La Justicia del pacto Santos-FARC libera a un terrorista pero mantiene en prisión a un ex ministro
El caos político en Colombia está provocando situaciones kafkianas como que el terrorista vinculado a las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Herminsul Arellán Barajas, alias Pedro, fuera liberado el pasado martes 9 de mayo acogiéndose a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y que Diego Palacio, un ex ministro del Gobierno, no haya podido acogerse a la misma y siga en prisión.
El narcoterrorista, que estaba recluido en la cárcel Picota y había sido condenado a 40 años de prisión por el atentado al club el Nogal que perpetró en febrero de 2003.
En el ataque con coche bomba contra aquel club social —el atentado más grave en zona urbana de la narcoguerrilla en sus 50 años de asesinatos, extorsiones, secuestros y violaciones— murieron 36 personas y más de dos centenares resultaron heridas. Herminsul Arellán firmó el compromiso para acogerse a la JEP y su proceso ya está gestionado por la Secretaría de la Jurisdicción.
El atentado al Club El Nogal fue ordenado por Óscar Montero, alias el Paisa, jefe de la columna Teófilo Forero y Arellano fue el coautor de los hechos.
Entretanto, el ex ministro del Gobierno de Álvaro Uribe está en la cárcel, condenado por la acusación de una ex diputada que se autoinculpó de haber vendido su voto para que saliera aprobada la reforma constitucional que permitió a Uribe presentarse a la reelección en 2006.
Yidis Medina acusó a Palacio y otros cargos del Ejecutivo de haberle ofrecido determinadas prebendas a cambio de que apoyara esta reforma. Y admitió públicamente que sólo había hecho público su delito al no haber recibido las dádivas, razón por la que su testimonio fue muy polémico y criticado al carecer de credibilidad para muchos juristas.
Sin embargo, Medina, que mintió en algunos aspectos de su declaración, logró darle nombre al escándalo, que se dio en llamar el ‘caso Yidispolítica’, y dio con Palacio en la cárcel, condenado en abril de 2015 a 80 meses de prisión por cohecho.
El ex ministro de Protección Social ha pedido acogerse a la JEP, pero el juzgado le negó la libertad condicional que había solicitado. La decisión, tomada este viernes, se basa en que según el tribual, los hechos que rodearon la condena del ex ministro no tienen relación el conflicto armado.