Ayuso blinda los colegios ante el ataque de la Ley Celaá: eleva a 10 años la duración de los conciertos

Isabel Díaz Ayuso sigue su cruzada por defender la libertad educativa frente a la Ley Celaá. Este miércoles, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobará un decreto para extender a diez años la duración de todos los conciertos educativos con las escuelas. Traducido: si la ministra Isabel Celaá quiere acabar la educación concertada en Madrid tendrá que luchar contra el derecho adquirido de padres y colegios para mantener este tipo de colegios.

Según la Ley Orgánica de Educación, las Comunidades Autónomas pueden elevar la duración de los conciertos con los colegios, que hasta hora tienen, en la Comunidad de Madrid, una duración de 6 años. Ante la actual situación de ataque a la libertad educativa, la educación concertada y la especial por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, el Gobierno de la Comunidad de Madrid “ha decidido dar mayor seguridad a las familias que optan por la educación concertada alargando la duración de los conciertos hasta 10 años, de modo que no vencerán dentro de 2 años, sino dentro de 6 años”.

Desde el Gobierno de Díaz Ayuso se destaca que “la duración de la educación obligatoria es de 10 años y, por ese motivo, se ha considerado acertado hacer coincidir ese plazo con la vigencia de los conciertos y dar a las familias madrileñas esa garantía”.

Se trata del último paso de la presidenta madrileña para defender a las familias y colegios madrileños frente a una reforma legislativa que pretende cercenar la libertad educativa. La Ley Celaá carga contra el uso del castellano como lengua vehicular, pero también lo hace atacando a la educación concertada y especial. Por ello, además, la presidenta madrileña pretende bloquear esta limitación de la libertad educativa en su comunidad autónoma impulsando un proyecto de ley para blindar la Educación Especial y la concertada.

La presidenta de la Comunidad de Madrid quiere que esa futura ley blinde la libre elección del tipo de educación y garantice, por lo tanto, la educación especial y la concertada. El objetivo final del proyecto legislativo es garantizar la existencia de plazas suficientes atendiendo a la demanda de las familias. Justo lo que amenaza la ministra de Educación, Isabel Celaá, desde hace tiempo.

Atención a la Educación Especial

En este mismo proyecto de ley, el Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso va a mostrar su firme apoyo a la Educación Especial como modalidad de escolarización para alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad, modelo con el que, «bajo empecinados criterios dogmáticos, pretenden acabar», tal y como defiende la presidenta ‘popular’.
Por todo ello, el proyecto de ley va a recoger en el ordenamiento de la Comunidad de Madrid la regulación de la situación de los alumnos con necesidades educativas especiales, partiendo de los principios de normalización e inclusión, no discriminación e igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo.

La futura normativa incluirá, de este modo, que la mejor garantía para normalizar y optimizar el proceso educativo del alumnado con necesidades educativas especiales es la creación de centros escolares de calidad y adecuados a las necesidades de todos los alumnos, mientras que cuando estos manifiesten necesidades educativas especiales, que no pudieran ser satisfechas en los centros ordinarios, se garantizará su escolarización en centros de educación especial.

Hay que recordar que el compromiso del Gobierno socialista es primar el acceso a la educación pública pero restando las posibilidades de desarrollo de las plazas de educación concertada y especial, algo que va directamente en contra de la libre elección de centro educativo que ampara la Constitución Española.

Uno de los últimos capítulos de esta batalla lo han protagonizado el PSOE, Podemos y ERC tras acordar una enmienda para prohibir en el marco del proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), conocido como Ley Celaá (debe su nombre a la ministra de Educación), que en la educación concertada no se puedan separar a los alumnos por sexo.
Concretamente, dicha modificación contempla la opción de retirar conciertos a aquellos centros educativos que incurran en la separación por género de los alumnos, sustentando ese impedimento en la Ley de Igualdad.