El actual PSOE: ni igualdad ni solidaridad

La sumarísima expulsión del PSOE de un referente político del socialismo vasco y español, como Nicolás Redondo Terreros, pone de manifiesto en qué se ha convertido ese histórico partido actualmente: en unas siglas administradas por Sánchez como de su propiedad, y sin otro objetivo que utilizarlas al servicio de la consecución de su ambición de permanecer en el poder. En la actualidad, es inexistente cualquier principio que pueda considerarse históricamente vinculado a esas siglas como fundamento de su existencia u objetivo a conseguir. Entre ellos, podemos destacar, por un lado, el de la igualdad de los ciudadanos en derechos y deberes, y ante la ley; y por otro, el de la solidaridad personal y territorial, sin discriminaciones o diferencias injustas.

Acerca del principio de igualdad, basta poner el foco en el Ministerio encargado de promoverla en su Gobierno Frankenstein en funciones, para atestiguar que la ha convertido en una lucha de la mujer contra el varón, transformando a éste en un presunto maltratador y enemigo de la mujer por su mera naturaleza masculina. A la luz del marxismo ideológico de sus dirigentes, actúan transformando la lucha de clases en una lucha de géneros y sexos muy acorde con su dialéctica marxista.

El Corpus legislativo en vigor viola la igualdad establecida en la Constitución, entendida como igualdad ante la ley con independencia de sexo, creencias religiosas o lugar de nacimiento, en la medida en que establece como inexistente el principio de la presunción de inocencia del varón frente a la mujer en cualquier contencioso judicial en el que medie una denuncia de presunta agresión o violencia sexual por su parte. Es tan evidente la mayor fuerza física del hombre frente a la de la mujer, como que ella es superior en otras fortalezas psíquicas y emocionales definitorias de su condición femenina, preparada para acoger y transmitir la vida. Iguales en derechos y deberes, pero no idénticos en su naturaleza, obvia y afortunadamente, tal y como la ideología de género establece y este Gobierno pretende conseguir. Y ello sin hacer referencia a su manifiesta insolvencia técnico-jurídica, puesta de relieve por la ley del sólo sí es sí, que Sánchez afirmó: «Sería un referente mundial del feminismo en su lucha por la Igualdad».

En cuanto a la desigualdad económica, según las estadísticas oficiales del INE, la brecha entre la población de mayor renta disponible y la que se mueve en el umbral de la pobreza, no solo no se han reducido, sino que se ha incrementado.

Si nos referimos al principio de la solidaridad personal e interterritorial, nadie puede sostener, con un mínimo de sentido común, que una alianza política y parlamentaria con los nacionalismos identitarios y separatistas, pueda favorecer la cohesión y la solidaridad entre los españoles. EH Bildu y el PNV representan por vías distintas la concorde voluntad de mantener unos privilegios económicos y fiscales incompatibles con una efectiva solidaridad e igualdad entre todos los ciudadanos españoles.

Y en relación con ERC y Junts, salvando la inexistencia de un terrorismo previo autóctono -que es obligado reconocer-, son las dos caras de una misma moneda: un nacionalismo identitario igualmente incompatible con dichos principios. Por ello no deben sorprender las voces críticas con el derrotero adoptado por el sanchismo, dispuesto a someterse incluso a la exigencia de Puigdemont de una ley de amnistía para hacer posible la investidura de Sánchez. El motivo de esa exigencia es clara: Puigdemont desea regresar a España como un héroe del separatismo catalán, como quien «ha triunfado desde el exilio sobre el Estado español: represor de las libertades nacionales de Cataluña y de su derecho a decidir libremente a separarse de España».

Para ello ya negoció el apoyo de Putin, y ahora lo hace con Sánchez. Un indulto exige un previo juicio y condena firme, y él no acepta ese trámite. Necesita de una amnistía para ir desde Waterloo a la plaza de San Jaime en Barcelona gritando a sus fans: «¡Ja soc aquí!». El problema de su flagrante inconstitucionalidad lo resuelven las togas de Pumpido. Los votos se los proporcionan Puigdemont, Otegi, Junqueras y los peneuvistas; todos ellos solidarios españoles, como es sabido. También sus 121 diputados sanchistas, que no quieren perder el escaño.