‘Caso Puertos’: un informe secreto de 20 folios aportado por un testigo acorrala al PSOE de Baleares

Un informe entregado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca por un empresario amenaza la reelección de la socialista Francina Armengol como presidenta del Gobierno de Baleares. El documento, de 20 folios, fue aportado por un empresario imputado por «descubrimiento de secretos» que, sin embargo, ofreció este documento a la juez instructora del caso Puertos. Esta investigación judicial tiene como imputados a varios directivos de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) dependiente del organismo Puertos del Estado a su vez bajo la órbita del ministerio de Fomento, y recientemente a Rafael Ruiz, alcalde socialista de Ibiza y miembro del consejo de Administración de la APB en representación del Consejo Insular de esa isla. Este informe está siendo investigado por la juez instructora para valorar y decidir las posibles piezas derivadas del caso principal.

El caso fue destapado tras la denuncia de la empresa Club Deportivo Básico 12 Millas ante la Fiscalía Anticorrupción por la adjudicación de la explotación del puerto deportivo ibicenco al Club Náutico de Ibiza (CNI). Esa concesión fue recurrida ante los tribunales administrativos que llegó hasta el Tribunal Supremo y acabó dando la razón al Club 12 millas. El Club Náutico de Ibiza es un negocio muy codiciado debido a la gran cantidad de atraques para yates de lujo durante todo el año. Los actuales concesionarios han ido consiguiendo la adjudicación desde 1970 y todo fue bien hasta que apareció un competidor, Club Deportivo Básico 12 Millas, que aspiraba al negocio. Al no conseguirlo inició la batalla judicial que ha derivado en el caso Puertos.

La posterior investigación de la Guardia Civil descubrió conversaciones entre el presidente de la APB entonces, Joan Gual de Torrella, y la presidenta balear Francina Armengol donde se comprueba que el primero informaba a la segunda sobre las gestiones para la concesión al CNI de Ibiza. En el caso del alcalde ibicenco Rafael Ruiz la juez cree que su participación en la adjudicación del puerto de Ibiza va más allá de su mera participación en el consejo de Administración de la APB y por eso está imputado.

El 23 de julio de 2020 la Guardia Civil irrumpía en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Baleares y detenía a su presidente Gual de Torrella, al vicepresidente Miguel Puigserver; el director, Juan Carlos Plaza; y los directivos José Fernando Berenguer y Armando Parada. Precisamente, Berenguer sería el supuesto autor de esos famosos 20 folios entregados 5 meses después por el empresario detenido e imputado en la causa, pero testigo en la pieza principal, según su declaración ante la jueza que ha podido conocer OKDIARIO.

En realidad este empresario no tiene nada que ver con las adjudicaciones, pero fue acusado de «descubrimiento de secretos» porque en una llamada telefónica efectuada entre el 19 y el 20 de julio de 2020 entre Berenguer y él decía que «les iban a intervenir». Berenguer, imputado por la juez, era el Jefe de Explotación de la APB. La juez también otorga un papel destacado en toda la trama a la asesora jurídica de la APB y abogada del Estado Dolores Ripoll.

Irregularidades

En su declaración el empresario, que fue detenido y pasó una noche en los calabozos de la Guardia Civil, se exculpa de haber avisado a la APB «porque no tengo relación con ellos desde 2017» e incluso explicó que su afirmación no tenía fundamentos reales y estaba basada en «rumores». Pero lo mejor de la declaración del empresario llegó al final de su comparecencia ante la juez cuando dice que posee «una información de la APB donde se ven irregularidades que se cometían en cada uno de los expedientes, que se la dio Fernando Berenguer».

Según el hombre convertido ahora también en testigo de la pieza principal del caso Puertos, él habría ido a casa de Berenguer a recoger esos documentos y le habría dicho «oye dame eso que se lo voy a dar a la gente que me ayuda a mí», aunque «cree que la información que el declarante recibía se la pasaba toda a Jiménez Cisneros (Club Náutico 12 millas)». Después lo aportó al Juzgado. Durante su declaración estuvo presente la fiscal Anticorrupción de Baleares.

