Pino censura a Martín Blas por las filtraciones y la desaparición de informes del 11-M y Faisán

El ex director adjunto operativo (Dao) de la Policía, Eugenio Pino, llamó por teléfono hace un par de días al comisario Martín Blas para censurar su comportamiento en la filtración de grabaciones y documentos confidenciales y por la desaparición de los informes del 11-M y del caso Faisán, que su unidad de Asuntos Internos había elaborado por encargo del propio Dao. Según Pino, Martín Blas era el responsable en la custodia de toda esa documentación.

Pino nombró al comisario Martín Blas como jefe de la Brigada de Asuntos Internos, que depende orgánicamente del número dos de la Policía. El comisario se mantuvo casi cuatro años al frente de uno de los departamentos más poderosos de la Policía, por donde pasan los asuntos más sensibles del Cuerpo, hasta su destitución en abril de 2015, tras el estallido de caso Pequeño Nicolás.

Martín Blas respondió con cierto desprecio la llamada telefónica de su anterior jefe y de su máximo valedor en un cargo que le venía grande, según la opinión generalizada de la cúpula policial. El ex jefe de Asuntos Internos de la Policía cruzó unas pocas palabras con Pino e interrumpió la conversación con grosería. Según ex colaboradores del ex Dao, la prepotencia de Martín Blas es proporcional a la documentación que desapareció de los archivos de la Dirección Adjunta Operativa.

El propio Pino responsabiliza al departamento de Asuntos Internos de ser el responsable de filtrar a los medios periodísticos la grabación de la reunión entre el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y del jefe Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso.

Otras de las cintas que, según Pino, han sido filtradas desde la misma unidad son la conversaciones del comisario José Villarejo con Javier de la Rosa y con Victoria Álvarez, la ex novia del hijo mayor de los Pujol- Ferrusola.

El ex Dao ha declarado que él entregó en mano a Martín Blas todos los documentos en audio, video y papel para que Asuntos Internos los custodiara. Algunos de los dossieres secretos han visto la luz en el diario de Roures y en otros medios. Así sucedió con sendos informes de Asuntos Internos sobre Villarejo y sobre el seguimiento en Barcelona de altos cargos del BPA de Andorra.

Exigen una auditoría interna

Nadie en la Policía entiende cómo un comisario principal, responsable de uno de los departamentos de élite del Cuerpo, haya podido abandonar su despacho sin que antes sus superiores realizaran una auditoría interna sobre la documentación existente en sus archivos.

«Podemos estar ante un nuevo caso Perote. Aunque, entonces el CESID, sí recuperó todas las microfichas. En la Policía, en cambio, han desaparecido documentos confidenciales y reservados, como ha reconocido el mismísimo ministro del Interior, y no pasa nada. Y lo peor: luego se van publicando, gota a gota, en un diario y a nadie se le ocurre citar al comisario custodio para que se explique. Algo verdaderamente alarmante».

El alto cargo policial, que prefiere permanecer en el anonimato, se refiere a unos informes reservados sobre el 11-M y el caso Faisán, que fueron encargados por el ex Dao Pino y que han desaparecido de Asuntos Internos.

Se da la circunstancia de que en la elaboración del dossier que encargó Pino sobre el 11-M también participó la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, dirigida entonces por el actual Dao Florentino Villabona. Tanto Villabona como Antonio Rodríguez, el ex Dao accidental y subdirector de Personal, dos de los actuales cargos de confianza del ministro Zoido, formaban parte de la Junta de Gobierno de la Policía en los meses en los que se desató la guerra subterránea entre clanes dentro del Cuerpo. Ambos fueron elegidos para sus cargos por Eugenio Pino y se presentaban como dos de sus más estrechos colaboradores.

Resulta sorprendente que la Dirección de la Policía tarde tanto tiempo en comunicar a la opinión pública el resultado de sus investigaciones sobre la filtración de la grabación en el despacho del ministro del Interior. Tampoco se conocen las pesquisas sobre otras fugas informativas de la propia Dirección de la Policía, que tanto daño han provocado en la imagen del Cuerpo.

También sorprende que el diario Público, cuando difunde la grabación ilegal al comisario Enrique García Castaño, omite las referencias de éste a su compañero Martín Blas. De él afirma que era el policía que pagaba con fondos reservados a los detectives que habían trabajado para Método 3, pero esas palabras no figuran en ningún párrafo de la publicación. El diario de Roures, que se ha convertido en un medio experto en la difusión de grabaciones ilegales, tendrá que aportar en un Juzgado la cinta completa cuando se lo ordene un juez por las múltiples querellas por revelación de secretos que le han presentado.

