Fracaso del experimento del Gobierno con los alquileres: baja la oferta y suben las rentas

El Gobierno cambió la normativa del alquiler por decretazo antes de las elecciones de abril. Los cambios legislativos para el sector han sido constantes y están afectando a la estabilidad del sector. En diciembre hubo un Real Decreto que decayó en enero por falta de apoyos. Luego el Ejecutivo puso uno nuevo en marcha, aumentando el intervencionismo del mercado.

Según fuentes del sector, la nueva Ley de Vivienda del sector será más dura si la tienen que aprobar de la mano de Podemos, algo que genera muchas dudas en algunos sectores del PSOE, que ven con escepticismo algunas políticas económicas que habría que aprobar a cambio, como las referentes al alquiler, al sector inmobiliario o a la reforma laboral.

En la práctica, con la nueva normativa sobre la mesa, aumentan los plazos del alquiler hasta los 5 años, 7 si eres empresa. Pero no es la única medida que está sobre la mesa. Además, el PSOE ha anunciado una nueva ley de vivienda, impregnada por muchas de las propuestas de Podemos porque era uno de los aspectos en los que ambos partidos de la izquierda podían mostrar acercamiento de cara a un futuro pacto. De hecho, a finales de agosto Sánchez recibió a las Plataformas de Afectados por las Hipotecas (PAH) en La Moncloa, como parte de su estrategia política.

Aunque el Gobierno dice que sus medidas sobre el alquiler están reduciendo la oferta del alquiler, lo cierto es que según datos de los principales portales de internet se está reduciendo la oferta, lo que en realidad provocará un aumento de los precios, el efecto contrario a lo que espera el Ejecutivo.

Mientras tanto, en el sector inmobiliario se empiezan a observar síntomas del parón económico, aunque más suave que en el resto de la economía porque el punto de partida es muy bajo. Por ejemplo, un dato alarmante que se ha conocido es que la compra de solares urbanos se ha desplomado un 42% en el segundo trimestre de 2019 justo cuando se lanzan límites al precio del alquiler.

Según datos del Observatorio Español del Seguro del Alquiler (OESA), desde que el decreto que entró en vigor el pasado 6 de marzo se puso en marcha la oferta de viviendas por parte de los propietarios particulares ha bajado un 8%, con la intención de vender dichos inmuebles.

A esto se suma que las nuevas rentas han aumentado cerca de un 4% para compensar los límites a las subidas (deben hacerse conforme a la inflación a futuro), la prolongación de los contratos (de 3 a 5 años) o los límites a las fianzas.

En opinión de esta institución las socimis, fondos de inversión tendrán más peso en el mercado en el futuro. Actualmente el 96% del mercado del alquiler se encuentra en manos de las familias y particulares y las grandes empresas que se dedican al arrendamiento de inmuebles controlan en torno a 250.000 viviendas de los seis millones de pisos que se estima que están en alquiler.

El programa electoral de vivienda del PSOE, más agresivo aún

Aunque podría haber retoques de última hora, lo lógico es que el programa del PSOE en política de vivienda se base en las 300 medidas que anunció cuando buscaba la investidura tras el fracaso de la primera. En aquella ocasión, Sánchez proponía ampliar la oferta de vivienda asequible, en dos direcciones: la rehabilitación y el alquiler, junto con la promoción de más vivienda pública (actualmente está en marcha la construcción de 20.000 viviendas). El objetivo del PSOE es crear un gran parque de alquiler público de precio asequible que contribuirá a controlar el crecimiento de precios de toda la vivienda en alquiler. Es decir, que la apuesta de Sánchez es volver a lo público, lo que perjudicaría al sector privado.

Los socialistas también plantean una Ley estatal de Vivienda, donde se impulsarían nuevas figuras de provisión de viviendas a un precio asequible, como el derecho de superficie, la cesión de uso de vivienda o el cohousing.
En esta Ley se hablaría de la «función social de la vivienda, regulándola como servicio público de interés general, así como el régimen jurídico de los parques públicos de vivienda».

En la práctica se criminalizará a los propietarios actuales. El PSOE busca que haya un marco legal «que defina la vivienda vacía y al gran tenedor de vivienda, y que ponga a disposición de las comunidades autónomas y los ayuntamientos distintas herramientas para su detección y para movilizarlas con fines sociales a precios razonables». Es decir, que se abre la puerta a las expropiaciones.

En esta misma línea, el PSOE dice que estudiarán «nuevas figuras jurídicas en el ámbito de la legislación civil para adaptar las formas de acceso a la tenencia de la vivienda a las nuevas circunstancias y necesidades sociales, laborales y personales de la ciudadanía» y que «se estudiarán medidas para regular y controlar el uso de la vivienda con fines turísticos, con respeto a la distribución competencial entre el Estado y las CCAA».

Sobre el alquiler, el Gobierno en funciones planteaba que, a pesar de que los primeros datos no están siendo especialmente buenos, «se profundizará en las medidas ya adoptadas para frenar las subidas abusivas del alquiler, estudiando nuevas opciones de carácter normativo, fiscal y estadístico, como el índice estatal de rentas de referencia».