La Generalitat engañó al juez: Puigdemont gastó más de medio millón en publicidad del referéndum ilegal

Los interventores de la Generalitat engañaron al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, cuando el Ejecutivo autonómico ya estaba bajo el control del Gobierno central en aplicación del artículo 155.

El abogado de Carme Forcadell entregó el pasado 9 de noviembre al juez Llarena un certificado expedido por la Intervención General de la Generalitat, según el cual el gobierno de Puigdemont tan sólo gastó 25.000 euros públicos en la organización del referéndum.

La ex presidenta del Parlament quedó en libertad 24 horas después, tras depositar una fianza de 150.000 euros, recaudados a través de la «caja de solidaridad» de la ANC. Para salir de la cárcel, Forcadell aseguró al juez que acata la Constitución, pero ahora vuelve a decir que trabajará para hacer realidad la «república catalana» vulnerando por tanto la Constitución.

Los informes elaborados ahora por la Guardia Civil demuestran que los interventores de la Generalitat mintieron al juez Llarena. La Policía Judicial estima que el gobierno de Carles Puigdemont gastó más de medio millón de euros públicos, tan sólo en publicidad de su referéndum ilegal de independencia. Algo que acredita la existencia de un delito de malversación de fondos públicos, que se suma a los de rebelión y sedición.

La maquinaria de intoxicación de TV3

En las semanas previas al 1-O, la Generalitat difundió a través de las redes sociales un vídeo animando a los residentes en el extranjero a inscribirse para poder votar en el referéndum. La producción y difusión de este vídeo costó 224.835 euros públicos, según el dictamen de la Guardia Civil.

La Generalitat puso en marcha una segunda campaña de publicidad, animando a los catalanes a participar en el referéndum ilegal. Los principales medios de comunicación se negaron a emitirla, porque el referéndum ya había sido prohibido por el Tribunal Constitucional.

La campaña sí fue emitida por TV3, con la autorización expresa del entonces conseller de Presidencia Jordi Turull. La Guardia Civil cifra en otros 277.804 euros el coste de la difusión de esta campaña en TV3, si bien especifica que se habría abonado a través del contrato marco suscrito entre la televisión autonómica y la Generalitat.

La corporación de TV3, que sigue actuando como la principal maquinaria de intoxicación y propaganda del independentismo, es completamente deficitaria, por lo que precisa una inyección de dinero público que ronda los 200 millones de euros anuales.

La red de embajadas de Romeva

La Guardia Civil concluye por tanto que el Govern de Puigdemont gastó 502.639 euros públicos, tan sólo en publicidad del referéndum. Pero a esta cantidad hay que sumar otras partidas. Como ha informado OKDIARIO, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat encargó la gestión del voto electrónico del 1-O a la empresa T-Systems, que durante los últimos años ha recibido contratos de la Administración autonómica por importe de más de 310 millones de euros.

La Policía Judicial menciona también el dinero público gastado por la Generalitat para «internacionalizar el proceso» a través del Diplocat y su red de embajadas: en total, 35 millones de euros anuales. Unos fondos públicos que el Govern de Puigdemont ha utilizado (con escaso éxito) para obtener el apoyo de gobiernos extranjeros y de personalidades como Julian Assange o Yoko Ono.

En el caso del fundador de WikiLeaks, parece que ya se le ha acabado el contrato, pues lleva más de un mes sin tuitear sobre Cataluña, tras hacerlo compulsivamente durante varias semanas. Su silencio se produce después de que el diario El País publicara las fotos del empresario de medios de comunicación Oriol Soler (miembro del núcleo duro de los independentitas y beneficiario de subvenciones millonarias de la Generalitat) abandonando la embajada de Ecuador en Londres tras visitarle.

El presupuesto público del Diplocat (del que era responsable el entonces conseller Raül Romeva) también sirvió para pagar los viajes y estancias de los «observadores internacionales» del 1-O. Entre ellos se encontraban representantes de varios partidos de la extrema derecha europea, del Sinn Féin (el antiguo brazo político del grupo terrorista IRA) y de la izquierda abertzale vasca.

El ‘impuesto revolucionario’ de la ANC

En cuanto a la compra de las urnas del 1-O, el informe de la Guardia Civil menciona las informaciones de TV3, según las cuales fueron pagadas por la ANC. El presupuesto de la ANC es uno de los misterios que este proceso judicial va a despejar.

Mientras los independentistas de Òmnium han recibido durante años subvenciones públicas millonarias, con el pretexto de fomentar el uso del catalán, la ANC presume que no ha recibido ni un euro público. Pero la Guardia Civil sospecha que buena parte de las «donaciones» que recibe han funcionado como una suerte de impuesto revolucionario cobrado a grandes empresas de Cataluña. Incluso a las que ahora han trasladado su sede fuera de la región huyendo del procés.

Queda por último el coste de las papeletas del 1-O, que salieron de varias imprentas que han recibido importantes subvenciones de la Generalitat. Sólo un ejemplo: el editor del semanario El Vallenc, Francesc Fábregas, que quedó imputado por imprimir material electoral del 1-O, ha recibido desde 2013 más de 411.000 euros en contratos de publicidad de la Diputación de Tarragona, de la que su hija era diputada provincial por el PDeCAT.

El informe de la Guardia Civil deja claro que la Intervención de la Generalitat –cuando ya se encontraba bajo el control del Gobierno con el artículo 155– mintió al juez Pablo Llarena para negar el delito de malversación y facilitar la puesta en libertad de Carme Forcadell y el resto de golpistas.