Juan Carlos I

La Justicia inglesa retira la inmunidad a Juan Carlos I y abre la puerta a que sea juzgado por acoso a Corinna

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Corinna Sayn-Wittgenstein ha logrado que el Tribunal Superior de Londres retire a Juan Carlos I la inmunidad legal y pueda ser juzgado en un tribunal británico tras la querella presentada por acoso extremo y vigilancia ilegal. A partir de ahora, el Rey emérito, como reclamaba su ex compañera sentimental, podrá ser juzgado en Reino Unido por los delitos cometidos tras su abdicación en junio de 2014 como cualquier ciudadano de a pie.

El magistrado londinense Matthew Nicklin estima, tras la investigación judicial, que Juan Carlos I ha perdido los beneficios constitucionales de inviolabilidad que disfrutó durante su etapa como monarca y jefe del Estado. Durante la vista oral en el Tribunal Superior de Londres, el letrado del Rey Emérito Daniel Bethelehem, del despacho de Clifford Chance, defendió que su cliente conservaba su inmunidad en dos aspectos: su condición de «soberano» por su título de Rey emérito y como miembro de la Casa Real de Felipe VI, junto a la Reina Letizia, las infantas y Doña Sofía.

La querella de Corinna acusa a Juan Carlos I de un acoso intensivo y someterla a una opresión y vigilancia por medio de funcionarios de los servicios secretos españoles. Según la princesa alemana, tras la ruptura sentimental y, sobre todo, tras el accidente de Botsuana en 2012, comenzaron los seguimientos y las amenazas. En un escrito durísimo aseguraba que el demandado había utilizado «a los agentes del Estado español y mercenarios para intimidarla a ella y sus hijos, influir negativamente en sus ex maridos, su hija, su hijo y muchos de sus amigos alegando que la demandante le había robado y no era de fiar».

Juan Carlos I, según Corinna, la difamó ante sus clientes y socios comerciales; suministró, o hizo que se suministrara, a los medios de comunicación para su publicación información falsa en el sentido de que era deshonesta, había robado dinero, había abierto cuentas falsas con el fin de recibir comisiones y era una amenaza para la seguridad nacional de España. Además, propagaban la falsedad de que «estaba intentando chantajear a la Familia Real».

Durante las sesiones en el Tribunal Superior de Londres, el letrado Bethelehem insistió en que el Rey emérito disfrutaba de inmunidad en función de la State Inmunity Act  (Ley de Inmunidad de los Estados) del Reino Unido de 1978. Esa norma reza que los soberanos o jefes de Estado pueden beneficiarse la inmunidad tanto en actos públicos como privados. Ese disfrute abarcaría también a los miembros de la Fmilia Real que compartan una misma residencia, en el caso español la Zarzuela. Esa condición, como destaca el juez del Tribunal Superior, no la cumple en la actualidad el ex monarca que reside en la isla Zaya Nurai en Abu Dabi,

Por su parte, el abogado de Corinna, James Lewis, defendió que Juan Carlos I perdió sus privilegios de inmunidad tras su abdicación en junio de 2014 y su retirada de la vida pública cinco años después. El único Monarca que conservaría la inmunidad ante los tribunales británicos sería Felipe VI. Sus argumentos coinciden con la propia visión de la Zarzuela.

Comunicado de Palacio

La Casa del Rey emitió un comunicado el 15 de marzo de 2020 en el que anunciaba que Juan Carlos I dejaba de «recibir la asignación» que tenía garantizada todos los años en los Presupuestos de la Casa de Su Majestad el Rey. Así mismo, reconocía otro argumento, que favorecía los intereses judiciales de la ex compañera sentimental de Juan Carlos I: «Tras su abdicación en junio de 2014, el 27 de mayo de 2019, anunció que en junio de ese año ponía fin a toda actividad institucional u oficial, retirándose completamente de la vida pública».

La sentencia del Tribunal Superior de Londres llega en un momento delicado para Juan Carlos I que pretendía regresar a España antes del verano, al menos momentáneamente. El varapalo judicial británico puede retrasar su salida de Abu Dabi donde reside desde 2020. Se da la circunstancia de que el ex monarca ha contratado a otros dos letrados para su representación ante los tribunales británicos. A partir de ahora contará con cuatro abogados, lo que supone una mayor carga económica. El bufete londinense de Clifford Chance es uno de los más importantes del mundo, pero también uno de los más caros. Un ejemplo de transparencia debería llevar a Juan Carlos I a explicar cuál va a ser la procedencia del dinero para cubrir esos gastos judiciales.

La decisión del juez Mathew Nicklin se ha mantenido en secreto, bajo llave durante semanas, con fuertes medidas de seguridad y exigiendo a los letrados una total confidencialidad bajo la amenaza de un severo castigo. Las defensas de Juan Carlos I y Corinna conocían desde hace unos días el contenido de la sentencia, pero tenían permanentemente prohibido cualquier filtración, ni a sus propios clientes. Así funciona la Justicia en el Reino Unido.

En Londres, las fuentes judiciales consultadas por OKDIARIO no se explican la estrategia de la defensa de Juan Carlos I en la recta final del proceso. Se desconoce si la sentencia del magistrado británico fue adoptada antes del comunicado de la Casa del Rey, emitido el pasado 7 de marzo, porque el contenido de la carta remitida por Juan Carlos I a su hijo para que fuera difundida públicamente ha destruido la línea de la defensa del Rey emérito.