Ese informe, fechado en septiembre de 2020, consiste en una serie de 20 folios impresos sin firma ni membrete que recogen por escrito hechos presuntamente irregulares sucedidos en todos los puertos de Baleares tras la llegada de Gual de Torrella de la mano de Francina Armengol a la presidencia de la APB. Entre estas supuestas irregularidades se recoge la concesión del puerto de Mahón, en Menorca, a una empresa «menorquina o con participación menorquina» por «presiones» de la entonces alcaldesa de Mahón. El escrito también habla de la «zona portuaria en la Ribera Norte» donde se habría concedido un «depósito de combustibles en contra de los informes de Seguridad».

El documento continúa relatando los problemas con la concesión a una empresa en el Puerto de Alcudia (Mallorca), con varios informes contrarios de la Abogacía del Estado en 2011, 2012 y 2013 por incumplimiento de las condiciones de la concesión y tras el cambio de presidente de la APB la existencia de otro informe «favorable a la ampliación del plazo concesional» a la misma empresa.

El Molinar

También se recoge en uno de esos folios la polémica con las obras de El Molinar, en el Puerto de Palma, la demolición de dos edificios en la plaza Jardines de San Telmo y en el contramuelle Mollet del mismo puerto, la disposición de las instalaciones nuevas en una franja de 110 metros de ancho realizadas con fondos de la Unión Europea, un presunto incumplimiento de la concesión por parte de otra empresa en los Muelles Comerciales de Palma, una concesión para embarcaciones chárter en contra de informes técnicos de la propia APB. Precisamente el testigo fue preguntado si «avisó de la intervención a Berenguer a cambio de que él, como favor, le ayudara con la licitación de El Molinar», pero esto fue negado por el declarante, ya que el único interés que tenía era con la concesión de un hotel cuyo concurso ganó en la APB en 2017, pero que no le fue adjudicado y añadió que era «Fernando (Berenguer) decía que les iban a intervenir algún día porque no hacían una en derecho y le decía que lo del Molinar no se estaba haciendo bien».

El documento dedica varios folios en concreto a la concesión del Club Náutico de Palma y dos extensas páginas sobre la concesión al Club Náutico de Ibiza (CNI). En este segundo caso, se recogen por escrito los movimientos políticos realizados, como por ejemplo que «el pleno municipal del Ayuntamiento de Ibiza, el pleno del Consell Insular de Ibiza y el Parlamento Balear, por unanimidad, y la correspondiente Comisión del Congreso de los Diputados, por mayoría absoluta, por dos veces, ha instado a la APB para que el Club Náutico de Ibiza (CNI), dado su arraigo social y las prestaciones que ha aportado a la sociedad ibicenca, debe seguir gestionando esas instalaciones por medio de la oportuna concesión, renovada o prorrogada». Cuando se realizó este informe todavía el proceso judicial en los tribunales administrativo estaba vivo y el caso Puertos acababa de comenzar. Finalmente, el Tribunal Supremo avaló que se anulase la concesión a CNI.

Durante la instrucción de la causa principal del caso Puertos la relación entre la APB y el PSOE de Baleares ha quedado más que acreditada, sobre todo tras la publicación de una conversación grabada por la Guardia Civil entre el ex presidente de la APB Gual de Torrella y Josep María Costa, imputado y hermano de Pilar Costa (ex senadora socialista y consejera de Presidencia de Baleares), recogida por El Periódico de Ibiza y Formentera, que señala directamente a Francina Armengol y al alcalde socialista de Ibiza, sobre las gestiones que podrían hacer ambos para decantar el concurso del club náutico de la isla en determinada dirección. En la misma conversación sale incluso el nombre de Sofía Hernanz, diputada socialista y secretaria segunda de la mesa del Congreso, que según los audios era «colega» de José Luis Ábalos, ministro de Fomento cuando se tramitó el concurso investigado.