Aislamiento forzoso: inconstitucional y denigratorio

El Gobierno ha lanzado al aire una idea inquietante: el aislamiento precoz y obligatorio de los asintomáticos en instalaciones públicas, si bien el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que sería sólo para «las personas que así lo deseen». La propuesta es inquietante porque fue el propio ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien dijo que se estudiarían «todas las posibilidades legales, porque hay un principio fundamental: garantizar la salud pública como bien constitucional del conjunto de los ciudadanos españoles». Es decir, que de voluntario, nada.

Estamos ante una idea atroz que no tiene respaldo constitucional y que supone una estigmatización inaceptable de las personas, pues es denigratoria al atentar contra su dignidad. Una violación de los derechos y libertades que no cabe dentro de un estado de alarma. Se podría ordenar el aislamiento en domicilios particulares, pero nunca de manera forzosa en instalaciones públicas. Ahora, más que nunca, es necesario intensificar el control del Gobierno, dado que cuenta con facultades excepcionales. Si cae en la tentación de servirse del estado de alarma para ejercer un poder absoluto y sin límites, sin cortapisas de ningún tipo, estarán en serio peligro la democracia y el régimen de libertades consagrado en la Constitución.

El aislamiento forzoso nos remonta a épocas pasadas en las que la dignidad humana no contaba nada, pero ahora estamos en el siglo XXI, en una sociedad avanzada en la que hay principios y derechos personales inalienables. Ese aislamiento sería una forma de estigmatización intolerable, al marcar a los individuos y convertirlos en una suerte de apestados. En China, donde la libertad brilla por su ausencia, hemos visto recientemente imágenes en las que la Policía entraba por las fuerza en los domicilios particulares y se llevaban a trompicones a personas, camino de su aislamiento forzoso.

La idea del Ejecutivo socialcomunista es inquietante. Un gulag, un gueto. La obligatoriedad de un supuesto aislamiento en edificios públicos vulnera no sólo la Constitución, sino que, además, representa un ataque sin precedentes a la dignidad de las personas.