Un déspota en La Moncloa

Déspota

Del it. despota, y este del gr. δεσπότης despótēs.

1. m. y f. Soberano que gobierna sin sujeción a ley alguna.
2. m.f. Persona que trata con dureza a sus subordinados y abusa de su poder o autoridad.

Reconozco que a veces acecha el desánimo. Hemos repetido tantas veces las mismas cosas, hemos alertado en tantas ocasiones sobre lo que está ocurriendo… que llega una a pensar  que no cabe decir o hacer nada más. Pero no es así; tenemos la obligación democrática de resistir. Y una de las maneras más eficaces de hacerlo es recordando las verdades, señalando al traidor y preparando el camino para evitar que lleve a término su siniestro plan.

En España estamos en manos de un Gobierno despótico cuyo presidente –un narcisista de libro- se cree y actúa por encima de la ley.  A Sánchez le vino la Covid-19 a ver;  y lo que para todos los españoles ha sido un drama ha sido utilizado por el impostor para satisfacer sus ínfulas totalitarias y librarse de todo tipo de control democrático. Así, durante la peor crisis de nuestra historia democrática, además del miedo, la enfermedad, el drama social y económico… los españoles hemos tenido que sufrir los abusos de un Gobierno despótico que ha utilizado los sucesivos estados de alarma (declarado el primero de ellos inconstitucional) para atropellar la igualdad de derechos de los ciudadanos y acelerar el proceso de demolición de la democracia.

Pero sabido es que con Sánchez todo lo que puede empeorar, empeora. Quienes hayan pensado que el culmen de la indignidad se había alcanzado el pasado martes cuando el Gobierno consumó el Día de la Infamia al amnistiar de forma encubierta el golpismo y borrar de facto del Código Penal los delitos cometidos, juzgados y sentenciados de sedición y malversación de caudales públicos es que aún no le han tomado la medida a Sánchez: la deriva totalitaria no ha hecho sino empezar.

Sánchez no sólo ha presumido durante la Sesión de Control del Congreso de sus decisiones incompatibles con la democracia y la separación de poderes, sino que se ha permitido afear la conducta a los Grupos Parlamentarios que le han exigido respeto a las leyes y a la Cámara en la que reside la soberanía nacional. Sánchez ha explicitado su desprecio hacia los poderes del Estado al indultar al golpismo, en la ‘justificación política’ que ha ofrecido  y en el foro elegido para explicar lo que se ha negado a debatir en el Congreso de los Diputados.

Sánchez eligió un teatro de Barcelona para rendir cuentas de su gestión ante los únicos a quienes respeta, los que le pueden retirar sus votos y arrebatarle su poder; después, se negó a comparecer ante la prensa para explicar el acuerdo del Consejo de Ministros; al día siguiente, avalado por la misma jerarquía eclesiástica que sacaba bajo palio a Franco, afeó a la oposición democrática que exigiera respeto a la ley; y unas horas después, en sede europea, suplantó a la Justicia y se erigió en el caudillo que determina el tiempo y al sujeto merecedor de pena o de perdón: “En el pasado fue el tiempo del castigo, ahora es el tiempo del perdón”.

Los gregarios de su Consejo de Ministros y de su partido -ese PSOE que otrora fue un instrumento útil para construir la democracia y hoy es una ariete para derribarla- se han dedicado en las últimas horas a socavar los cimientos del sistema del 78. Así, el ministro Ábalos repetía la vieja cantinela calificando de “piedras en el camino” las decisiones del Tribunal de Cuentas, empeñado éste, ¡qué escandalo!, en que los ladrones secesionistas devuelvan el dinero robado. Iceta, ese genuino representante del socialismo catalán que no valía para candidato del PSC pero que vale para ministro del Gobierno de España presidido por Sánchez, apuntaba por dónde iba a ir la Mesa constituida entre el Gobierno de España y el Gobierno de una de sus regiones: “Yo plantearía en ese foro la reforma de la Constitución”.

