Errejón, Bescansa y Mas son una casta superior al presidente

Íñigo Errejón, Carolina Bescansa o Artur Mas. Son sólo tres ejemplos de una larga lista de representantes y personajes públicos que pudieron declarar ante un juez por videoconferencia. Un recurso del que no podrá disponer Mariano Rajoy. A tenor de los hechos, tanto los podemitas como el ex presidente de la Generalitat conforman una casta superior a la del presidente del Gobierno. Como dicen los propios dirigentes de Podemos: «La casta política representa a una minoría de privilegiados». Poco más que añadir. Sobre todo cuando dicha comparecencia en sede judicial ocasionará —sin necesidad— graves problemas de seguridad y agenda al máximo representante ejecutivo de la nación, requisitos suficientes como para poder disfrutar de ese derecho. Por mucho que digan los magistrados que se trata de un «acto ciudadano», Rajoy no es un español cualquiera. Aunque todos tengamos las mismas obligaciones ante la ley —y así deba ser para mantener saneado el Estado de Derecho— sus señorías deberían tenerlo en cuenta. Especialmente cuando existe un agravio comparativo con otros casos.

Inconvenientes que bien podrían haberse evitado con una declaración a distancia. El desarrollo tecnológico, entre otras cosas, debe servir para agilizar la Justicia y hacerla más efectiva. La comparecencia del presidente del Gobierno ante el tribunal del caso ‘Gürtel’ busca erosionar su imagen. Sólo hay que recordar que hasta el pasado mes de abril la Audiencia había desestimado su presencia en dos ocasiones a pesar de la insistencia de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade). Un colectivo presidido por Javier Ledesma, militante socialista desde 1973 y ex diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid. Hermano de Fernando Ledesma, quien fuera ministro de Justicia durante el Gobierno de Felipe González así como presidente del Consejo de Estado entre 1991 y 1996. Además, otro de sus miembros, Mariano Benítez de Lugo, ha sido uno de los principales abogados del PSOE.

El actual presidente del Gobierno es un oponente demasiado incómodo para sus rivales. Tras más de tres décadas en política —la mayor parte del tiempo al máximo nivel— mantiene un currículo tan limpio como el primer día. De ahí que traten de desprestigiarlo de cualquier manera. Una de las pocas opciones que tienen pasa por lograr su presencia en el proceso que juzga la primera época de Gürtel (1999-2005). No obstante, y por mucho que se empeñen en criminalizarlo, testigo no significa imputado… ni muchísimo menos. Sólo es alguien que colabora con la Justicia para tratar de esclarecer un determinado asunto. Algo en lo que ha incidido con acierto el propio Rajoy: «Estoy a lo que dispongan los tribunales». Si hay algo imputable al presidente del Gobierno es que España haya pasado de la UVI financiera en 2012 a la Champions de la economía europea en 2017. También la creación ininterrumpida de empleo y la recuperación de gran parte de nuestro bienestar perdido. En eso sí se le puede imputar, ya sea en persona, por videoconferencia o a través de un chat.