La fiscal que frena la investigación al PSOE de Castilla-La Mancha fue promocionada por Zapatero

La fiscal que está frenando la investigación al PSOE de Castilla-La Mancha por presunta corrupción gubernamental fue promocionada a la Fiscalía especial Anticorrupción por el Ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Se trata de María Elena Lorente Pablo. Entró en ese destino, actualmente bajo la dirección del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, el 10 de noviembre de 2006. Fue nombrada por el Consejo de Ministros, a propuesta del entonces titular de Justicia, Juan Fernando López Aguilar. Todo ello, a su vez, tras avalar a María Elena Lorente el entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que se mantuvo al frente de la Fiscalía del Estado durante toda la etapa de gobierno de Zapatero y que el pasado enero fue elegido presidente del Tribunal Constitucional.

Ante la investigación por presunta corrupción abierta contra cargos del PSOE de Castilla-La Mancha, Alejandro Luzón se apresuró a asumir la competencia de su Fiscalía especial Anticorrupción para entender de esa gruesa denuncia de más de 300 páginas presentada ante la Audiencia Nacional por una comunidad de 3.000 regantes de Albacete y Cuenca. Acusan a destacados rostros del PSOE de Castilla-La Mancha, entre ellos al ex presidente autonómico José María Barreda y a otros altos cargos institucionales. En total, ponen en la diana a 18 cargos públicos en el último gran feudo regional que le queda actualmente al PSOE, Castilla-La Mancha.

La denuncia llegó a la Audiencia Nacional en diciembre, lo que multiplicaba la incomodidad para los socialistas, por la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas de mayo. La titular del juzgado María Tardón vio en esa querella por presunta corrupción elementos suficientes como para abrir diligencias previas de investigación, e instó a la Fiscalía a que se pronunciara ante este caso que acecha al PSOE.

Trayectoria con aval ministerial

El asunto fue rápidamente asumido por la oficina del fiscal Luzón, que asignó al mismo a María Elena Lorente Pablo, veterana en esa Fiscalía especial gracias a aquella promoción que le procuró el PSOE en tiempos de Rodríguez Zapatero. Eso le ha permitido tener, desde entonces, una posición especialmente sensible en la Fiscalía Pública ante casos de corrupción que pueden afectar a políticos.

De hecho, el nombre de esta fiscal está ligado a uno de los más mediáticos casos que afectaron a la imagen del PP, el que se desplegó contra el ex vicepresidente del Gobierno y ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato. Lorente Pablo fue el azote del Ministerio Público con el que tuvo que lidiar la defensa de Rato en ese proceso.

Reinstalado el PSOE en el Gobierno con el presidente Pedro Sánchez, el Ministerio de Justicia volvió a fijarse en María Elena Lorente Pablo para intentar promocionarla. Así, hace sólo un año la incluyó en la selecta lista elevada al Colegio de Fiscales Europeos para que eligiera nuevos fiscales europeos delegados, los que esa instancia europea tiene asentados en cada país miembro. María Elena Lorente Pablo es uno de los siete nombres que eligió la comisión tutelada por el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, pareja de la presidenta del Congreso, la también socialista Meritxell Batet.

La orden con la que aprobó esa lista la firmó Campo el 6 de abril del año pasado. En julio dejó el Gobierno de Sánchez para incorporarse como magistrado del Tribunal Constitucional, tras haber ocupado cargos políticos con el PSOE.

Se queja de «farragosa»

La fiscal María Elena Lorente Pablo se ha despachado la querella que compromete al PSOE castellano-manchego con apenas cinco folios. En vez de ampliar la información y profundizar en los hechos relatados en la denuncia, Lorente Pablo ha solicitado el archivo inmediato de la querella en vísperas de las elecciones autonómicas en las que el PSOE se juega este último bastión castellano. Así, la fiscal dice, respecto a la denuncia, que «la exposición de tales hechos, aparte de carecer de la necesaria concreción que esta Jurisdicción penal requiere» y se queja de que esos más de 300 folios de relato acusatorio incurren, a su juicio, «en una farragosa y muchas veces incomprensible redacción de hechos de distinta naturaleza, sin concreción y sin el mínimo estándar fáctico que debe regir una querella penal».

Ante esa «farragosidad» de la que se queja la fiscal cabría solicitar aclaraciones y ampliaciones de información. Es decir, avanzar en la investigación para aclarar la presunta corrupción apuntada en la querella que compromete al PSOE. Sin embargo, la fiscal se lo ha despachado diciendo que no ve ilícito penal alguno –los querellantes aluden a siete delitos– e insta a los denunciantes a que, en vez de ir contra ellos por lo penal, actúen por la más benigna jurisdicción contencioso-administrativa.

Contrasta con lo que decía

Contrasta el criterio utilizado por la fiscal en su escrito con lo que ella misma, en 2008, decía que debe regir la actuación de la Fiscalía Anticorrupción. Lo hacía en una entrevista para una publicación oficial, Infofiscalía, el boletín informativo de la Fiscalía General del Estado. En su número 32, de marzo de 2008, decía María Elena Lorente Pablo que la Fiscalía Anticorrupción debe ser especialmente proactiva a la hora de investigar, de despejar cualquier duda antes de enterrar un caso de presunta o posible corrupción.

«En Anticorrupción no se espera que la causa llegue del juzgado, nosotros vamos a la causa», afirmaba entonces la fiscal que ahora, tras recibir la denuncia desde el juzgado, ha pedido su archivo inmediato con, entre otros, el argumento de que adolece de una «redacción farragosa». En aquella misma publicación oficial de la Fiscalía, la promocionada a Anticorrupción por el Gobierno de Rodríguez Zapatero decía también que «en esta Fiscalía cobran especial relevancia las diligencias de investigación que son el embrión de muchos procedimientos, permitiendo al fiscal, naturalmente hasta unos ciertos límites, hacer unas primeras averiguaciones que pueden resultar fundamentales para la instrucción posterior en el juzgado».

Las fiscales europeas

Por otra parte, al archivo promovido a instancia de esta fiscal anticorrupción se ha sumado también, en criterio compartido, el escrito que sobre el mismo caso han presentado las fiscales europeas delegadas, ya que también a ellas llegó la querella, por cuanto se cifra en más de 1.200 millones de euros y afecta de lleno a fondos europeos. Pues bien, quienes en este caso piden el archivo de las investigaciones antes siquiera de que comiencen son dos de las fiscales europeas promovidas a tales cargos por el actual Gobierno de Pedro Sánchez. En concreto, Olga Muñoz Mota y Gloria Yoshiko Kondo Pérez. Ambas figuraban en la misma lista de siete nombres que, hace un año, el Ministerio de Justicia elevó a Europa para la designación de nuevas fiscales delegadas europeas en España. Sus nombres, finalmente, sí que prosperaron y ocupan dichos cargos en la actualidad.