Autonomía financiera: Madrid obligará por ley a bajar los impuestos si se alcanza superávit

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha aprobado este miércoles el anteproyecto de ley de defensa de la autonomía financiera de la Comunidad de Madrid por el cual la Comunidad de Madrid está obligada a bajar los impuestos si se reducen los gastos.

El artículo 11 del texto de esa ley, al que ha tenido acceso OKDIARIO, establece que «si los gastos fueran inferiores a los ingresos, la Comunidad realizará las actuaciones necesarias para minorar los ingresos a fin de lograr el equilibrio de las cuentas públicas», es decir, el Gobierno de turno tendrá siempre la obligación de bajar los impuestos a los madrileños si ve reducidos sus gatos. Todo ello, sin perjuicio del necesario destino del superávit presupuestario a reducir el nivel de endeudamiento.

Un precepto con el que la presidenta Ayuso pretende dar un paso más en su política de impuestos bajos en la región, donde la carga fiscal lleva 17 años reduciéndose. Pero, además, la ley de defensa de la autonomía financiera de la Comunidad de Madrid aprobada este miércoles lo que persigue fundamentalmente es proteger esa política de impuestos bajos de los ataques del Gobierno de Pedro Sánchez, que con su plan de «armonización fiscal», quiere subir 3.600 millones de euros los impuestos a los madrileños.

Para blindarse ante esto, la Comunidad de Madrid establece en la ley que recurrirá ante el Tribunal Constitucional cualquier ataque a la autonomía financiera y a la corresponsabilidad fiscal por parte del Gobierno.

«La Asamblea, los órganos superiores de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid y los órganos y entidades dependientes de estos, están obligados a defender la autonomía financiera de la Comunidad de Madrid, de tal forma que, ante cualquier agresión a la autonomía financiera constitucionalmente reconocida, deberán reaccionar con todos los mecanismos a su alcance, en la legislación nacional, europea o internacional», establece el artículo 16 del texto aprobado este miércoles.

El siguiente precepto indica que «cualquier ley, disposición normativa y acto del Estado con fuerza de ley» que «infrinja la autonomía financiera» de Madrid reconocida en la Constitución Española será «objeto de recurso de inconstitucionalidad» ante el Tribunal Constitucional. Lo mismo ocurrirá con cualquier ley que infrinja la «corresponsabilidad fiscal de la Comunidad de Madrid», igualmente reconocida en la Carta Magna.

Con todo, la Comunidad de Madrid fija en la ley, con la finalidad de evitar la interposición de esos recursos, la posibilidad de solicitar la convocatoria de la Comisión Bilateral de cooperación de la Administración General del Estado-Comunidad de Madrid.

El texto fija asimismo que «cualquier actuación jurídica o de hecho que se realice por la Administración General del Estado o de otra comunidad autónoma y que infrinja las competencias de la Comunidad de Madrid en aspectos relativos a su autonomía financiera o corresponsabilidad fiscal, así como cualquier otra dirigida al examen o estudio de la modificación del régimen tributario de la Comunidad de Madrid» dará lugar a la interposición de «un requerimiento de incompetencia» y, en caso de no ser atendido, «de un conflicto positivo de competencia».

Además, la ley garantiza la transparencia en la información sobre la actividad financiera de la Comunidad de Madrid y el funcionamiento y control de la actuación pública tributaria. De este modo, se informará a los ciudadanos del destino final de la aportación que realizan a los ingresos públicos, o de su situación tributaria en relación con otras comunidades autónomas o, en su caso, regiones extranjeras, entre otros aspectos.