Imputan a la cúpula de la TV de Ximo Puig por dar a dedo un contrato de 1,3 millones a un ex edil del PSOE

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El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. (Foto: GV)

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Paterna ha citado a declarar como querellados a los dos máximos responsables de la televisión autonómica de la Comunidad Valenciana À Punt, Enrique Soriano Hernández y Empar Marco Estelles, por adjudicar contratos a dedo a varias productoras y profesionales.

Entre los beneficiarios de estas contratos irregulares se encuentra la productora Mediterráneo Media Entertainment SL, cuyo máximo responsable es el ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Benifaió (Valencia) Fausto José Atienza Reines.

La magistrada Isabel María Flor Llorente ha admitido a trámite la querella interpuesta por el portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Jorge Bellver, contra el presidente del consejo rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC), Enrique Soriano, y la directora general de la Sociedad Anónima de Medios de Comunicación de la Comunidad Valenciana (SAMCCV), como autores de un delito de prevaricación. El PP se personará en la causa como acusación popular.

En un auto dictado el pasado 27 de abril, al que ha tenido acceso OKDIARIO, la juez acuerda investigar el contrato de 1.353.727 euros adjudicado por la televisión autonómica valenciana a la productora del ex concejal socialista Fausto José Atienza para producir la serie de 13 capítulos La Tramuntana.

La empresa no tenía solvencia técnica ni económica

Según consta en la querella que ha sido admitida a trámite, À Punt adjudicó este contrato a dedo, sin ningún tipo de procedimiento administrativo, vulnerando así la Ley de Contratos del Sector Público. La querella señala que la productora del edil socialista carecía de solvencia técnica y económica para asumir este encargo: en el ejercicio 2016 tuvo una cifra de negocio de tan sólo 4.500 euros.

Para sortear este obstáculo, unos días después de suscribir el contrato la TV pública de la Generalitat Valenciana pagó a la productora un anticipo de 409.502 euros, para que pudiera iniciar el rodaje de la serie, sin exigirle ningún tipo de garantía a cambio, vulnerando de nuevo la Ley "de forma ilícita, arbitraria y temeraria".

No es un caso aislado. El informe de fiscalización de la Sindicatura de Comptes advierte que la TV pública de Ximo Puig pagó en 2017 a distintas productoras más de 3 millones de euros en forma de anticipos, sin que se produjera a cambio la entrega de ningún material.

La titular del Juzgado número 1 de Paterna también ha acordado reclamar a la TV de Ximo Puig 10 contratos menores adjudicados a profesionales que luego han pasado a ocupar distintos cargos públicos en la Corporación como personal laboral.

Contratos menores a altos cargos del ente

Según la querella, la TV pública adjudicó estos contratos a dedo, supuestamente por la realización de informes y estudios, a personas a las que luego incorporó a su plantilla. Según la querella, se trataba de pagar a estos profesionales "cantidades a modo de salarios, pero disfrazando estas prebendas con la apariencia de contrataciones para la prestación de servicios genéricos".

Entre los beneficiarios de estos contratos menores se encuentra César Martí Fernández, quien cobró del ente público un contrato menor de 5.995 euros antes de ser fichado como director de contenidos. La subdirectora de programación, Elena Vilanova Pérez, cobró dos contratos menores que suman 11.990 euros, poco antes de ser designada para este cargo.

Lo mismo ocurrió con la subdirectora de informativos Esperanza Camps Barber (recibió dos contratos que suman 11.990 euros), las productoras ejecutivas Miriam Civera (11.845 euros) y Celia Civera (10.990 euros), el jefe de redacción Francesc Piera Sirera (3.630 euros) o el director de Ingeniería José Manuel García Duarte (5.800 euros).

La querella llama la atención sobre el hecho de que la mayoría de estos contratos menores asciende a 5.995 euros, ligeramente por debajo del límite legal de 6.000 euros que habría obligado a poner en marcha un expediente por procedimiento negociado, reclamando otras ofertas.

La juez instructora, Isabel María Flor Llorente, aprecia en estos hechos indicios del delito de prevaricación, por lo que ha admitido a trámite la querella y ha citado a declarar como imputados a Enrique Soriano y Empar Marco para el próximo20 de junio. Además, la juez ha reclamado al ente público que le entregue copia de todos los contratos mencionados en la querella.

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