PSOE y CC dan 26 millones en contratos a una empresa dirigida por políticos de ambos partidos

Un grupo empresarial dirigido por ex altos cargos del PSOE y Coalición Canaria (CC) ha obtenido durante los últimos años contratos que suman más de 26 millones de euros adjudicados por Administraciones públicas que gobiernan ambos partidos.

La principal empresa de esta red es Técnicas Competitivas SA, especializada en implantar tecnologías de la información en campos como la sanidad, las telecomunicaciones y el transporte.

La sociedad está dirigida por Rosendo Reboso Barroso (quien fue viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica del Gobierno canario por CC entre 2001 y 2002) y su mujer, Gloria Masot.

El hijo del líder del PSOE canario

El director comercial, consejero y secretario del consejo de administración de Técnicas Competitivas es Juan José Pérez Esteve, hijo del actual secretario general del PSOE de Canarias, José Miguel Pérez García, quien durante el pasado mandato fue vicepresidente del Gobierno autonómico de las Islas mediante un pacto con Coalición Canaria.

Hasta junio de 2008 también formaba parte del consejo de administración de esta empresa Ángel Luis Sánchez Bolaños, quien fue diputado del PSOE en el Congreso a principios de los años 80 y luego presidente de la Caja Insular de Canarias.

Tan sólo un año después, en septiembre de 2009, el Gobierno regional de Canarias presidido por Paulino Rivero (CC) adjudicó a Técnicas Competitivas un contrato de 11,7 millones de euros para la instalación y mantenimiento de la red de comunicaciones móviles de sus servicios de emergencias y seguridad.

Historiales clínicos y la red de emergencias

Técnicas Competitivas también ha recibido varios contratos del Servicio Canario de Salud para desarrollar el sistema informático de historiales clínicos Drago-AP. Uno de estos contratos, por importe de 2,7 millones de euros, fue adjudicado por el Ejecutivo regional en diciembre de 2012.

Más recientemente, el 11 de febrero de 2015, la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno canario dio a Técnicas Competitivas (en UTE con Teltronic) otro contrato de 4,8 millones de euros para que lleve a cabo el mantenimiento integral de la red de emergencias y seguridad de Canarias (Rescan).

La empresa también ha recibido adjudicaciones de menor cuantía de otras Administraciones gobernadas por Coalición Canaria y PSOE como el Cabildo de Tenerife (a través de su Consorcio de Bomberos y su empresa pública de transportes TITSA), el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna (bajo la Alcaldía de Fernando Clavijo, actual presidente del Gobierno de Canarias) y de otros consistorios del archipiélago.

Técnicas Competitivas ha obtenido algunos de estos contratos mediante una UTE con su filial Urania Servicios Avanzados de Tecnología SL, también dirigida por Rosendo Reboso. Desde 2008 es consejero de esta última sociedad Augusto Brito Soto, que fue portavoz del PSOE en el Parlamento canario y candidato del mismo partido a la Presidencia del Gobierno regional en 1995. Además de consejero, este histórico del PSOE es accionista de ambas sociedades.

El fraude de los cursos de formación

La filial de Técnicas Competitivas, Uranio Servicios Avanzados, ha tenido en su consejo de administración a otros VIP de la política canaria. Hasta 2008, el secretario de su consejo de administración era Víctor Díaz Domínguez, que fue diputado en el Parlamento regional por Coalición Canaria y consejero de Empleo y Asuntos Sociales del Ejecutivo autonómico entre 1995 y 1999.

Víctor Díaz es hermano del actual alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz Domínguez (quien gobierna este municipio turístico de la isla de Santa Cruz de Tenerife desde el pasado mes de julio mediante un pacto con el PSOE). Ambos hermanos han sido accionistas de Técnicas Competitivas a través de su despacho de abogados, Piélago Consultores SL.

Víctor Díaz Domínguez ha estado imputado en el llamado caso Icfem (acrónimo del Instituto Canario de Formación y Empleo). La Fiscalía Anticorrupción le acusaba de un delito continuado de prevaricación en la concesión de ayudas para cursos de formación dirigidos a desempleados.

La Fiscalía pedía para él una pena de seis años y medio de prisión. Finalmente, la Audiencia Provincial de Las Palmas absolvió en octubre de 2014 a Víctor Díaz, pese a constatar que se produjeron irregularidades en la gestión de estos fondos.