El 7 de marzo la Casa del Rey difundió un comunicado en el que reproducía una carta que Juan Carlos I había remitido a su hijo Felipe VI dos días antes.  En la misiva, el Rey emérito reconocía que desde agosto de 2020 residía en Abu Dabi, un lugar en el que, según él, había «adaptado» su forma de vida. También señalaba: «Prefiero en estos momentos, por razones que pertenecen a mi ámbito privado y que sólo a mi me afectan, continuar residiendo de forma permanente y estable en Abu Dabi, donde he encontrado tranquilidad, especialmente para este periodo de mi vida».

El ex monarca también le recordaba a su hijo y jefe del Estado: «Como bien sabes, en 2019 te comuniqué mi voluntad de retirarme de la vida pública y así seguiré haciendo».

Argumentos denostados

Con esos argumentos destrozaba los postulados que sus abogados defendieron ante el Tribunal Superior de Londres durante la vista oral del pasado mes de diciembre: que Juan Carlos I tenía su residencia en el Palacio de la Zarzuela y que disfrutaba de los privilegios por ser un representante de la Corona española. Pero en el comunicado emitido por la Casa del Rey se hacía también hincapié en que Jun Carlos I había abandonado sus responsabilidades en 2019 y que residía permanentemente desde el 2020 en Abu Dabi.

La teoría de que el Reino Unido era incapaz legalmente para juzgar en su jurisdicción al ex Rey al estar éste protegido por su inviolabilidad comenzaba a hacer aguas. Durante la exposición ante el tribunal los letrados británicos Daniel Bethelehem y Philippa Wess se remontaban hasta el tratado de Utrecht de 1713-15 para afianzar sus argumentos, pero la nota de Zarzuela consensuada con Juan Carlos I torpedeaba todo el esfuerzo del bufete de Clifford Chance y del constitucionalista español Bernardo del Rosal.

Durante el proceso judicial, incluso, uno de los representantes legales de Juan Carlos I presentó una declaración jurada, como hizo Corinna en el caso Villarejo ante notario, afirmando que el ex Rey tenía inmunidad porque residía en la Zarzuela y su desplazamiento a Abu Dabi no era permanente.

Los comunicados de La Zarzuela y del propio Juan Carlos I de 15 de marzo de 2020 y 7 de marzo de 2022 han servido para allanar el camino legal de la princesa alemana. En ellos la Casa del Rey reconocía que el ex monarca ya no vive en España, que no reside en el complejo de la Zarzuela junto a la familia real, que dejó de representar a España institucionalmente, que no percibe asignación económica del Estado, que ha fijado su domicilio fiscal en los dos últimos años en la isla Zaya Nurai de Abu Dabi y que sólo piensa visitar frecuentemente España.

Los expertos judiciales no se explican una contradicción tan burda, a no ser que encierre alguna estratagema para afrontar su nuevo horizonte penal en Londres. La pregunta que sobrevuela por los despachos jurídicos es: «¿Por qué la Zarzuela hace pública una carta de Juan Carlos desdiciendo a su defensa legal antes de conocer la decisión del juez?». La única explicación es que Juan Carlos I conociera con antelación los planes del magistrado londinense y se anticipara a los hechos. «Si no conoces la sentencia te colocas en una situación de temeridad. No es ni profesional ni fruto de un gran gabinete de abogados. Algo así nunca se había visto en el Reino Unido», declararon a OKDIARIO.

El propio magistrado durante la vista oral celebrada en Londres el pasado 6 de diciembre pidió a los letrados del ex monarca, hasta en cinco ocasiones, que aportaran en la causa un certificado del Estado español o de la Zarzuela que confirmara que el Rey emérito conservaba su inmunidad.  Ese documento nunca fue incorporado a la causa, pero sorprendentemente la nota de Palacio del 7 de marzo sí puede sustituirlo, pero en sentido contrario.

Tras la victoria

Tras la victoria de Corinna, la causa por acoso extremo y vigilancia ilegal continuará en Londres con Juan Carlos I como un imputado sin privilegios dinásticos, situación que puede perjudicarle en el proceso abierto en Ginebra o, incluso, cualquier otro que pueda ser abierto.

La demanda denunciaba a Juan Carlos I, entre otras acciones, por «someter a Corinna Sayn-Wittgenstein y sus asesores a una estrecha vigilancia en Londres y en otros lugares, de invadir la propiedad de la princesa alemana en Shropshire e interceptar/monitorizar ilegalmente sus cuentas móviles e Internet y las cuentas móviles e Internet de sus asesores».

Para Corinna, según el escrito de denuncia, toda esa presión se debía a que a Juan Carlos I le preocupaba que «ella pudiera revelar información sobre los negocios y asuntos privados del demandado a los medios de comunicación». Para impedirlo, le hicieron saber que si no mantenía silencio «se enfrentaría a consecuencias dañinas y hostiles». Una vez más se ratificaba en que fue amenazada por el general Félix Sanz Roldán, director del CNI, en su visita a Londres en mayo de 2012. Al jefe de los servicios secretos también lo acusaba de ser el coordinador de la operación de Mónaco ordenada por Juan Carlos I para robarle documentos.

Tras la reunión con Sanz Roldán en el hotel Connaught de Londres, Corinna viajó a Suiza donde se encontró en su apartamento un desagradable aviso: «Me habían dejado encima de una mesa de café un libro sobre la muerte de la princesa Diana, que nunca había estado allí ni me pertenecía. Se titulaba: Princesa Diana: la evidencia oculta, cómo el MI6 y la CIA estuvieron involucradas en la muerte de la princesa Diana. Esa noche recibí una llamada telefónica de una persona desconocida que me dijo, en español: «Hay muchos túneles entre Mónaco y Niza». El libro y la llamada estaban obviamente relacionados».

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