Una catástrofe anunciada

Cualquiera que observe el devenir político en España, comprobará la dificultad que encuentra para entender lo que está pasando, constatará que no hay ninguna lógica ni ética en la actual dirección política salvo querer mantenerse en el poder, cueste lo que cueste.

Lo primero que podemos comprobar es que no existe el organismo llamado Gobierno, pues está muy lejos de constituir su esencia colegiada. Podría describirse como un Grupo de personas, que fueron nombradas ministros, que pugnan por seguir en sus cargos, algunos imponiendo su ideología sectaria, sin considerar los efectos de sus actividades y sin respetar el orden constitucional. Dentro de su generalizada ineptitud e ignorancia, creen que la ley cuando no les conviene, puede ser soslayada.

Todo ello sitúa a España en un limbo o para muchos en un infierno. En un momento de crisis y consecuencia de un profundo cambio mundial con retos que afectan a todos los países, aquí se practica la memoria cainita, una especie de posverdad basada en la manipulación. Mientras se anuncia la indecente exhumación de cadáveres de la Guerra Civil, el Estado se resquebraja a cada paso que da el anárquico Grupo de Moncloa.

El deterioro constitucional de la égida Sánchez es muy profundo y acelerado, impulsando un proceso que venía deteriorándose desde 2004 y la cuestión que presenta es la posibilidad de su irreversibilidad. La separación de poderes no existe, el judicial ha sido demolido al calificar a los jueces por sus preferencias partidistas e imponer a los órganos judiciales criterios de organización autoritaria. Además, Moncloa ha intervenido instituciones del Estado afectando a su independencia.

En cuanto al Tribunal Constitucional se actúa como si se eligiese su composición para sesgar sus decisiones a favor de las extralimitaciones del Gobierno. Puede comprobarse el desmantelamiento del Estado a medida que el Grupo, con su despótico jefe a la cabeza, que cada vez se asemeja más a una banda criminal, ve su consideración pública desmoronarse y recurre progresivamente al despropósito.

La supresión de la sedición ha sido acordada, utilizando un procedimiento de más que dudosa constitucionalidad, en comisión bilateral Madrid–Barcelona y habrá que ver lo que queda por venir. La no aplicación de la ley en el caso de la enseñanza del castellano tiene el mismo origen, la relación exclusiva Gobierno- Generalidad. La situación se convierte progresivamente más peligrosa ya que, en una época de crisis mundial y europea, la acrisolada incompetencia del Grupo es un peligro. La paz social puede alterarse y ser manipulada, el desprestigio es una clara vulnerabilidad para la seguridad nacional.

La gran tarea, tras derrotar a este Gobierno, será la de reconstituir el Estado devolviendo, reforzada, la viabilidad constitucional. Ese proyecto debe ponerse en marcha desde el primer día, ya que, además de ser práctico, debe ser ejemplarizante al exigir responsabilidades a aquellos que durante el mandato turbio hayan incurrido en conductas delictivas mediante la prevaricación, el abuso de poder o, simplemente, la omisión constitucional.

El pueblo español debe preguntarse cómo se ha llegado hasta aquí. El impostor de la Moncloa habrá sido el detonador de la explosión, pero la carga existía. Los mecanismos de defensa de la Constitución no han funcionado y eso puede ser estructural o degenerativo, o ambas recíprocamente. Eso no ha sido sólo labor de una persona, el PSOE o lo que queda de él, es cómplice. La mala conducta de Sánchez ha sido progresiva, comprobando que el sistema le permitía la impunidad más absoluta. Sería largo enumerar cómo Sánchez ha ido desproveyendo al Estado de sus defensas más esenciales como los servicios de inteligencia o la policía.

La carencia fundamental es la de una autoridad colegiada que sea guardián de la seguridad constitucional, tanto con carácter preventivo como retroactivo. El Tribunal Constitucional debe ser parte del Poder Judicial y formado por magistrados elegidos por dicho Poder. No puede darse el caso de que un Gobierno aplique una norma de forma abiertamente despótica, como la restricción de movimientos en la pandemia, que no tuvo consecuencias la declaración de inconstitucionalidad ya que fue declarada meses mas tarde de cometer el despropósito.

La ley electoral prima la representación política de unas regiones sobre otras, estableciendo la desigualdad entre españoles. Este es uno de los elementos fundamentales de la fractura territorial, que se ahonda mercadeando con la cesión de retazos de soberanía a cambio de apoyos parlamentarios circunstanciales. El Estado tiene que recuperar y ejercer competencias que garanticen la igualdad entre españoles: seguridad, sanidad y enseñanza.

A nadie se le escapa que el momento es muy grave y su prolongación pone en peligro la democracia y el Estado. No se puede decir que cuando gobernemos cambiaremos esto, hay que actuar de forma inmediata, proponiendo una moción de censura contra este pésimo Gobierno, señalando a los que son cómplices de tanto desatino.