Jordi Pujol jr. pide ahora a los empresarios mordidas de 120.000 euros «para financiar la independencia»
A pesar de que la Justicia le pisa los talones desde 2012, Jordi Pujol Ferrusola sigue adelante con su incesante actividad extractiva.
Durante las últimas semanas, el hijo mayor del ex presidente de la Generalitat se ha dirigido a varios conocidos empresarios catalanes para pedirles una aportación «voluntaria» de 60.000 o 120.000 euros con el fin de financiar el proceso de independencia.
Al plantear esta petición, Jordi Pujol junior no aclara si el dinero está destinado exclusivamente a su familia o a su partido, Convergencia. Pero argumenta que, tras el resultado de las últimas elecciones autonómicas que Artur Mas presentó como «plebiscitarias», el proceso de independencia ya es imparable.
Un proceso que, señala, va a precisar el compromiso personal y el respaldo de las familias adineradas de Cataluña. Okdiario ha tenido constancia de al menos dos empresarios que se han negado a atender esta petición, para evitar verse inmersos en dificultades con la Justicia.
El hecho de que la Fiscalía Anticorrupción haya empezado a poner contra las cuerdas al clan Pujol por el cobro de comisiones ilegales, mientras el presidente Artur Mas se ve imputado por desobedecer al Tribunal Constitucional con el referéndum de independencia, ha hecho que algunos empresarios se lo piensen dos veces al escuchar esta petición.
El negocio de la independencia
Pero lo novedoso es que Jordi Pujol junior no pida en estos momentos comisiones a cambio de contratos públicos con las Administraciones catalanas, sino aportaciones teóricamente voluntarias -muy elevadas en su cuantía, eso sí- para seguir adelante con los planes de ruptura de la Constitución.
Lo que es indudable es que algunos destacados empresarios catalanes sí han decidido dar el paso de implicarse personal y económicamente con este proceso. Òmium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana (ANC) -las dos organizaciones que promovieron la candidatura independentista Junts pel Sí junto a CDC y ERC- aseguran haber recaudado 3,5 millones de euros en 2014 dentro de la campaña Ara és l’hora que sirvió para poner en marcha el referéndum ilegal del 9N.
El grueso de esta cifra, 3.458.226 euros, corresponde a «ingresos por patrocinios, promociones y colaboraciones». Una cantidad muy difícil de alcanzar solo con pequeños «donativos» de particulares, si no incluye también grandes aportaciones realizadas por empresas partidarias del proceso de secesión. Algo que demuestra que el proyecto de independencia se ha convertido en un negocio muy rentable para algunos.
De la cifra total, Òmnium Cultural recaudó 2,7 millones de euros y la ANC los 761.031 euros restantes. Pero este esfuerzo tiene su recompensa. Carme Forcadell abandonó la presidencia de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) para incorporarse a la candidatura de Junts pel Sí (de la que también formaban parte Artur Mas y Oriol Junqueras), lo que le ha servido como trampolín para llegar a la presidencia del Parlament catalán.
Imputado por cobrar comisiones
En cuanto a Jordi Pujol Ferrusola, el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional abrió en diciembre de 2012 la causa en la que está imputado (junto a su ex esposa, Mercè Gironés) por el presunto cobro de comisiones ilegales a empresas a cambio de la adjudicación de contratos de las Administraciones gobernadas por su partido, CDC.
Un informe remitido en marzo de 2013 por la Agencia Tributaria al juez indicaba que, en ocho años (entre 2004 y 2012), las sociedades controladas por Jordi Pujol Ferrusola y su ex esposa habían movido 32,4 millones de euros.
Este trasiego de dinero se produjo a través de países como Andorra, Luxemburgo, Croacia, Argentina, Uruguay, Suiza, Estados Unidos, México, las Islas Caimán, el Reino Unido, Liechtenstein y Gabón.
Durante estos tres años de instrucción, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata habría logrado reunir pruebas suficientes para acreditar que los 8,5 millones de euros que el primogénito de los Pujol ha cobrado de 17 empresarios se corresponden en realidad a mordidas a cambio de contratas públicas.