El ‘narcoministro’ El Aissami contrató a la fundación de Iglesias para adoctrinar a los carceleros venezolanos

El vicepresidente del Gobierno de Venezuela, Tareck El Aissami, contrató a la Fundación CEPS, de cuyo patronato formaba parte Pablo Iglesias, para diseñar el nuevo reglamento penitenciario de aquel país y para adoctrinar en la «conciencia anticapitalista» a los funcionarios de las prisiones en las que son encarcelados y torturados los principales líderes de la oposición.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos colocó en julio de 2019 a Tareck El Aissami en la lista de los delincuentes internacionales más buscados, por sus vínculos con el narcotráfico y con  grupos terroristas como Hezbolá.

Un «punto de cuenta» del Gobierno de Venezuela acredita que Hugo Chávez ordenó pagos por importe de 7,1 millones de euros a la Fundación CEPS, de cuyo patronato que formaban parte los principales líderes que luego fundaron Podemos. Entre ellos, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Carolina Bescansa, Luis Alegre, Alberto Montero, Ariel Jerez, Rubén Martínez Dalmau y Txema Guijarro.

El documento está firmado por el entonces ministro de Finanzas de Venezuela, Rafael Isea, y por el propio Hugo Chávez el 28 de mayo de 2008. Pablo Iglesias había comenzado a trabajar en 2006 para la Fundación CEPS como “responsable de la unidad de análisis estratégico de la Presidencia de Venezuela”, es decir, como asesor personal del presidente Hugo Chávez, tal como consta en su curriculum vitae oficial.

El «punto de cuenta» explica que «la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) es una organización que desde su creación brinda asesoría sociopolítica a distintas instituciones, movimientos sociales y gobiernos, a fin de promover los conceptos de emancipación popular, conciencia anticapitalista y contraloría social, como ejes básicos en las sociedades que promueven la convivencia en igualdad, libertad y soberanía de los pueblos».

Por este motivo, añade, el Gobierno de Venezuela pagó entre 2003 y 2007 a la Fundación CEPS 2,6 millones de euros para que asesorara al Despacho de la Presidencia, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y la Asamblea Nacional.

«Los resultados han sido excelentes en formación y capacitación de funcionarios de prisiones, desarrollo de un nuevo sistema de Seguridad Social en Venezuela, concienciación del funcionario del Ministerio del Interior sobre políticas neoliberales, ejes de poder, globalización y soberanía, cátedra sobre las estrategias de penetración y dominio del capital en la vida pública, un esquema socioeconómico para el reparto de riqueza al pueblo y asesoramiento sobre estrategias geopolíticas».

A continuación, el presidente Hugo Chávez ordenó pagar a a Fundación de Pablo Iglesias otros 1,6 millones de euros en 2008 y 2,8 millones de euros entre los ejercicios 2009 y 2011, como informó en su día OKDIARIO. En total, 7,1 millones de euros. Este encargo incluía el asesoramiento al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que en octubre de 2008 pasó a dirigir Tareck El Aissami, al que la Justicia de Estados Unidos busca por sus vínculos con el narcotráfico.

Entre otros servicios, la Fundación de Pablo Iglesias asesoró al narco Tareck El Aissami para impulsar el nuevo Código Orgánico Penitenciario de Venezuela. En un informe fechado en abril de 2011, la Fundación CEPS se limitó a sugerir al ministro algunos cambios cosméticos para lavar la imagen del sistema carcelario de Venezuela, uno de los más crueles del planeta.

En su informe dirigido al ministro El Aissami, la Fundación CEPS proponía que los presos dejen de llamarse presos, para denominarse «personas privadas de libertad» y que su Gobierno denomine a las cárceles «comunidades de rehabilitación social» o «servicios de rehabilitación social». Como si se tratase de las lujosas clínicas a las que acuden los millonarios de Hollywood para desintoxicarse de las drogas.

Porque, argumentaba en su informe la Fundación CEPS, las cárceles deben actuar como «espacios reflexivos y de formación que sirvan a los internos e internas para revisar su trayectoria vital y social, su rectificación desde la autocrítica y el reimpulso hacia una nueva vida normalizada con los instrumentos educativos y formativos proporcionados por la colectividad al Estado». Un lavado de cara para encubrir la crueldad de las prisiones de Venezuela, en las que son encarcelados y torturados los principales líderes de la oposición.

El propio Pablo Iglesias explica en su curriculum vitae oficial, de 23 páginas, que entre 2006 y 2007 impartió cursos de «formación ideológica» a los funcionarios del Ministerio de Interior y Justicia de Venezuela (es decir, a los policías y carceleros) y a los funcionarios de Conatel, el organismo que Hugo Chávez creó nada más llegar al poder para censurar a los medios de comunicación.

El ministro Tareck El Aissami, al que asesoró la Fundación de Pablo Iglesias, aparece desde julio de 2019 en la lista de delincuentes más buscados por Estados Unidos. Según el Departamento del Tesoro de EEUU, El Aissami «supervisó o parcialmente fue dueño de cargamentos de drogas de más de 1.000 kilos [de cocaína] que salieron de Venezuela en múltiples ocasiones, incluyendo aquellos que tenían como destino final México y Estados Unidos», señala ICE en su reseña.

La Administración norteamericana añade que El Aissami «está vinculado a la coordinación de envíos de narcóticos al violento cartel mexicano de Los Zetas, así como a la protección del capo narcotraficante colombiano Daniel Barrera Barrera y del narcotraficante venezolano Hermágoras González Polanco».

En la misma fecha, julio de 2019, el Departamento del Tesoro ordenó bloquear todos los bienes y cuentas bancarias de 13 empresas de José López Bello en EEUU, Islas Vírgenes Británicas, Panamá y Reino Unido, por considerar que se trata de trata de un testaferro El Aissami que se dedica a lavar dinero procedente de las mordidas y del narcotráfico.

Desde junio de 2017, Tareck El Aissami es vicepresidente económico del Gobierno de Nicolás Maduro que, además, el pasado mes de abril le asignó la cartera de ministro de Petróleo. Por tanto, actualmente es el máximo responsable de la petrolera PDVSA que pagó adjudicó contratos de «asesoría» por importe de más de 4 millones de euros al hijo del ex embajador de España en Venezuela durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero, Raúl Morodo.