aumento de los intereses hipotecarios y de los márgenes financieros, en general, es absurdo, porque de no aplicar una política monetaria restrictiva contra la inflación, la economía se habría resentido en general, no sólo la banca, con más desempleo, y porque entonces, por esa regla de tres, habría que haber compensado a la banca durante la década de tipos cero en los que muchos de los préstamos concedidos no han tenido rentabilidad para ellos. Adicionalmente, por enmienda, ampliaron la medida a las entidades extranjeras con sucursal en España, elemento que puede hacer que dichas entidades se marchen, empobreciendo la importancia financiera de España.

Por último, la subida de cotizaciones a la Seguridad Social -que aunque no es un impuesto estrictamente hablando sí que funciona como un auténtico impuesto al trabajo- en la reforma de pensiones que abanderan es una insensatez, pues incrementa el coste de las empresas y, con ello, limita el crecimiento económico, pues muchas empresas no podrán soportar dichos costes y no aumentarán su inversión. En definitiva, perjudicará al empleo y a la propia recaudación. Así, hasta casi treinta subidas de impuestos.

Este conjunto de medidas, generan una inseguridad jurídica importante que puede expulsar y ahuyentar inversores en los mercados financieros, grandes patrimonios que tributan en España y que nutren, con su ahorro, la inversión, y empobrecen, así, al conjunto de ciudadanos, al atacar la generación de actividad económica y de empleo, mientras el Gobierno se enriquece con la recaudación extraordinaria derivada de la inflación a costa de la asfixia de ciudadanos y empresas. Es una política tributaria que perjudica a todos, constituyendo un grave error del Gobierno.