La Audiencia Nacional no puede permanecer impasible

La Audiencia Nacional no puede permanecer impasible

La exclusiva que hoy ofrece OKDIARIO, a parte de tener un valor periodístico de primer nivel, es un llamado a la Justicia. Ante pruebas de semejante calibre, la Audiencia Nacional tiene el deber de iniciar las pertinentes investigaciones. Esta será una de esas ocasiones en las que hacerlo, o no hacerlo, dará la medida exacta de la calidad de nuestra Democracia y de nuestro Estado de Derecho.

OKDIARIO aporta pruebas documentales de la intermediación que el Rey emérito, don Juan Carlos de Borbón, realizó en favor de Shahpari Zanganeh, tercera esposa del famoso traficante internacional de armas, Adnan Kashogui, para convertir a esta mujer en una suerte de coordinadora del proyecto del AVE Medina-La Meca. Sobradamente conocidas son las excelentes relaciones personales que Su Majestad cultivó con las monarquías árabes del Golfo Pérsico. Sin embargo, el documento que aportamos hoy –una carta de puño y letra de don Juan Carlos dirigida al príncipe saudí, el Sultán Bin Abdul Aziz, entonces ministro de defensa, y a su padre, el rey Abdullah– evidencia que dicha amistad tuvo una traslación al terreno empresarial. La escena que emana de la carta es la siguiente: el Rey de España solicita al Rey de Arabia Saudita, al que llama “hermano”, que la cónyuge del mayor traficante de armas del planeta sea designada comisionista preferente en una operación que, con toda justicia, fue conocida como “el contrato del siglo”. No parece exagerado denominar de tal forma a un proyecto ferroviario que sólo cuando echó a rodar, en 2006, contó con un presupuesto inicial de 12.000 millones de euros. Excusamos señalar que toda esta labor de recomendación y de intermediación se desarrolló en la mayor opacidad, pese a un posterior viaje oficial que empresarios y financieros realizaron al reino saudí bajo la coordinación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Surgen tres preguntas: ¿En base a qué criterios se acabó designando al consorcio liderado por Villar Mir y OHL la adjudicación del proyecto multimillonario? ¿Cuáles fueron los honorarios que cobró la comisionista Shahpari Zanganeh por una labor de intermediación avalada por la máxima Jefatura del Estado español? ¿Qué intereses convergieron para designar a la esposa del traficante de armas Kashogui a tal efecto? Todos estos interrogantes permanecen unidos a la exclusiva de OKDIARIO de la pasada semana, donde revelamos que una empresa de mercenarios monagescos, Algiz Security, entró en el domicilio de Corinna zu Sayn-Wittgenstein para sustraer importantes documentos. Lo señalamos entonces y hoy volvemos a suscribirlo: el Estado de Derecho no admite cláusulas ni excepciones, tampoco en el terreno empresarial. Nadie puede operar fuera de su autoridad, y cuando esto sucede, el deber de la Justicia es actuar.

 

 

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