Cuando el Estado se convierte en Policía del Pensamiento

Quisiera aprovechar esta tribuna para compartir una inquietud que no es de salón ni de despacho: es la inquietud de millones de ciudadanos que ven cómo la política se transforma, gradualmente, en una fábrica de uniformidad intelectual. No hablo de debates ásperos ni de contiendas políticas normales; hablo de la conversión del poder público en instrumento de adoctrinamiento y de control de la discrepancia. Eso, es otra cosa: es un cambio de régimen sin cambiar las urnas.

¿A qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos a una estrategia que opera en varias capas: la reconfiguración de la educación para que deje de enseñar a pensar y pase a enseñar a repetir consignas, la utilización de los recursos públicos para premiar la afinidad y castigar la independencia, la construcción de narrativas oficiales que descalifican a la crítica como ataque personal o conspiración. No es una suma de errores administrativos: es una política deliberada para moldear la opinión pública desde las instituciones del Estado.

Es legítimo que cualquier Gobierno intente persuadir a los ciudadanos con sus propuestas. La diferencia fundamental es que la persuasión libre —la del argumento y la evidencia— respeta la existencia del otro; el adoctrinamiento, en cambio, asume que quien discrepa no merece ser escuchado, o incluso, que merece ser castigado. Y cuando el poder estatal convierte esa lógica en práctica institucional —en la escuela, en la universidad, en los medios públicos, en la gestión de subvenciones y contratos – se rompe la propia arquitectura de la democracia.

Observen, por ejemplo, el ámbito educativo. Enseñar civismo no equivale a imponer una ortodoxia. Garantizar acceso es distinto de instrumentalizar los programas formativos para difundir relatos únicos. La educación debe ser un espacio libre donde cuestionar, no un taller de réplica: formar ciudadanos críticos exige exponerlos al conflicto de ideas, no a la uniformidad cómoda del pensamiento ni a la conveniencia del poder.

También quiero referirme a la esfera mediática. El pluralismo informativo no es una concesión ideológica: es la condición de posibilidad de la deliberación pública e información libre. Cuando se incluye la financiación pública, se gestiona con criterios de simpatía política; cuando se premia la lealtad editorial y se penaliza la independencia, el resultado no es solo una mala gestión económica: es la vulneración del derecho de todos a una información diversa y veraz.

Y, por supuesto, la administración pública. La meritocracia no es un capricho tecnocrático; es una garantía de eficacia y de imparcialidad. Sustituir la competencia por la afinidad política degrada la capacidad del Estado para resolver problemas reales —desde la sanidad hasta la seguridad— y transforma la burocracia una pelea partidista y de intereses personales.

Ante este panorama, no es suficiente con la indignación retórica. Hace falta una respuesta institucional decidida, medidas concretas y de sentido común que no deberían dividirnos: blindar la autonomía académica y establecer mecanismos de revisión curricular que prioricen el conocimiento y el pluralismo; garantizar la independencia editorial de los medios públicos, haciendo desaparecer la intervención estatal, introducir criterios transparentes y objetivos en los procesos de contratación pública; reforzar los organismos de control para que funcionen con independencia real, no con sumisión ornamental.

Pero la solución no se reduce a leyes. La sociedad civil —las asociaciones, los sindicatos, los colegios profesionales, los padres y los educadores— debe recuperar su papel vigilante. El Estado no existe sin todos nosotros y su supervisión es nuestra responsabilidad como ciudadanos responsables. La defensa del pluralismo no es mero formalismo: es un deber moral de quienes creemos que la democracia no puede prosperar bajo el poder de un relato único, impuesto.

Algunos dirán que todo esto es exageración, que la diversidad existe y que el debate sigue vivo. Y efectivamente, hay debates y hay discrepancias. El problema es la tendencia a criminalizar la disidencia, a reducir la política a una moralización permanente que convierte a los adversarios en apestados. Esa dinámica empobrece la política y nos hace pasar de un conflicto de razones a un peligroso conflicto de identidades.

En una democracia madura, las ideas se combaten con argumentos, no se persiguen con recursos públicos. El espacio público debe ser un ágora donde convivan el diálogo, la libertad de expresión y las convicciones, no un cuartel de lealtades, premiadas o castigadas según convenga. Defender la pluralidad no es ser tibio: es ser firme con la libertad.

Es imperante que comencemos a actuar con responsabilidad: que se promueva la transparencia, la independencia institucional , la libertad de educación y la protección de los espacios donde se piensa y se debate. No dejemos que la política de hoy se transforme en el maniqueísmo de mañana. No sacrifiquemos la riqueza de la discrepancia en el altar de la certidumbre ideológica y la manipulación estatal.

Porque si perdemos la capacidad de discutir sin convertir al otro en enemigo absoluto, habremos perdido mucho más que un argumento: habremos perdido la esencia misma de la democracia. Y el respeto. Y eso, no podemos permitírnoslo.