Un agujero negro de la «memoria democrática»

Antes de adentrar al lector en uno de los grandes agujeros negros de la llamada «memoria democrática», quiero hacer expreso reconocimiento de la ímproba labor de nuestros archiveros a la hora de poner a disposición de los estudiosos y ciudadanos en general la ingente documentación generada durante la guerra y la posguerra españolas.

Una vez dicho esto, entremos en la apasionante materia que centra estas líneas. En estos meses de verano se prodigan los recordatorios de distintas efemérides relativas a la Guerra Civil. ¿Pero de todas las efemérides? Es claro que no. Pero hay una que por su ausencia recurrente no deja de resultar llamativa: la creación en Madrid por el Ministerio de Gobernación republicano, el 4 de agosto de 1936, del Comité Provincial de Investigación Pública (CPIP).

Conocido como el Comité de Salud Pública, como el creado bajo el Terror en la Revolución Francesa, fue denominado también checa de Bellas Artes o de Fomento, por las que fueron sus sucesivas sedes: el Círculo de Bellas Artes de la calle Alcalá y el edificio de la calle Fomento 9, reutilizado por los franquistas para su temida Brigada Político-Social en la posguerra.

Con representación de partidos y sindicatos del Frente Popular, el CPIP coordinó a los distintos comités revolucionarios que actuaban en Madrid en la «limpieza» de retaguardia. El objetivo era conseguir un mayor control en la persecución y eliminación de los considerados desafectos.

Se podrá discutir si este control oficial de la represión sirvió o no de freno a la misma, pero es evidente que el CPIP fue responsable, entre agosto y noviembre de 1936, del asesinato de centenares de personas sin más cargos que el de no comulgar con las ideas del Frente Popular. La checa fue disuelta en noviembre por Santiago Carrillo como consejero de Orden Público en Madrid, pero con la condición de que sus agentes gozaran en el futuro de impunidad y no se les pidiera cuentas por aquella actuación criminal.

En el CPIP se trabajó a destajo, con tribunales en turno de mañana, tarde y noche, compuestos por representantes de partidos y sindicatos, que juzgaban, es un decir, a los infortunados que caían en sus manos. Unas «brigadillas» se encargaban después de sacar a los condenados al «paseo» conduciéndolos en coche a su lugar de ejecución, preferentemente en las carreteras de salida de Madrid, el Cementerio del Este, la Ciudad Universitaria o los Altos del Hipódromo.

Ahora vamos a la cuestión. Una parte muy importante de la labor represiva de la checa de Fomento y de los comités revolucionarios que actuaron en la capital venía respaldada por la información suministrada por la Dirección General de Seguridad (DGS) acerca de las personas a las que se quería dar caza.

Esta información, consistente en los ficheros de afiliación incautados en las sedes de los partidos políticos de derechas, principalmente Acción Popular, Renovación Española y Falange, aunque también asociaciones como Acción Católica, se centralizaba a través de la llamada Oficina de Control de Nóminas, creada en el mes de julio de 1936. Dependiente de la DGS y con sede en Alcalá 82, esta Oficina tuvo en principio como misión evitar que se pagara el sueldo a los funcionarios cesados por desafectos. A su cargo estaba un policía socialista, José Raúl Bellido, en su calidad de secretario técnico de la DGS.

A estos ficheros de la DGS, denominados «Ficheros de Matices Políticos» o «Antecedentes de detenidos», tenían libre acceso todos los comités o checas que actuaban en la capital para identificar a sus potenciales víctimas. También se utilizaron para la elaboración de las listas de presos masacrados en Paracuellos del Jarama y hasta sirvieron a algunos jefes de milicias, como El Campesino, para eliminar a derechistas de sus filas cuando el alistamiento se hizo obligatorio. Ya ve el lector que lo de la represión incontrolada en la zona republicana es un mito insostenible, dada la clara connivencia del Gobierno con el terror en su retaguardia.

Con la entrada de los nacionales en Madrid en marzo de 1939, los ficheros de la Oficina de Control de Nóminas utilizados en la represión roja quedaron bajo custodia de la nueva DGS franquista. Cuando el fiscal de la Causa General abierta por los vencedores pidió el 16 de septiembre de 1939 que se le entregara toda esa documentación, la DGS le contestó ocho días después diciendo que no podía hacerlo «por hallarse la documentación que interesa refundida con la de esta Dirección».

Pásmese el lector, porque la contestación que la DGS franquista remitió en 1939 al fiscal de la Causa General para negarse a enviarle la documentación, es la misma que utiliza el Ministerio del Interior en el año 2024 para responder negativamente al ciudadano interesado en consultar en su Archivo General estos documentos, a saber: que «no dispone de una sala de consulta como tal al tratarse de un archivo administrativo, no histórico».

Es decir, que la documentación histórica de la Guerra Civil solicitada está «refundida» con la del Ministerio, como se argumentaba en 1939, y solo es posible acceder a ella en el día de hoy mediante el envío de reproducciones al solicitante, con hasta dos años de espera.

Para ser justos, hay que señalar que la responsabilidad del gobierno de Sánchez y del ministerio de Marlaska en este agujero negro es la misma que la de cualquiera de los gobiernos de la dictadura y de la democracia, pero con una clamorosa diferencia: que Sánchez y Marlaska están incumpliendo gravemente sus propios compromisos, expresados en el artículo 27.1 de la Ley de Memoria Democrática, sobre la garantía del derecho al acceso libre, gratuito y universal a los archivos públicos y la consulta de documentos históricos sobre la Guerra Civil.

No voy a ser tan chusco como para sostener que con la imposibilidad de libre acceso de ciudadanos e investigadores a esa documentación histórica del Ministerio del Interior se esté tratando de ocultar la responsabilidad del Gobierno republicano en la criminal represión desatada en su retaguardia. Pero a medida que pase el tiempo sin que Sánchez y Marlaska abran a la consulta esos fondos de la DGS republicana, en contra de su propia ley, esta sospecha irá cobrando cada vez más fuerza.

No puede transcurrir un día más sin que Marlaska garantice a los ciudadanos e investigadores el derecho de acceso a esta documentación. Y si no es posible habilitar una sala para su consulta en el propio archivo del ministerio, no debería tardar en traspasar todos sus fondos de la Guerra Civil al CDMH de Salamanca como se ha hecho con los que pertenecían al Archivo Histórico Nacional.

No hay motivo alguno para mantener por más tiempo, después de casi un siglo transcurrido bajo dictadura y democracia, la opacidad y el secretismo sobre los ficheros que condujeron a muchos españoles al «paseo» fatídico en el Madrid del otoño sangriento de 1936. Y si hay ese motivo, sería también un ejercicio de transparencia explicarlo, porque no creemos que sea un motivo inconfesable… ¿O es que acaso lo es?