La trama del atentado contra Vidal-Quadras pagó al joven malagueño para poner la moto a su nombre

Una de las incógnitas que tratan de desentrañar los agentes de la Comisaría General de Información que investigan el atentado contra Alejo Vidal-Quadras es el papel que jugó el propietario de la motocicleta usada en el ataque ejecutado por un sicario franco-argelino. Un joven malagueño de 22 años al que la Policía no encuentra vinculación ideológica alguna con la trama. De hecho, están investigando si fue usado como cabeza de turco por los autores intelectuales, colocándole documentalmente como dueño de la moto a cambio de dinero. «Es probable que él ni llegase a ver la moto», explican.

Alguien, a cambio de dinero, convenció a Adrián R.B. para que su nombre figurase en la ficha de la Dirección General de Tráfico (DGT) como propietario de la motocicleta que usó el sicario para descerrajarle un tiro en la cara a Vidal-Quadras. Ésa es, al menos de momento, la hipótesis principal con la que trabajan los investigadores de la Policía Nacional que dirigen las pesquisas.

Hay varias circunstancias personales que rodean a Adrián R.B., detenido este martes en Fuengirola, que llevan a los agentes a valorar esa línea. En primer lugar, destacan problemas de ámbito familiar y un nivel de vida que requiera dinero extra más allá de su sueldo como trabajador de un restaurante turístico de la costa malagueña. Un puesto de mucha temporalidad que lleva a los agentes a sospechar que el joven necesitaba ingresos extra y pudo ver una oportunidad en el ofrecimiento que, supuestamente, le hizo la trama para usarle de pantalla.

«Ni la vio»

La moto BMW, además, nunca fue vista por vecinos u otros testigos de Adrián. Tampoco personas de su familia, que ya han hablado con la Policía y con las que ha contactado OKDIARIO, conocían de su existencia. «Es probable que él ni llegase a ver la moto», explican.

El precio de esta moto, modelo BMW C650GT, supera los 12.000 euros en concesionario, aunque la unidad utilizada en el ataque y que fue quemada por los sicarios en un descampado de Fuenlabrada fue adquirida a una empresa de compraventa el pasado 18 de septiembre. El domicilio que consta, junto con el nombre de Adrián R.B., es el de Mijas, donde reside la familia del joven. Así consta en la ficha de la DGT a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

Ese dato también figura en la investigación policial: se cree que la compra se produce ya durante la fase de preparación del ataque, por lo que la trama habría estado cerca de dos meses -como poco- organizando los detalles de la acción. No fue algo improvisado.

La principal hipótesis con la que sigue trabajando la Policía es que tras el atentado parece estar la mano de algún servicio secreto extranjero, que habría movilizado a personas ajenas a esa organización para que montasen el ataque y contratasen al sicario. Un ciudadano franco-argelino que ya está relacionado con otro asesinato en París. Es, ahora mismo, el hombre más buscado por los investigadores.

Detenciones «precipitadas»

El pasado martes, tres personas -entre ellas, Adrián R.B.- fueron detenidas en el marco de la operación que conduce la Comisaría General de Información. Todos ellos pasarán a disposición judicial y serán interrogados por el juez Francisco de Jorge, responsable de la causa, mientras Santiago Pedraz se encuentra de baja paternal.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 interrogará a los detenidos para preguntarle dónde se encontraban y por qué el día que Alejo Vidal-Quadras recibió un disparo a bocajarro. Pero no les va a preguntar, según las mismas fuentes, sobre hechos concretos, dado que la Policía desconoce la implicación de los mismos en los hechos investigados.

Las mismas fuentes consultadas añaden que la investigación se encuentra en una fase muy embrionaria, por tanto, «es incompresible entender por qué se han efectuado las detenciones de manera tan prematura». Se puede haber alertado a otros de los investigados pertenecientes a otras hipótesis en las que trabajan los agentes. La espontaneidad con la que se ordenaron las detenciones han podido poner «en riesgo» la investigación, admiten.