AYUNTAMIENTO DE GETAFE

La alcaldesa de Getafe (PSOE) desahucia a una familia con 3 niños aunque lo impide un decreto de Sánchez

desahucio Getafe
La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández (PSOE).
Paula Baena

El Ayuntamiento de Getafe, encabezado por la socialista Sara Hernández, ha desahuciado a una familia con tres menores de un piso de propiedad municipal ubicado en la Avenida de las Ciudades, a pesar de que continúa vigente el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en virtud del cual quedaron suspendidos los desahucios.

Se trata del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad, cuyos efectos están prorrogados hasta el próximo 30 de junio, y que suspende los desahucios y lanzamientos para los arrendatarios que se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva.

La Plataforma Antidesahucios de Leganés ha denunciado en sus redes sociales el desahucio de esta familia de Getafe, donde convivían siete personas, tres de ellas menores -dos niños de Primaria y un bebé de 16 meses-, obviando ese decreto.

OKDIARIO ha podido hablar con la mujer desahuciada quien ha expresado su absoluta indignación por lo sucedido después de diez años viviendo en ese inmueble. Tal y como ha relatado a este periódico, el aviso de desahucio llegó el pasado viernes 24 de febrero y, según constaba en los papeles, contaban con 15 días de plazo para recurrir y 20 días para desocuparlo.

Sin embargo, este martes 28 de febrero dos patrullas de policía local y nacional se han presentado en la vivienda para ejecutar el desalojo ante la incredulidad de la familia, que no ha sido capaz de en ese tiempo de preaviso encontrar ningún otro alquiler.

Según explica la mujer a OKDIARIO, accedió hace una década a vivir en ese piso por su situación precaria, después de llegar a España de forma legal en 2008. Durante la pandemia se quedó sin trabajo y hace un año y medio consiguió un empleo, pero sin un contrato fijo, algo que comunicó al Consistorio pues, explica, según los recursos que tienen las familias que ocupan este tipo de pisos, se paga o no alquiler.

«Yo he sido sincera, porque soy así e hice una declaración jurada de mi puño y letra contando mi situación y me lo devuelven echándonos de nuestra casa», lamenta la inquilina, quien recuerda que en ese mismo edificio, donde hay más viviendas municipales, viven okupas «y a ellos no se les echa».

«No han desahuciado a nadie en todos los años que llevo aquí, me sé toda la historia del edificio. ¿Y echan a una familia con niños? ¿Así quieren fomentar la natalidad?», se queja. «Se han saltado la ley», proclama, al tiempo que insiste en que va a llegar a «las últimas consecuencias». «El pueblo de Getafe se tiene que enterar de qué clase de alcaldesa tienen ahí sentada», sentencia.

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