Ayuso realizará una auditoría sobre el sistema de protección de menores tras los casos de abusos sexuales

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso va a poner en marcha una auditoría funcional sobre el sistema de protección de menores de la región, tras el caso de abusos sexuales en el que han resultado implicadas tres chicas tuteladas por la Comunidad de Madrid.

Así lo va a anunciar este jueves la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, en su comparecencia en el Pleno de la Asamblea de Madrid para explicar la actuación de su departamento respecto a esas menores relacionadas con la denominada Operación Sana, que investiga una red de prostitución infantil en Madrid.

Según ha podido saber este periódico, la consejera ya se ha dirigido a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo para que realice este análisis a través de su Inspección de Servicios. La auditoría, que se va a desarrollar a lo largo del primer semestre del año, va a analizar la gestión y los procedimientos del sistema de protección de menores de manera que se evalúe «de forma crítica, sistemática e imparcial» la eficacia de las actuaciones que desarrollan las distintas unidades y recursos que integran la red autonómica y la calidad de la gestión que desarrollan.

La Inspección de Servicios de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo determinará el objeto y alcance del análisis, que se desarrollará de acuerdo a los principios marcados por la Administración General del Estado para las auditorías de funcionamiento. Así, el objetivo final de este trabajo será «identificar aspectos del funcionamiento de esta red que puedan ser mejorados y formular propuestas que permitan incrementar la eficacia y calidad de su gestión».

La consejera también va a explicar en su comparecencia en la Cámara Autonómica que el Gobierno de Ayuso, tal y como publicó OKDIARIO, alertó en más de 80 ocasiones a las autoridades policiales y judiciales sobre la situación y evolución de las tres menores tuteladas por la Comunidad de Madrid que figuran como testigos protegidos en la trama.

Dancausa va a dar cuenta de que, durante el último año y medio, el Gobierno regional presentó escritos sobre el seguimiento de las menores a juzgados y Fiscalía, así como denuncias al Grupo de Menores (GRUME) ante las ausencias voluntarias del centro por parte de las menores.

Asimismo, va a ahondar en que la Comunidad intentó, sin éxito, que la Fiscalía y los juzgados incrementaran la protección de una de ellas ante el riesgo que corría cuando salía de las instalaciones en estas ausencias voluntarias, y en que denunció en tres ocasiones los abusos sexuales sufridos por otra de estas menores cuando no estaba en el centro. Unas actuaciones que, va a defender, se llevaron a cabo sin que la Comunidad de Madrid tuviera conocimiento de la investigación que estaban desarrollando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

De este modo, la consejera va a buscar dejar constancia de que la Comunidad es la responsable de proteger a los niños en el interior de los centros y denunciar cualquier situación anómala, pero son las autoridades policiales y judiciales las encargadas de actuar para que también estén protegidos fuera de los centros.

En concreto, las tres menores salpicadas por la Operación Sana  residen en un centro de protección especializado en el tratamiento de menores con trastornos y problemas de conducta. Se trata de un centro abierto. Sus usuarios no han cometido ningún delito y, por lo tanto, tienen derecho por ley a salir de las instalaciones como «parte del proceso educativo y de aprendizaje de cualquier menor», apuntan fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

Este centro tiene una particularidad. El ingreso de un menor en sus instalaciones solo puede hacerse con una autorización judicial que permite a su director establecer ciertas restricciones a los movimientos y salidas de los menores. Según el artículo 34 de la Ley Orgánica 8/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, estas restricciones deben comunicarse a la Fiscalía y realizarse en los términos que marca esa autorización “en interés del menor, de manera motivada y cuando su tratamiento educativo lo aconseje”. Es decir, no se puede ni se debe restringir la libertad de movimiento ni los derechos fundamentales a estos menores en los centros de protección porque el objetivo de estos recursos es protegerles y, desde la intervención, formarles y educarles; no aislarles, agregan estas mismas fuentes.