La corte suprema de Brasil admite las confesiones de ejecutivos de Odebrecht sobre el caso Petrobras

La presidenta de la corte suprema de Brasil, Cármen Lúcia, convalidó este lunes la confesión de exejecutivos de la constructora Odebrecht sobre la red de sobornos de Petrobras, una señal de que el caso avanza tras la muerte del juez que llevaba el proceso en el máximo tribunal.

«La presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, homologó las 77 declaraciones de Odebrecht. El secreto de sumario se mantendrá», informó oficialmente la corte.

En la práctica, la medida incorpora al expediente todos los testimonios que detallan el pago de sobornos de empresarios a funcionarios y operadores políticos de primer plano para obtener contratos en la petrolera estatal o para que sean aprobadas medidas favorables a sus negocios.

Las confesiones se mantienen por el momento en secreto y serán enviadas a la Fiscalía General para que decida si presenta nuevas denuncias a partir de los datos aportados, algo que se descuenta que ocurrirá.

La decisión de Cármen Lúcia parece despejar las dudas sobre el futuro del caso que generó la sorpresiva muerte en un siniestro aéreo del juez Teori Zavascki, que llevaba con mano firme un proceso que estremece al primer nivel político y que ya ha puesto tras las rejas a exdiputados, exsenadores, exgobernadores y encumbrados empresarios.

El STF instruye los procesos contra funcionarios federales con cargos vigentes y, por lo tanto, protegidos por fueros especiales, como diputados, senadores y ministros.

Las primeras filtraciones de las confesiones involucraron al presidente conservador Michel Temer y a varios de sus allegados, que desmienten terminantemente cualquier implicación.

La investigación, conocida como ‘Operación Lava Jato’ (lavadero de coches) fue puesta en marcha en 2014 en Curitiba (sur) por el juez de primera instancia Sergio Moro.

En la mira de sus investigaciones figuran el expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y el ultraconservador exjefe de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha.

El fiscal que instruye los procesos en esa ciudad, Daltan Dallagnol, dijo la semana pasada a la AFP que «la colaboración de Odebrecht y de varios de sus ejecutivos aportará pruebas» que podría duplicar el número de investigados.

Cármen Lúcia ahora debe decidir quién asumirá el caso, que podría ser distribuido entre varios de los restantes nueve jueces del máximo tribunal. Temer ya indicó que esperaría esa decisión antes de designar al reemplazante de Zavascki.

La Orden de Abogados de Brasil (OAB) celebró la decisión de la magistrada, de 62 años. «La convalidación es un acto de justicia no solo respecto a la memoria del juez Teori Zavascki, sino tambien una garantía dada a la sociedad de que el proceso de Lava Jato no se verá interrumpido ni atrasado en beneficio de corruptos y corruptores», declaró el presidente de esa entidad, Carlos Lamachia, en una nota pública.

La convalidación se produjo el mismo día de la detención del empresario Eike Batista, otrora el hombre más rico de Brasil, por sospechas de haber montado una red de corrupción junto al exgobernador de Rio Sergio Cabral, detenido desde noviembre, en el marco de una ramificación de la investigación Lava Jato.

Odebrecht acorralada

La confesión de Odebrecht es un asunto de Estado. La empresa quedó en el centro del escándalo, luego de que la policía hallara documentos que probaron que tenía un departamento especialmente creado para administrar los sobornos que daba a funcionarios de prácticamente todo el arco político brasileño, incluyendo al partido de centroderecha PMDB, del presidente Temer.

Odebrecht quedó acorralada luego de que el juez Moro, un emblema de la lucha contra la corrupción en Brasil, condenara a su expresidente Marcelo Odebrecht a 19 años y cuatro meses de prisión.

Asfixiada por las denuncias y la pérdida de negocios, firmó un acuerdo para colaborar con las autoridades a cambio de una reducción de penas.

El grupo y su filial Braskem aceptaron además pagar 3.500 millones de dólares en multas en Brasil, Estados Unidos y Suiza tras haber reconocido que sobornó a funcionarios públicos para hacer sus negocios.

Su red de corrupción se extendió a Colombia, Perú, Venezuela, Argentina, Panamá, Ecuador, República Dominicana y Guatemala entre otros, donde debió hacer otros acuerdos de compensación por separado.

La firma facturó 39.119 millones de dólares en 2015, según su último reporte de resultados.