El autogolpe de Sánchez

El autogolpe de Sánchez
  • Carlos Delgado Pulido
El diccionario de la Real Academia define autogolpe como “violación de la legalidad vigente en un país por parte de quien está en el poder, para afianzarse en él”. Y ningún término se ajusta mejor a lo que pretende el gobierno de Sánchez con la reforma a todas luces ilegal que baraja en comandita del lugarteniente Iglesias para que el nombramiento de los vocales de procedencia judicial del CGPJ diluya la actual mayoría cualificada por una mayoría bautizada como “la de la investidura”. Una justicia y unos jueces que están convirtiéndose en la última frontera y barrera de un poder como el de Sánchez que amenaza con ser omnímodo y omnívoro ya que no hay institución a la que no quiera devorar, incluida la monarquía.
La Constitución quiso despejar y alejar de la lógica partidaria al gobierno de los jueces, exigiendo en su artículo 122 una mayoría de tres quintos para la elección de los miembros del CGPJ. Este mandato de la Carta Magna fue prostituido y adulterado primero con la reforma de 1985 con el gobierno de González donde el Tribunal Constitucional amparó, con matices y precauciones, que todos los vocales fueran elegidos por el parlamento y no como en la Ley de 1980 que, más acorde al espíritu constitucional, recogía que fueran los propios jueces quienes eligieran una parte de sus gobernantes. Luego tal modalidad “parlamentaria” se contaminó aún más del sectarismo político bajo la fórmula de las cuotas, donde no se buscaba el consenso y que la elección se basara por criterios profesionales, meritocráticos y de personas que encarnaran ecuanimidad y solvencia, sino que respondieran a la disciplina partidaria. “yo me cojo los míos, tú los tuyos y todos nos votamos a todos”. En cualquier caso, nunca se puso en solfa la obligatoriedad de esa mayoría reforzada. Pero de ese nefando reparto ya se pasa directamente ahora con el autogolpe sanchista a convertir el CGPJ en otro apéndice del ejecutivo, a una versión reloaded de la desprestigiada para siempre Fiscalía General del Estado. ¿De quién depende? Pues eso.
Que el ejecutivo y el legislativo ya sean dos caras de la misma moneda no deja de ser una disfunción, una patología que va en detrimento de la propia calidad de una democracia que se precie como tal, pero que se contamine a la Justicia, la única de la que se predica su independencia como un valor per se, entra directamente en la perversión.
Alfonso Guerra sentenció que Montesquieu había muerto, Sánchez en un doble salto mortal con tirabuzón ya no certifica su defunción irresucitable como si fuera un forense vestido además de enterrador, sino que pretende la damnatio memoriae, que la sola mención a algo que un día se llamó separación de poderes sea anatemizada. Es una nueva versión de la trinidad laica, donde sólo hay una deidad verdadera, la representada por Sánchez, una nueva piedra donde se edifica la original iglesia cincelada por el arquitecto Iván Redondo.
En la historia ha habido varios y sonados autogolpes, desde Fujimori a Chávez. En el 23F siempre corrió la versión de lo que en realidad se pretendía (no Tejero precisamente) era un gobierno de concentración comandado por el  general Armada legitimado por un congreso “reunido” para la ocasión. Con esta intentona del presidente del Gobierno nos adentramos en un terreno donde las reglas del juego atacan directamente al único que por esencia debe ser y parecer ajeno a los contendientes: al árbitro. Y si esta maniobra se materializa y la sociedad en su conjunto no pone pié en pared ya no nos debemos asustar de decir que España es una dictablanda o una democradura, en términos propios de la Ciencia Política.
Aunque el principal temor no sean las palabras, porque las rosas olerían igual con otro nombre. Igual que la mierda.
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Carlos Delgado Pulido, (Madrid 1977), es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas con premio extraordinario por la Universidad Carlos III. Es máster en Periodismo por la Universidad Complutense-Diario ABC y máster en gestión y administración pública (MBA). Es presidente del partido Unión por Leganés-ULEG y de la confederación de partidos independientes Tercera Vía. Desde 2007 es concejal del ayuntamiento de Leganés.

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