Edmundo Rodríguez se enriqueció cobrando comisiones en Panamá, Haití, Colombia y República Dominicana

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha reunido pruebas que acreditan que varias filiales del Canal de Isabel II pagaron comisiones en Panamá, Haití, Colombia y Santo Domingo a cambio de la adjudicación de obras y proyectos públicos.

En su auto dictado el pasado viernes, el magistrado apunta que parte del dinero de estas comisiones se lo embolsó Edmundo Rodríguez Sobrino, que en aquel momento era el presidente ejecutivo de Inassa, la división del Canal de Isabel II para Iberoamérica.

Al respecto, el magistrado alude al ingente patrimonio que amasó durante su etapa en la empresa pública, parte del cual podría estar a nombre de su hija. En el modelo 720 presentado ante la Agencia Tributaria, Patricia Rodríguez se declara titular de  una vivienda en Barranquilla (Colombia), otra en puerto Plata (República Dominicana), otra en Londres y varias cuentas corrientes en el Reino Unido y la Isla de Jersey (que opera como un paraíso fiscal).

Según el auto judicial, Edmundo Rodríguez dirigió personalmente la compra, por parte del Canal, de la filial brasileña Emissao por 21 millones de euros. Dos años después, el valor de esta empresa se había reducido a tan sólo 5 millones.

Un agujero de 16 millones en Brasil

Tal como destaca el auto judicial, la compra se realizó sin una valoración independiente, sin informar al consejo de administración del Canal de Isabel II y sin la preceptiva autorización de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid. El pago de los 21 millones de euros se efectuó en Suiza y Brasil a través de varias sociedades interpuestas.

El magistrado Eloy Velasco deduce de todo ello que una parte del sobreprecio pagado pudo ir a parar a los bolsillos de responsables políticos del Canal, entre los que menciona expresamente a Edmundo Rodríguez.

«El grado de participación de Edmundo Rodríguez Sobrino en la operación societaria de Emissao», indica el auto judicial, «y los numerosos indicios obtenidos de la existencia de patrimonio oculto sin declarar dan solidez a que Edmundo Rodríguez Sobrino pudiera ser uno de los destinatarios de una cantidad por determinar de los fondos públicos supuestamente desviados».

Pero el juez de la Audiencia Nacional también ha detectado varias operaciones realizadas en Latinoamérica en las que distintas filiales del Canal de Isabel II habría pagado comisiones ilegales.

Comisiones en las Islas Vírgenes

Un consorcio formado por Inassa (entonces presidida por Edmundo Rodríguez) y la Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas (CLEOP) obtuvo en 2012 un contrato de 4 millones de dólares para ejecutar el alcantarillado del municipio de Pintada, en Panamá.

El juez señala que este consocio habría pagado «una comisión ilegal de 273.672 dólares» en las Islas Vírgenes para obtener la adjudicación. Todo ello, con conocimiento de los máximos responsables de ambas empresas: Javier Domínguez Anaya (gerente de Inassa en Panamá) informó a Edmundo Rodríguez, mientras que Carlos Bello Vicente informó al presidente de CLEOP, Carlos Turró Homedes.

Otra filial de Inassa, AAA Dominicana, «habría estado pagando periódicamente comisiones ilegales relacionadas directamente con contratos públicos adjudicados» en República Dominicana. En este caso, el juez menciona dos comisiones de 440.000 y 393.500 dólares.

En el marco de una operación contra la corrupción, la Policía de Colombia detuvo el pasado mes de diciembre a dos hermanos del empresario Antonio Avila Cahssaigne, miembro del consejo de administración de otra filial de Inassa, ASAA, que presta los servicios de abastecimiento de agua en Colombia.

Un negocio inmobiliario de 10 millones

«Los fondos generados por la presunta comisión de estos hechos supuestamente delictivos podrían también haber nutrido el patrimonio oculto que parece ostentar Edmundo Rodríguez Sobrino», señala el juez instructor sobre los casos citados.

Al respecto, menciona un último ejemplo de prácticas corruptas: «También se han tenido indicios de que la sociedad española Incatema habría pagado algún tipo de comisión al ex consejero de Canal Extensia (del grupo del Canal de Isabel II) Javier Soler Gallego. Esta comisión podría estar relacionada con contratos de obra pública adjudicada en Haití a consorcios de empresas integrados por Incatema y sociedades de la órbita de Inassa», relata el auto judicial.

El juez Velasco recuerda que Edmundo Rodríguez se acogió a la amnistía fiscal de 2012 para aflorar 402.239 euros que ocultaba en el extranjero en una cuenta del Credite Agricole. Además de las propiedades que figuran a nombre de su hija, varios correos electrónicos intervenidos por la Guardia Civil acreditan que el hombre de confianza de Ignacio González negociaba participar en una operación inmobiliaria en España por importe de 10 millones de euros y otra en Bogotá (Colombia).