Cataluña: perseguir al policía, defender al malhechor

En Cataluña cada día se baten todos los récords de surrealismo, porque cuando uno piensa que ya no se puede ir más lejos, entonces ocurre. El secesionismo ya no sabe qué hacer para caer más bajo y demostrar que lo suyo es destruir, no crear nada que valga mínimamente la pena. El último ejemplo lo tenemos a cuenta de los disturbios que hace unos días asolaron Barcelona.

La segunda metrópoli de España se convirtió durante varias noches en un escenario de una batalla campal. Más que una urbe próspera de una democracia occidental consolidada parecía una ciudad de Oriente Medio en plena refriega. El centro estaba lleno de incendios, vándalos tirando piedras y bolas de acero a las fuerzas de seguridad, pillaje en tiendas, mobiliario urbano destrozado…

Cuando centenares de radicales secesionistas utilizaron un nivel de violencia desconocido en nuestro país desde hace muchos años, se supone que la máxima preocupación de la Generalitat debería haber sido identificar, detener y tratar que se pusieran condenas lo más duras posibles a los vándalos. Esto sería lo lógico en cualquier gobierno democrático del mundo, sea municipal, regional o estatal.

¡No! En Cataluña la máxima preocupación del Govern, de los partidos secesionistas, del Síndic de Greuges – el Defensor del Pueblo local – y de entidades sociales de gran tradición como ‘Piròmans per la República Catalana’ (nombre genérico que podría agrupar a docenas de entidades ‘cívicas’ que sí existen) es investigar, expedientar y empapelar a los agentes de los Mossos que intentaron impedir que la barbarie triunfara en Barcelona. ¿Su pecado? Trabajar codo con codo con la Policía Nacional para que se respetara la ley.

Muy mal tiene que andar la cosa para que un independentista radical como el actual consejero de Interior, Miquel Buch, cuyas salidas de tono darían para escribir una enciclopedia, haya quedado como una persona razonable simplemente porque no se ha apuntado a la cacería contra los Mossos d’Esquadra. Claro está que al lado de Quim Torra cualquier político se convierte en una mezcla de Winston Churchill, George Washington y Ángela Merkel.

Escuchar al ‘president’, que teóricamente representa a más de siete millones y medio de catalanes, y que en la realidad solo tiene el apoyo de algunos CDRs y poco más, como persigue a unos agentes de policía por hacer su trabajo es la mejor prueba que en España hace falta, de una vez, que algún Gobierno de España se ponga las pilas para evitar que el país se autodestruya. No se puede permitir que haya personajes como Torra al frente de instituciones democráticas que lo único que buscan es destruir nuestro sistema democrático.

La dejadez durante décadas del Madrid político ha permitido que el nacionalismo catalán haya degenerado de tal manera que un personaje como Quim Torra sea el máximo representante del Estado español en Cataluña. Alguien que se ha dedicado desde su toma de posesión a asegurar que se iba a saltar las leyes, y que no respetaba a las instituciones comunes a todos los españoles, no es digno de ejercer el cargo.

Pero cuando se pasa de las declaraciones a cortar autopistas, como hizo él el pasado 18 de octubre en una de las autodenominadas ‘marchas por la libertad’, o se pide a los radicales que “aprieten”, es que estamos entrando en una fase mucho más peligrosa. La penúltima etapa de ese camino hacia el enfrentamiento civil que busca Torra es señalar y perseguir a los Mossos d’Esquadra que lucharon para que los vándalos no destrozaran Barcelona. Así manda un mensaje claro a todos y a cada uno de sus agentes.

La última etapa será, si nadie lo remedia, que los Mossos d’Esquadra más radicales sean directamente los que estén codo con codo con los CDRs luchando contra “España”. De momento parece un escenario inviable, y la gran mayoría de agentes del cuerpo no están por la labor. Pero hace unos años tampoco parecía que la deriva secesionista llegaría tan lejos, y hace una semana Barcelona estaba en llamas.

Así que esperemos que el 11 de noviembre, una vez ya no esté sobre la cabeza de los dirigentes de los partidos constitucionalistas la presión de la campaña electoral, que se pongan las pilas para evitar que la situación en Cataluña degenere aún más.