Boadilla mantendrá tarifas diferenciadas en las piscinas pese al aviso del Defensor del Pueblo

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha decidido no acatar la recomendación oficial del Defensor del Pueblo, que lidera el socialista Ángel Gabilondo, que le insta a eliminar las diferencias de precios entre personas empadronadas y no empadronadas en el uso de piscinas e instalaciones deportivas municipales. El organismo considera que esta práctica vulnera el principio de igualdad ante la ley, pero el consistorio defiende su autonomía local y la legalidad de su normativa.

La actuación del Defensor del Pueblo se ha iniciado tras una queja presentada por una afectada. La ciudadana ha denunciado que el Ayuntamiento aplica precios más bajos a quienes están empadronados en el municipio, una diferenciación que el organismo ha calificado como carente de justificación objetiva.

En su resolución, fechada el 8 de octubre de 2025, el Defensor del Pueblo ha sido contundente. «Una diferenciación tarifaria basada exclusivamente en la circunstancia del lugar de empadronamiento del usuario no se erige en una justificación objetiva y razonable», señala el documento oficial firmado por Ángel Gabilondo Pujol.

La recomendación se fundamenta en la doctrina del Tribunal Supremo, específicamente en una sentencia de julio de 2023. Esta resolución judicial estableció que un ayuntamiento no puede establecer diferencias cuantitativas en tasas por la utilización de instalaciones deportivas municipales atendiendo únicamente al empadronamiento de los usuarios.

Argumentos municipales

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha preparado un informe en el que mantiene su posición y anuncia formalmente que no acatará la recomendación del Defensor del Pueblo. El consistorio se ampara en su normativa municipal, aprobada en 2003 y modificada por última vez en 2025, que distingue entre abonados, no abonados y no empadronados.

Desde el equipo de gobierno se considera esta diferenciación «legal, objetiva y razonable». El Ayuntamiento argumenta que los precios públicos no son tributos y que, por tanto, pueden fijarse en función de criterios sociales, culturales o de interés público. Entre estos criterios, el consistorio incluye el empadronamiento como un elemento legítimo de modulación tarifaria.

«La diferencia en los precios públicos no resulta artificiosa ni injustificada, ya que el servicio está destinado principalmente a los vecinos del municipio, que contribuyen económicamente a su sostenimiento», recalcan desde el gobierno municipal. El Ayuntamiento subraya además que las personas residentes ya contribuyen mediante sus impuestos al mantenimiento de los servicios municipales.

La postura del consistorio establece un paralelismo con otras diferenciaciones que se aplican en función del empadronamiento, como las tarjetas para el estacionamiento regulado en zona azul. Desde el gobierno local se considera que la autonomía municipal permite este tipo de modulaciones para beneficiar a los residentes.

Contexto político

El alcalde de Boadilla del Monte, Javier Úbeda, del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, ha aprovechado la ocasión para lanzar un mensaje crítico al Defensor del Pueblo. El regidor ha instado al organismo a que centre sus esfuerzos en garantizar la igualdad de todos los españoles en el conjunto del territorio nacional, mencionando varios ámbitos donde considera que esa igualdad debe ser efectiva.

«Le animamos a que defienda el derecho de los niños que lo deseen a estudiar en castellano en cualquier comunidad autónoma, que promueva la igualdad ante la ley para que los delitos cometidos por separatistas tengan la misma pena que los de cualquier otro ciudadano, y que pregunte al Gobierno de España por el estudio de viabilidad de Cercanías contratado hace años por el entonces ministro de Transportes, el señor José Luis Ábalos, y que sigue oculto a los vecinos de Boadilla», ha afirmado el primer edil en tono desafiante.

El pulso entre Boadilla y el Defensor del Pueblo deja sobre la mesa una pregunta que trasciende lo municipal: ¿puede el padrón convertirse en un criterio para acceder a servicios públicos municipales en condiciones ventajosas? La respuesta, lejos de ser baladí, puede marcar jurisprudencia para centenares de ayuntamientos españoles que aplican criterios similares.