Objetivo: la ex novia de Pujol Ferrusola

El último objetivo de Público ha sido la ex novia de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, de quien también reprodujeron ayer, de manera ilegal, una conversación telefónica con el comisario José Villarejo, supuestamente grabada por agentes de Asuntos Internos. La testigo del caso de los Pujol está recibiendo presiones de todo tipo para obtener la nulidad de su testimonio.

Vicki Álvarez confirmó a OKDIARIO que ha hablado con sus abogados para presentar una querella contra el diario Público por reproducir esas conversaciones privadas sin su autorización: «Es algo ilegal y está penado. Pienso llegar hasta el final», aseguró la mujer que con su testimonio logró destapar el patrimonio oculto del ex presidente de la Generalidad y toda su familia.

Álvarez va a pedir al juez que adopte medidas cautelares para que impida la publicación de más grabaciones ilegales con conversaciones suyas. «Público está vulnerando mi intimidad e incurriendo en un delito de revelación de secretos», manifiesta la afectada.

Mientras tanto, la directora de Público, Ana Pardo de Vera, en un artículo publicado en el diario de Roures, se enorgullece de «ejercer de periodista» y amenaza con la difusión más cintas. Al menos eso escribe: «Entre otras que vendrán».

Victoria mantuvo un encuentro a finales de septiembre pasado en Barcelona con Eliseo Bayo, uno de los autores de la información de Público. La ex novia de Pujol Ferrusola accedió a la entrevista porque, previamente, recibió un llamada telefónica de Patricia López, a quien conocía por sus informaciones sobre el caso Pujol. Si con el comisario Enrique García Castaño la excusa para lograr la reunión fue la elaboración de un libro sobre la Transición, a Victoria la mintieron con el ardid de que estaban elaborando un documental sobre la familia del ex presidente catalán.

Pero Victoria Álvarez, que es una mujer sagaz y espabilada, pronto se percató de que había gato encerrado, que el reportero estaba allí en busca de otro contenido. El periodista Bayo, entonces director de la publicación, con sus preguntas tendenciosas y el giro que dio a la conversación se delató a sí mismo: «Preguntaba cosas muy raras y sobre todo estaba obsesionado con la grabación de La Camarga. Quería saber desde cuándo la Policía tenía la cinta».

La ex novia del hijo mayor de los Pujol aguantó una hora de conversación y se retiró. Aquello no era una entrevista. Alguien desde las verdaderas cloacas pretendía deslegitimar el proceso judicial contra la familia más poderosa de Cataluña. «Desde antes del verano de 2016 he recibido amenazas, presiones y el intento de invalidar mi testimonio. Se ha dicho de todo, hasta que he cobrado fondos reservados. Jamás, jamás he cobrado un euro», se queja Álvarez.

Las informaciones sobre los Pujol y el independentismo fueron dirigidas en Cataluña por Martín Blas, como director de Asuntos Internos, y José Villarejo, como jefe de la Unidad de Inteligencia.

En abril de 2015, el director de la Policía, Ignacio Cosidó, destituyó a Marcelino Martín Blas al frente de Asuntos Internos y lo trasladó al Consejo Asesor de la Dirección General. El comisario se había reunido sin la autorización del Dao con agentes del CNI para intercambiar información sobre el Pequeño Nicolás. La reunión fue grabada y más tarde difundida. A raíz del escándalo, Eugenio Pino presentó una denuncia contra Martín Blas por asistir a una «reunión ilegal en tanto en cuanto no estaba autorizado para tratar con los miembros del CNI para este caso concreto», según el escrito del Dao.

Sorprendentemente, poco después, el comisario destituido logró de Cosidó su adscripción al Juzgado de Instrucción Número 2 de Madrid, cuyo titular es el magistrado Arturo Zamarriego, para investigar las actividades del pequeño Nicolás. Y Martín Blas se llevó consigo a su número dos Eladio Rubén López.

En la denuncia presentada por Pino contra el comisario advertía al juez que debería «apartar a estos investigadores» porque «tienen un interés en la causa» y pueden «desviar la atención de la celebración de una reunión ilegal», referida a la de los agentes del CNI.

Ahora, según manifestó Patricia López en una de sus conversaciones con Enrique García Castaño, el comisario Martín Blas ha anunciado a sus allegados que, antes de su jubilación en junio, piensa despedirse con «una buena traca».