‘Caso Adamuz’: el último informe de la Guardia Civil permitirá a las víctimas pedir indemnizaciones a ADIF

El atestado elaborado por la Guardia Civil y remitido por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) a la juez de Montoro que instruye el caso del accidente de Adamuz ya tiene su primera consecuencia. El despacho que representa a la asociación de víctimas y coordina su defensa, Administrativando Abogados, a través de su socio director Antonio Benítez Ostos, ha confirmado que está estudiando la posibilidad de interponer una acción de responsabilidad patrimonial contra el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

Esta iniciativa se plantea ante la presunta responsabilidad que pudiera derivarse en el origen del siniestro, que dejó 46 fallecidos en la localidad cordobesa, siempre que dicha circunstancia quede confirmada mediante nuevas pruebas aún pendientes de practicar.

Del mismo modo, la firma ha recurrido la solicitud de la instructora de unificar las acusaciones populares, al considerar que dicha medida afecta a su estrategia de defensa y podría implicar una «vulneración del derecho de defensa».

La Guardia Civil, en sus conclusiones, afirma en su atestado que «no se evidencia en los datos analizados que existan anomalías en ninguno de los dos trenes implicados», por lo que se «concluye como causa del descarrilamiento y posterior colisión la existencia de una rotura del carril». El abogado que dirige la defensa de la Asociación de las Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, Antonio Benítez, ha señalado que «después de leer el informe, estamos analizando la posible responsabilidad patrimonial que, en caso de que se confirme esta circunstancia en posteriores informes, podría ser exigible al responsable del mantenimiento de la infraestructura, en este caso Adif».

Esta reclamación sería «paralela a la que se solicitará en el procedimiento judicial actualmente en curso y que se concretará tan pronto como avance la instrucción». No obstante, el letrado insiste en la necesidad de actuar con prudencia, ya que los informes disponibles hasta el momento, aunque contundentes, son todavía preliminares, por lo que será necesario completar la investigación antes de fijar conclusiones definitivas y depurar responsabilidades.

Se trata de una cuestión fundamental para quienes ejercen la representación legal de las víctimas del siniestro. «Dejar trabajar a quienes tienen la responsabilidad de hacerlo y, sobre todo, confiar en la independencia de los mismos».

 Asimismo, insisten en desvincular su actuación de cualquier identificación con reclamaciones de carácter político. Su objetivo es únicamente «defender los intereses de las víctimas y reclamar lo que les corresponde».

En este sentido, solicitan que se permita el desarrollo de la investigación con total normalidad y sin interferencias, abarcando todos los aspectos relevantes. Desde la rotura detectada 22 horas antes hasta las denuncias formuladas por un sindicato sobre la tardanza en el despliegue de los servicios de emergencia del 061 y del 112, así como el hecho de que los equipos tuvieran que recurrir a papel y bolígrafo debido a la caída del sistema. «Todo esto se tiene que aclarar».

Intereses contrapuestos

En la misma línea, se reconoce que la investigación se encuentra en una fase inicial. De hecho, la CIAF aún no ha comenzado el análisis de los elementos recuperados en el lugar del accidente. Tampoco se han iniciado en el juzgado de Montoro los trabajos periciales, ya que el nombramiento de los peritos ha sido recurrido por una de las familias de las víctimas, al considerar que existe un posible conflicto de intereses con una empresa que participó en las obras del tramo donde ocurrió el siniestro.

En cuanto al procedimiento judicial en curso, el letrado ha confirmado la presentación de un recurso contra la solicitud de la jueza de unificar las acusaciones. Benítez ha recordado como precedente el caso de la dana en la Comunidad Valenciana, en el que se contabilizan más de 40 acusaciones. En el presente caso, en esta fase del procedimiento, ya se han registrado 148 (entre víctimas mortales y heridos) en el juzgado de Montoro. El abogado sostiene que «no procede la acumulación, ya que se trata de casos concretos y específicos. En el caso de la dana, la juez lo denegó, así que entendemos que en este caso tampoco procede, por lo que hemos presentado el correspondiente recurso».