El juez pide a la Policía el volcado de los discos duros de Villarejo sobre el Rey Juan Carlos: ‘Proyecto King’

El juez de apoyo de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, ha autorizado a dos agentes de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía a realizar todo el volcado de los discos duros y pendrives que ese departamento policial incautó al comisario José Villarejo durante su detención en noviembre de 2017. Según Fuentes del Ministerio del Interior y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), algunos de los soportes informáticos contienen documentos muy reservados que afectan a la Seguridad Nacional y a altas personalidades del Estado y de la Política.

El propio Villarejo le advirtió al juez Diego de Egea, en una misiva que le remitió desde la cárcel de Estremera a su despacho de la Audiencia Nacional el pasado mes de diciembre. Le decía que si se volcaban arbitrariamente todos los discos duros podían ver la luz archivos secretos de distintas misiones secretas como “agente encubierto” u otros trabajos de su empresa Cenyt como el que él llama “operación King”.

En estos momentos la UAI, de la que Marcelino Martín Blas –el comisario antagónico de Villarejo– fue su jefe entre 2012 y 2015 es el único centro policial que tiene acceso a los documentos reservados y de “alta sensibilidad”, que la policía intervino en los domicilios de Villarejo de Boadilla del Monte y de Fuengirola. Ni que decir tiene que Martín Blas, el comisario que ayudó en un documental a Público y a su editor Jaume Roures a propagar el victimismo del golpismo catalán, mantiene estrechas relaciones con un sector de los más de 160 agentes todavía destinados en Asuntos Internos.

Fuentes policiales recordaron a OKDIARIO que la UAI se significó durante la jefatura de Martín Blas como el departamento policial desde donde más información se filtraba a medios de comunicación amigos, principalmente Público, como denunció ante un juez el ex DAO de la Policía, Eugenio Pino.

El desprecinto de los archivos

En la diligencia de desprecinto, realizada el pasado uno de junio por el juez Diego de Egea, que instruye en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional la causa 96/2017 contra Villarejo por los delitos de cohecho, organización criminal y blanqueo de dinero, adjudicó la tarea de las descargas de los archivos a los agentes identificados con los números profesionales 91814 y 120603. Ambos están destinados en la Unidad de Investigación Tecnológica, adscrita a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), como figura en el organigrama de la Dirección de la Policía.

El magistrado señalaba que procedía al desprecinto de las pruebas intervenidas a Villarejo “para el posterior volcado de los contenidos informáticos”, y que encargaba esa labor a los agentes de la Unidad de Investigación Tecnológica.

Sin embargo, De Egea al mismo tiempo ordena a los técnicos policiales que, previo conocimiento del Juzgado, faciliten “a los funcionarios responsables de la investigación” –los funcionarios de la UAI- la información extraída.

A partir de ese momento, la información pasa a depender de la UAI, a través de uno de sus jefes de grupo, el agente identificado con el número 111470, que corresponde al inspector “Gonzalo” –este periódico se reserva el nombre completo por medidas de seguridad–, el mismo que dirigió el registro en el domicilio de Villarejo y procedió a su detención.

La propia Policía Nacional en un tuit, emitido el 3 de noviembre de 2018, a las 13,27, reconocía que la UAI había practicado las detenciones: “Asuntos Internos de la Policía Nacional detiene al ex comisario José Manuel Villarejo, por orden de la Fiscalía Anticorrupción”.

Fuentes policiales señalan que, si la nota de Interior calificaba a Villarejo de “ex comisario”, ya jubilado, qué pintaba la UAI en esas investigaciones, que eran más propias de la UDEF.

El magistrado de la Audiencia Nacional, antes de ceder el control del material a los dos policías les tomó “juramento o promesa de desempeñar fielmente su cometido conforme a las reglas de su ciencia a su leal saber y entender”. Por tanto, la responsabilidad de cualquier filtración recae en ellos.

Información de alto voltaje

En diciembre de 2017, a las pocas semanas de ingresar en prisión, Villarejo remitió una carta a Diego de Egea, el juez de refuerzo que lleva su caso en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. En ella le manifestaba su preocupación “por los intereses del Estado y por la protección de terceras personas totalmente ajenas al proceso”.

El comisario se refería al abundante material electrónico que la Policía había intervenido en dos de sus domicilios, en Boadilla y en Estepona. Incluía ordenadores, pendrives, discos duros externos e, incluso, “microcintas con una antigüedad de más de 20 años”.

Villarejo le alertada al magistrado que todos esos elementos “digitales o informáticos” contenían “datos y elementos de especial sensibilidad para los intereses del Estado”. Y pedía al magistrado De Egea que tomara las medidas necesarias para evitar su “conocimiento, examen o difusión por terceras personas”.

El comisario, que permanece en prisión casi ocho meses, se ofrecía al juez para colaborar y aclarar lo que él denominaba “proyecto King o cualquier otras de mis actividades particulares de negocios en el grupo de empresas Cenyt”, pero le pedía que lo apartara de sus otros trabajos como “policía encubierto” en interés del Estado y la Seguridad de los ciudadanos.