El ejemplo ético de la presidenta
Cristina Cifuentes cumple con hechos su promesa de hacer tabula rasa con la corrupción interna del partido. La presidenta de la Comunidad de Madrid demuestra que no está dispuesta a que la sombra de la corrupción se cierna de nuevo sobre el Partido Popular autonómico y, por ese motivo, echará de la formación al ex alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, si finalmente es imputado. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, enviará una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para que investiguen los indicios que señalan a Ortiz como responsable de haber concedido un contrato irregular de 73 millones de euros a la empresa Cofely durante su periplo como regidor del Ayuntamiento mostoleño.
Una actividad que se habría efectuado a cambio de diferentes mordidas que rondarían los 250.000 euros. Según el propio juez Velasco, estos hechos constituirían delitos de fraude, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos e informaciones así como cohecho. Daniel Ortiz, diputado regional en la actualidad, se niega a abandonar su escaño en la Asamblea. No obstante, y a pesar de apelar a su legítimo derecho a la defensa y clamar por su propia inocencia, si finalmente es imputado, Cifuentes no dudará en aplicar «el severo Código Ético» que anunció cuando se hizo cargo de la gestora del PP madrileño el pasado 16 de febrero.
Una medida que se antoja imprescindible para acometer la regeneración política que necesita el Partido Popular tanto a nivel autonómico como a nivel nacional. Precisamente, Cristina Cifuentes ha sido una de las figuras más destacadas dentro de la formación popular a la hora de pedir un «tiempo nuevo» y ‘tolerancia 0’ en la lucha contra la corrupción política. De hecho, en un ejercicio de honestidad y autocrítica, llegó a reconocer que «en el PP nos ha faltado humildad y nos ha sobrado corrupción». Palabras que ahora corrobora con su comportamiento en el caso de Daniel Ortiz.