Las barbaridades del Gobierno en materia laboral

El Gobierno legisla en materia laboral para grave perjuicio de la economía española, tanto de los trabajadores como de las empresas. Así, la subida sin límite del salario laboral, sin pensar bien en los efectos perversos que tiene para el conjunto de la economía, especialmente para los más débiles, a quienes cierra muchas puertas laborales, así como para la competitividad de las empresas, que son las generadoras de empleo, es una atrocidad. Tras incrementarlo casi un 5% en 2024, lo elevó de nuevo en 2025, hasta casi los 1.200 euros en catorce pagas, que frenará todavía más la economía.

Incremento, por cierto, que supone una trampa para quienes cobren el SMI, ya que pueden comenzar a tributar si el Gobierno no eleva el mínimo exento. Voracidad recaudatoria hasta para eso. Esto perjudica más a los trabajadores con menor cualificación, a las economías regionales menos prósperas y a los autónomos y pymes que no pueden soportar ese incremento de costes.

Junto a ello, nos encontramos con la reducción de jornada: no puede reducirse la jornada laboral, porque no se está produciendo un incremento de la productividad, sino todo lo contrario. Con caídas de la productividad, una reducción de jornada conllevará caída de la producción, porque tampoco las empresas podrán contratar más trabajadores, al ser inasumible su coste. Ataca a los propios trabajadores, porque si se reduce la producción, se perderán puestos de trabajo. De hecho, si diferentes estudios estiman que la elasticidad del empleo respecto a los costes laborales es de 0,3 en valores absolutos, con una reducción de la jornada equivalente a 2,5 horas semanales -de 40 horas a 37,5 horas- la disminución de la jornada laboral es del 6,3%, que, aplicada la elasticidad, puede llevar a una merma en el empleo del 1,8%.

Como tercer error que afectará negativamente al mercado laboral nos encontramos con la reforma Sánchez-Escrivá sobre las cotizaciones a la Seguridad Social. Recordemos que la subida de la cotización adicional iniciada en el año 2023, pasando de un 0,6% adicional (0,5 a cargo de la empresa y 0,1 a cargo del trabajador) hasta el 1,2% en 2029 (1% el empresario y 0,2% el trabajador), medida que será mantenida hasta 2050, supondrá una barrera al empleo, encareciendo la contratación de los trabajadores y mermando su renta disponible, que puede desembocar en una caída de contrataciones y de recaudación, perjudicando a la sostenibilidad del sistema.

Por otra parte, la imposición de una cuota adicional a los trabajadores con base máxima, que en 2025 será un punto adicional, con subidas incrementales de 0,25 puntos, hasta llegar a 6 puntos más en 2045, pero sin subir las pensiones máximas, constituye un paso hacia la transformación del sistema en asistencial en lugar de contributivo, socavando la confianza en el mismo. Puede suponer una fuga de los mayores talentos profesionales hacia otros países, perdiendo valor añadido y recaudación.

Todo ello, junto con el pretendido incremento del coste de las indemnizaciones por despido, hará mucho daño a la economía, que con la potencial destrucción de tejido productivo, que, de darse, generará, con ello, desempleo –especialmente, el de los trabajadores menos cualificados- y disminuirá la prosperidad, al presionar al alza los costes laborales, ya elevados de por sí, pues desde el IITR-2020 iniciaron una tendencia alcista que, aunque ahora se ha suavizado algo, sigue creciendo a ritmos superiores al 4% interanual, sobre un nivel previamente alcanzado muy elevado, que lo único que hace es presionar más los costes al alza.

En definitiva, error tras error en el mercado laboral que empobrece a la economía española. Es la receta de los países que han fracasado en materia económica.

José María Rotellar

Profesor de Economía. Director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria