C’s negoció con un ex jefe del GAL la compra de dossieres sobre rivales a 2.000 € el ejemplar

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Albert Rivera, el jefe de seguridad de Ciudadanos Francisco Lacasa y el ex comisario Francisco Álvarez, condenado por su implicación en los GAL.

El jefe de seguridad de Ciudadanos (C’s), Francisco Lacasa, negoció la compra de dossieres con información confidencial (incluyendo antecedentes penales, declaraciones de Hacienda y datos sanitarios) sobre rivales políticos y posibles fichajes del partido, según una denuncia presentada este lunes ante la Fiscalía de Barcelona. El precio de cada uno de estos informes reservados se fijó entre 2.000 y 2.500 euros.

La persona que debía suministrar esta información protegida por la Ley es uno de los máximos responsables de los GAL: el ex comisario de la Policía Nacional Francisco Álvarez, que fue jefe del Mando Único de la Lucha Antiterrorista bajo la presidencia de Felipe González. Álvarez fue condenado en 1998 por el Tribunal Supremo a nueve años de cárcel como uno de los principales organizadores del secuestro de Segundo Marey.

Estos hechos han sido denunciados en Fiscalía por un testigo presencial, el técnico informático y experto en ciberseguridad Albert Gabàs: “Durante un breve período de tiempo, en el que desconocía el calibre como corruptos de los personajes”, señala literalmente, “me relacioné con Vicente Codes y Francisco Álvarez, ambos interesados en constituir una sociedad para ofrecer servicios de ciberseguridad“.

Según relata en su escrito, el 3 de mayo de 2017 asistió en la sede de Ciudadanos en Madrid a una reunión, en la que participaron el jefe de seguridad del partido, Francisco Lacasa, y Vicente Codes Olmos, que en aquel momento era presidente de la empresa de seguridad Astra Sistemas SA.

Buscaba micrófonos ocultos

Siempre según la denuncia, en la reunión Francisco Lacasa pidió la colaboración de Vicente Codes para obtener”informes de personas, que detallaran sus antecedentes penales, registros de Hacienda, salud, lo más completos posibles, con toda la información obrante en la Administración”.

En los tres casos citados se trata de datos protegidos por la Ley, por lo que su obtención ilegal puede constituir un delito de revelación de secretos, penado con hasta cuatro años de cárcel. Los dos interlocutores de Lacasa interpretaron que los informes que deberían elaborar, con datos confidenciales, se referían tanto a rivales políticos de Ciudadanos, como a personalidades que desearan incorporarse a esta formación política, para evaluar su idoneidad.

En otras palabras, se trataba de evitar que a C’s le cuelen un candidato como Pilar Baeza, la número 1 de Podemos por Ávila que fue condenada a 30 años de cárcel por participar en el asesinato de un joven.

En la reunión, Francisco Lacasa especificó a Codes que no debía facturar al partido este servicio a través de su empresa, Astra Sistemas, sino utilizando “otra denominación societaria”. Lacasa quería evitar así que el encargo se vinculara a su antigua compañía. Acababa de incorporarse como jefe de seguridad de Ciudadanos en abril de 2017, después de trabajar durante tres años (entre 2014 y 2017) para Astra Sistemas, la empresa de Vicente Codes.

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Encabezamiento de la denuncia presentada el lunes ante la Fiscalía de Barcelona.

Durante la reunión, Lacasa también se interesó por otros servicios: la realización de un barrido para detectar micrófonos ocultos en la sede central de Ciudadanos (situada en la calle Alcalá de Madrid) y la colocación de un film protector en las cristaleras de la sala en la que se reúne la ejecutiva del partido, que actuara como inhibidor de señales de wifi y de posibles escuchas, para garantizar la confidencialidad de las reuniones.

De regreso a Barcelona, para cumplir este encargo Vicente Codes se reunió (en presencia de Albert Gabàs) con el ex comisario Francisco Álvarez, quien tras ser procesado por los crímenes de los GAL gestiona varias empresas de seguridad en la Ciudad Condal.

Codes expuso el encargo de Ciudadanos y Francisco Álvarez puso precio a este servicio: cada informe confidencial que elaborara (con datos obtenidos ilegalmente) costaría entre 2.000 y 2.500 euros, aunque también planteó la posibilidad de que el partido naranja contrate una suerte de tarifa plana, un paquete anual que incluiría diversos informes.

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Fragmento de la denuncia presentada el lunes ante la Fiscalía de Barcelona.

Albert Gabàs ha incorporado a su denuncia varios correos electrónicos para acreditar estos hechos. En uno de ellos, fechado el 22 de mayo de 2017, Vicente Codes se dirigió al ex comisario Francisco Álvarez y a Albert Gabàs, con el siguiente aviso: “Debemos vernos inmediatamente. Desde el día 3 de Mayo que estuvimos reunidos con el Sr. Lacasa todavía no hemos sido capaces de preparar un presupuesto. Os aseguro que así no podemos ir a ningún sitio”.

Y dirigiéndose al ex comisario de Policía añadió: “Paco, el Sr. Lacasa necesita los informes de antecedentes penales, lo hablamos cuando nos veamos”.

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Correo electrónico (incluido en la denuncia) enviado el 22 de mayo de 2017 por Vicente Codes a Francisco Álvarez y Albert Gabàs.

Por su parte, Albert Gabàs (que en aquel momento actuaba como técnico de una de las filiales de Astra Sistemas) respondió aludiendo al cometido que había asumido: “Perfecto, te preparamos urgentemente el presupuesto del barrido convencional. Para la otra solución, valoramos volver a la sede para tomar medidas principalmente de las superficies de cristal“.

Se refería a los dos servicios complementarios que había solicitado el jefe de seguridad de Ciudadanos: la realización de un barrido para detectar micrófonos ocultos, y la colocación de un film inhibidor en la sala de reuniones de la ejecutiva.

En su denuncia ante la Fiscalía, Gabàs recuerda que estos hechos pueden ser constitutivos de un delito de revelación de secretos. Por todo ello, pone en conocimiento de la Fiscalía que “el epicentro de la actividad denunciada sería el domicilio de la sociedad Check And In, como despacho de Francisco Álvarez y [su socio] Jesús Argüelles, para que pueda practicar las diligencias oportunas”.

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Francisco Álvarez, Julián Sancristóbal y Ricardo García Damborenea, en 1998 durante el juicio por el secuestro de Segundo Marey (Foto: EFE).

El empresario Vicente Codes y el ex comisario Francisco Álvarez son viejos conocidos. En 1995, el entonces imputado por los GAL vendió por 45 millones de pesetas a un grupo de inversores encabezado por Codes su empresa de seguridad, Matenimiento Instalaciones Telefonía SA (Mitsa), que tenía su sede en Cornellà de Llobregat. Tras hacerse con su propiedad, Vicente Codes rebautizó esta empresa como Telefonía Catalana SA (Tecat).

Asesor de inteligencia de Javier de la Rosa

Francisco Álvarez montó luego junto al también comisario de Policía en excedencia Jesús Argüelles otra empresa de seguridad, Check and In SA, que tuvo como principales clientes a varios Departamentos de la Generalitat y al empresario Javier de la Rosa, un hombre obsesionado por acumular información y dossieres confidenciales para usarlos en el momento oportuno contra sus enemigos.

En cuanto a Francisco Lacasa, antes de ser designado jefe de seguridad de Ciudadanos y de trabajar para Astra Sistemas (la firma de Vicente Codes), fue consultor de la compañía Halcón de Seguridad y Vigilancia SL, que entre otros servicios tuvo a su cargo la seguridad de la Copa América de Valencia y los estudios de cine de la Ciudad de la Luz de Alicante.

OKDIARIO ha intentado recabar este jueves la versión de Ciudadanos sobre estos hechos, pero fuentes oficiales del partido han eludido, por el momento, realizar cualquier valoración sobre la denuncia que tramita la Fiscalía.

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