El abogado de Puigdemont pide a Sánchez que desactive a Vox

El abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, es catedrático de Derecho Procesal y fue decano del Colegio de Abogados de Barcelona. Comparte esta labor con el abogado chileno Gonzalo Boye, que fue condenado a 14 años de cárcel por colaborar con ETA. El pasado día 11 de julio en el programa El Món de la emisora RAC1, Cuevillas dijo que Pedro Sánchez debe ordenar a los fiscales que rebajen la acusación contra Puigdemont a desobediencia, así como “desactivar a Vox”, ya que el Estado tiene “mecanismos para poderlo hacer”. Se podría “investigar a Vox”, fue su respuesta cuando el periodista le preguntó cómo podría el Gobierno desactivar a Vox. “El Gobierno es quien domina los mecanismos del Estado, tiene muchas herramientas para hacer muchas cosas”, explicó el abogado de Puigdemont. Le faltó añadir… “y que parezca un accidente”.

No hace falta ser catedrático de derecho ni decano del Colegio de Abogados para que estas declaraciones nos suenen a mafia siciliana. Esa investigación teledirigida con el objetivo de “desactivar” a una formación política es algo absolutamente descabellado. El artículo 6 de nuestra Constitución establece que, en el ejercicio de su actividad, los partidos políticos “son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley”. Los tribunales Supremo, Constitucional y el Europeo de Derechos Humanos prohíben expresamente las investigaciones prospectivas dirigidas a la búsqueda genérica de infracciones. Sólo cuando existan indicios de delito resulta admisible la apertura de investigaciones que deben estar controladas por la autoridad judicial. Solamente en las dictaduras no existe esta garantía básica en cualquier Estado de derecho. Estas inadmisibles declaraciones del abogado de Puigdemont deberían haber sido recogidas y criticadas por toda la prensa y por todos los partidos políticos de España pero, lamentablemente, apenas han tenido repercusión. ¿Hay miedo a que se hable de Vox?

Pues hablemos de Vox. El partido presidido por Santiago Abascal ejerce de acusación popular en todos los procedimientos judiciales contra los independentistas, en los Tribunales Supremo, Superior de Justicia de Cataluña y juzgados de Barcelona. Son la acusación contra el ex presidente Puigdemont y sus ex consejeros, la Mesa del Parlamento, el mayor de los Mozos de Escuadra, Trapero y los líderes de Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Y también se ha querellado contra el jefe de los Mozos, Ferrán López, y otros altos mandos de la policía autonómica por no cumplir con el mandato judicial de impedir la celebración de la consulta independentista. Según Ortega Smith, abogado y secretario general de VOX: «Gracias a esa acusación popular se han aportado la mayoría de las pruebas que luego han servido para parar el golpe de Estado en Cataluña; nada hubiera sido posible sin la querella de Vox”.

Abascal fue presidente de Nuevas Generaciones del PP del País Vasco, concejal en Llodio (Álava), diputado del Parlamento Vasco y fundador de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES). En 2013 se dio de baja del PP acusando a Rajoy de no actuar contra la corrupción así como de «traicionar» sus «ideas y valores». Siempre había sido crítico con la política antiterrorista de Rajoy y con su postura frente a los nacionalismos. Unos meses después, fundó VOX, partido que se ha presentado a las generales de 2015 y 2016 así como al Parlamento Europeo en 2014, sin lograr ningún escaño, si bien las últimas encuestas coinciden en que en las próximas elecciones entrará en las instituciones. Su personación como acusación popular contra los golpistas catalanes les está haciendo mucho daño y por eso los quieren “desactivar”. No podemos permitir que los silencien usando técnicas mafiosas. Vox es ya imprescindible.