Tampoco esto es nuevo: todos los latiguillos que hoy utiliza Sánchez, el PSOE y sus prescriptores de opinión, la prensa concertada y los ‘progres’ que prefieren apoyar a quien consideran de izquierdas que defender el orden constitucional, fueron utilizados en el pasado en el País Vasco, el otro laboratorio elegido por los enemigos de la democracia para intentar que fracasara la voluntad de los españoles de construirla. Llamar “vengativos” a quienes exigíamos justicia era un clásico en Euskadi, aún con la sangre caliente de las víctimas; fue una constante acusar de poner “piedras en el camino” a quienes nos oponíamos a que el Gobierno socialista de Zapatero le reconociera a ETA la condición de representante político; también en el País Vasco se acuñó el término “traidores” contra quienes insistíamos en que la “concordia” no pasa por equiparar a víctimas con verdugos, a delincuentes con servidores públicos o defensores de la Ley.

Hablando con un amigo y compañero de lucha en el País Vasco comentábamos que a Sánchez sólo le falta incorporar al discurso legitimador de los enemigos de la democracia el latiguillo de la pista de aterrizaje, tan reiterado por Jesús Eguiguren para justificar las cesiones del PSOE y su Gobierno a ETA. Porque así ‘justificaban’ la Mesa de Partidos que ETA exigió en el País Vasco: una pista de aterrizaje para los terroristas. Parecida es la Mesa entre el Gobierno de Cataluña y el de España que volverá a reunirse en próximas fechas.

Tenemos el deber de recordar que la historia de la infamia se repite, que lo que hoy hace Sánchez con los golpistas es lo que antes hizo Zapatero con ETA; tenemos el deber de recordar que ETA reclamaba una Mesa de Partidos para obtener mediante la negociación los dos objetivos que no consiguió en décadas de asesinatos: la autodeterminación y la unidad territorial de Euskal Herria, previa a la independencia. Lo mismo que los golpistas pretenden con esta Mesa: obtener con nocturnidad y alevosía, en un foro impropio del sistema democrático, lo que ni la Constitución ni los votos de los ciudadanos les han otorgado, la ruptura de la unidad de derechos de todos los españoles.

Aquella mesa de negociación impuesta por ETA nunca fue una herramienta de paz sino el complemento perfecto de las acciones terroristas. La Mesa que ahora ha puesto en marcha Sánchez tampoco es una herramienta para la concordia sino un instrumento para la sustracción de la soberanía nacional a los españoles, para legalizar el golpismo y para legitimar a quienes cometieron graves delitos contra la convivencia y la democracia, en la misma medida que se deslegitima el sistema democrático y nos acerca al objetivo totalitario de los golpistas.

Al reunir la Mesa con ese objetivo de negociar en ella el futuro de la nación -pues un acuerdo sobre Cataluña y su estatus jurídico o político nos afecta a todos los españoles-, Sánchez está dando un paso de enorme gravedad hacia el desbordamiento del orden constitucional. El plan está diseñado: sin debate público ni control democrático acordarán en esa mesa cuestiones que afectan a toda España y lo someterán posteriormente a una votación en el Congreso de los Diputados para darle apariencia de legalidad, lo sacarán adelante con los votos que soportan el Gobierno de Sánchez (populistas, bolivarianos, comunistas, proetarras, golpistas y nacionalistas de todo pelo y condición) y darán así por iniciado el proceso constituyente. Celebrarán un referéndum “pactado” en Cataluña, dirán que es sólo “consultivo”, impondrán su resultado a todos los españoles y a eso lo llamarán «concordia». Sí, lo sé, eso será inconstitucional. Pero para cuando el TC se pronuncie, la fractura ya se habrá producido.

Bueno, todo esto era para decirles que hay que espabilarse, que hay que echar a estos tipos que están organizando un golpe contra la democracia desde el propio Gobierno de la nación. Que hay que echarlos desde las calles… y en las urnas.