Archivada la denuncia de Podemos contra ministros del PSOE y PP por la Operación Chamartín

Nuevo varapalo judicial a Podemos. La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado su denuncia contra José Luis Ábalos, Josep Borrell y otros ex ministros de Fomento, tanto del PSOE como del PP, a cuenta de la Operación Chamartín.

Todo se remonta a julio de 2019, cuando Podemos e Izquierda Unida trasladaron a la Fiscalía Anticorrupción una denuncia en la que señalaban a 28 políticos y empresarios vinculados con la macro operación urbanística en el distrito madrileño de Chamartín, obras que hoy se conocen como Madrid Nuevo Norte. Llamó entonces la atención la inclusión en la documentación de varios ex alcaldes madrileños, pero no de Manuela Carmena que trabajó igualmente en desbloquear el proyecto. Del mismo modo, destacaba la presencia de altos cargos del PSOE con los que Podemos aspiraba a compartir Ejecutivo en La Moncloa, una pretensión que a posteriori consiguió.

Un año y medio después, la Fiscalía Provincial de Madrid ha ordenado el archivo de la denuncia. Tal como ha podido saber OKDIARIO, Anticorrupción derivó en el departamento del Ministerio Público de la capital este asunto. A pesar de que había varios aforados en el texto de Podemos, no se consideró necesario el traslado de la causa al Tribunal Supremo para su enjuiciamiento.

De esta forma, aunque los de Pablo Iglesias venían una serie de irregularidades con un quebranto de 2.780 millones de euros, la Fiscalía da carpetazo ahora al asunto. Esta denuncia se trató de un empeño personal del equipo de Carlos Sánchez Mato (IU), concejal de Economía del Ayuntamiento de Madrid, que luego recibió el respaldo de Podemos. En todo caso, el Ministerio Público no ha dado validez a sus argumentos al no apreciar indicio alguno de los delitos de prevaricación administrativa, cohecho y malversación, que atribuían los partidos a los 28 demandados.

Los ocho ministros de Fomento señalados eran Josep Borrell (1991-1996), Rafael Arias Salgado (1996-2000), Francisco Álvarez Cascos (2000-2004), Magdalena Álvarez (2004-2009), José Blanco (2009-2011), Ana Pastor (2011-2016), Íñigo de la Serna (2016-2018) y José Luis Ábalos (de 2018 hasta hoy). También se denunció a dos presidentes de la Comunidad de Madrid (Esperanza Aguirre e Ignacio González) y dos alcaldes de la capital (Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella). 

Igualmente, Podemos apuntaba a una ex concejal de Hacienda del Ayuntamiento de la capital (Concepción Dancausa, del Partido Popular), cuatro presidentes y dos directores generales de Renfe, cinco presidentes de Adif, un presidente del Canal de Isabel II, el expresidente del BBVA Francisco González y dos presidentes de la empresa Duch/DCN.

La denuncia coincidió con la aprobación definitiva del plan en julio de 2019 por parte del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís. Fue una de sus primeras votaciones en el Pleno de Cibeles como Ejecutivo municipal. No obstante, la mayor parte de la que es una de las mayores operaciones urbanísticas planificadas en toda Europa fue redactada por el equipo de Manuela Carmena. Tras 26 años de bloqueo la conocida como Operación Chamartín acabó viendo luz verde. Se espera que, finalmente, en este 2021 entren a trabajar las primeras máquinas.

Cambios contractuales

La denuncia de Podemos e IU se centraba en las condiciones del contrato inicial de 1993, mediante el cual Renfe concedió al consorcio privado Duch (actual Distrito Castellana Norte) los terrenos del recinto ferroviario de Chamartín. Un texto que se fue cambiando sustancialmente, pero sin que haya habido nuevas licitaciones, y que los sucesivos cambios han sido «claramente lucrativos» para la promotora.

Ambos partidos aseguraban que estábamos ante un «quebranto a las arcas públicas» en función de tres conceptos. El principal es la alteración del precio, que decían que ha costado al Estado 2.117 millones de euros. Esto lo argumentaban porque en el contrato original Renfe recibía un canon fijo de 17.000 millones de pesetas y un 53% de los beneficios que originara la operación. Finalmente, Adif venderá sus terrenos (con un 71% más de edificabilidad que en el primer plan) por 984 millones de euros, renunciando a cualquier plusvalía, recoge EFE.

Por otro lado, agregaban como perjuicio la rebaja de los costes de urbanización que se ha ido produciendo con las sucesivas modificaciones (de 1.924 a 1.341 millones euros) y los 80 millones de euros de IBI que, alegan, DCN debería haber pagado al Ayuntamiento de Madrid por su condición de adjudicataria. Y agregaban otros elementos que podrían causar mayores perjuicios a las administraciones públicas y que no existían en el convenio de 1993: la inversión de la carga de los riesgos y sobrecostes, que ya no asumiría DCN; la concesión a la promotora de permisos de reventa de los terrenos y la ampliación de 5 a 20 años del plazo de pago concedido a esta.

«¿Cómo se puede explicar que, a lo largo de los últimos 25 años, se haya triplicado el terreno vendido por parte de Renfe y luego Adif y se haya cambiado varias de las cláusulas clave, la mayoría a favor de la empresa adjudicataria?», se preguntaban desde Podemos e IU.

Ahora, Sánchez Mato, tras conocer el archivo del caso, ha criticado: «La Fiscalía no ve necesario investigar una operación urbanística en la que se hace de oro al BBVA gracias a la venta de suelo público a mitad de precio». «Los que roban no están solos», ha apostillado cuestionando a las autoridades judiciales españolas.