Una juez investiga a una diputada de Sánchez por malversación y coacciones
Una juez ha abierto diligencias de investigación, que se encuentran bajo secreto de sumario, contra la diputada socialista Yolanda Seva Ruiz tras una denuncia presentada ante la Comandancia de la Guardia Civil
Una juez investiga a la diputada socialista Yolanda Seva Ruiz, que ha sido denunciada por delitos de prevaricación, malversación y coacciones, entre otros, por colaborar presuntamente en la adjudicación irregular de una plaza de inspector de la Policía Local del Ayuntamiento de Santa Pola (Alicante) cuando ella era alcaldesa del citado municipio.
Según fuentes judiciales consultadas por OKDIARIO, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Elche ha abierto diligencias de investigación, que se encuentran bajo secreto de sumario, tras una denuncia presentada ante la Comandancia de la Guardia Civil. Fuentes cercanas a la diputada aseguran a este periódico que tiene una relación muy cercana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Fuentes de la investigación explican a este periódico que la ahora diputada de Pedro Sánchez y ex alcaldesa de Santa Pola, Yolanda Seva, creó una plaza ad hoc que para concedérsela -tras cometerse presuntamente un sinfín de irregularidades- al agente Iñaki Cantonet, quien fuera candidato por UPYD a alcalde al Ayuntamiento de Santa Pola en el año 2015 y pareja de la entonces vicesecretaria del ayuntamiento Francisca Isabel Soler, según la documentación que obra en el Juzgado.
Nombramiento a dedo
La investigación apunta a que, tras celebrarse las elecciones municipales del 26 mayo de 2019 y ganar los comicios el Partido Popular, la entonces alcaldesa del PSOE y ahora diputada de Sánchez, tenía que dejar atados todos los cabos sueltos antes de agotar el mandato. Por ello, «había que nombrar como inspector de la Policía Local de Santa Pola a alguien afín antes de que tomara posesión del cargo, el 15 de junio de 2019, la nueva alcaldesa del PP Loreto Serrano», según consta en la documentación judicial.
Por ello, el 7 de junio, la entonces alcaldesa Yolanda Seva ordenó mediante decreto y en contra de los preceptivos informes jurídicos, que se llevase a cabo la toma de posesión del nuevo inspector de Policía Iñaki Cantonet, según fuentes de la investigación. «Lo hizo a sabiendas de que se habían cometido irregularidades en este nombramiento», explican a OKDIARIO.
Según las mismas fuentes, los opositores a la plaza de inspector de Policía de este municipio alicantino denunciaron irregularidades en el proceso selectivo. Por ejemplo, que no se habían respetado los plazos entre cada una de las pruebas. O que no habían recibido respuesta a los recursos presentados, llegando a convertirse en algo tan evidente, que hasta los propios sindicatos policiales denunciaron la situación que se estaba produciendo, según fuentes de la investigación.
Filtración del examen
En esta presunta trama delictiva han participado varios autores, entre ellos los investigadores destacan la función del presidente del tribunal que examinó a Iñaki Cantonet, Francisco Ramón Sirvent, quien, casualmente, fue jefe del opositor en la comisaría de Castalla (Alicante) y con el que mantiene una relación de amistad. Sirvent indicó a los miembros del tribunal, siempre según las fuentes consultadas, que las preguntas seleccionadas para el examen se las enviaran previamente por correo electrónico. Sin embargo, algunos examinadores no acataron dicha solicitud al sospechar que podrían producirse filtraciones y trajeron las preguntas el mismo día del examen.
Por todo ello, la juez investiga si la diputada socialista Yolanda Seva ha cometido presuntos delitos de prevaricación, coacciones y malversación que «ha supuesto como consecuencia de tal actuación delictiva 41.252,14 euros en conceptos de honorarios al inspector de la Policía Local».