C’s tuvo una empresa para seleccionar sus fichajes pero Lacasa pidió a Astra informes confidenciales

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Albert Rivera, a las puertas del Teatro Real en un acto de Ciudadanos. (Foto: Francisco Toledo)

Ciudadanos recurrió durante varios años, desde 2013 a 2015 aproximadamente, a los servicios de una consultora especializada en reputación y análisis de inteligencia para evaluar la idoneidad de sus fichajes y candidatos.

Se trata de una firma especializada en análisis y estrategia, con sede en Madrid, que ofrece asesoramiento tanto a grandes empresas como a organizaciones públicas. Entre los servicios que ofrece a las empresas se encuentra el diseño de estrategias de negocio, internacionalización, políticas de marca y reputación, y selección de altos directivos.

Este último servicio es muy similar al que prestó durante años a Ciudadanos, para analizar la idoneidad de sus aspirantes investigando a su entorno más próximo, su trayectoria profesional o, por ejemplo, su presencia en las redes sociales. La citada firma realizó cerca de medio millar de informes para C’s en tres años.

El objetivo era evitar que a Ciudadanos le estalle un escándalo, por ejemplo al fichar a un candidato procedente de otra formación política que pueda estar implicado en un caso de corrupción. Para ello, la firma contratada recogía la información necesaria en las llamadas "fuentes abiertas" y con métodos completamente legales: desde entrevistas personales a publicaciones de prensa, edición de los boletines oficiales y redes sociales.

Datos protegidos por la Ley

Se trataba de un servicio completamente legal, que concluyó en 2015, muy distinto al que el jefe de seguridad de Ciudadanos (C’s), Francisco Lacasa, planteó en mayo de 2017 al presidente de la empresa de seguridad Astra Sistemas, Vicente Codes: según la denuncia presentada el pasado día 11 en la Fiscalía de Barcelona, Lacasa pidió a Codes que le suministrara dossieres confidenciales sobre determinadas personas, con datos como antecedentes penales, declaraciones de Hacienda, afiliación a la Seguridad Social e informes sanitarios.

Todos estos datos están protegidos por la Ley, por lo que su obtención ilegal puede constituir un delito de revelación de secretos penado con hasta cuatro años de cárcel. Según la denuncia presentada en Fiscalía, la persona que debía suministrar estos informes es el ex comisario de Policía Nacional Francisco Álvarez, quien fue condenado a nueve años de cárcel por su papel en la organización de la guerra sucia de los GAL.

Fuentes oficiales de Ciudadanos han confirmado la reunión celebrada por su jefe de seguridad con Vicente Codes en mayo de 2017. El partido naranja señala que Lacasa se limitó a reunirse con un posible proveedor, Astra Sistemas, para conocer qué servicios presta esta empresa, pero no cerró ningún acuerdo ni encargó "nada que pueda ser ilegal". Lo cierto es que Francisco Lacasa conocía bien qué servicios presta Astra Sistemas, pues trabajó en esta empresa durante tres años, a las órdenes de Vicente Codes, justo hasta que fue nombrado jefe de seguridad de Ciudadanos en abril de 2017.

Contratos de la Generalitat

Siempre según la denuncia presentada en Fiscalía (cuyo contenido niega la dirección de Ciudadanos), Vicente Codes transmitió el encargo de Lacasa al ex comisario de Policía Francisco Álvarez, con el que había mantenido negocios con anterioridad. Codes había comprado en 1995 al entonces imputado por la guerra sucia del GAL su empresa de seguridad Mitsa, que rebautizó como Telefonía Catalana SA (Tecat).

Con esta firma, Codes obtuvo en 2001 un contrato del Departamento de Justicia de la Generalitat para instalar los sistemas de vídeovigilancia en la Fiscalía de Barcelona y en otras sedes judiciales. Algo que provocó acusaciones de tráfico de influencias, ya que el hermano de Vicente Codes era socio de Salvador Sedó (destacado miembro de Unió Democràtica de Catalunya) en otra sociedad, Unicat Consultores de Telecomunicaciones.

En cuanto a Francisco Álvarez, a través de su empresa de seguridad Check and In SA (de la que es socio junto al comisario de Policía en excedencia Jesús Argüelles) también recibió contratos de al menos tres departamentos de la Generalitat para realizar barridos (para la detección de micrófonos ocultos y escuchas), aunque uno de sus principales clientes fue el financiero Javier de la Rosa.

El secuestro de Segundo Marey

La sentencia dictada por el Tribunal Supremo en 1998 consideró probado que Francisco Álvarez (quien en aquel momento era jefe superior de la Policía en Bilbao) estuvo al corriente de todos los pasos del secuestro de Segundo Marey, junto al ex ministro José Barrionuevo, Rafael Vera, Julián Sancristóbal y Ricardo García Damborenea.

Siempre según la sentencia, Álvarez (que fue condenado a nueve años de cárcel) entregó personalmente en una habitación del hotel Ercilla 10.000 francos a cada uno de los mercenarios franceses contratados para ejecutar el secuestro. Además, visitó junto al comisario Planchuelo la cabaña de Cantabria en la que permanecía retenido Segundo Marey, y dio instrucciones para ponerlo en libertad tras constatar que los mercenarios se habían equivocado de persona: habían secuestrado a un viajante de comercio francés, en vez de a un miembro de ETA.

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