Memoria Histórica

Sánchez quiere monumentos públicos y «perdón institucional» para las víctimas del franquismo

Valle de los Caídos
Valle de los Caídos
Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

El plan del Gobierno de Pedro Sánchez para la reparación de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura impulsa la celebración de actos de reconocimiento público y peticiones de «perdón» en las distintas instituciones, así como la construcción de monumentos públicos en su honor.

El Ejecutivo reconoce, por un lado, la necesidad de reparar económicamente a las víctimas, y por otro, una «reparación simbólica», que obligaría al Gobierno a «realizar las acciones tendientes a restablecer la dignidad de las víctimas y difundir la verdad sobre lo sucedido». Esas medidas incluyen, por ejemplo, el reconocimiento público de las víctimas, actos conmemorativos y homenajes públicos, reconocimientos públicos y solicitudes de perdón institucional, así como la construcción de monumentos públicos «con perspectiva de reparación y reconciliación».

Un asunto que abrirá de nuevo la polémica, a la vista de la controversia por la retirada de los símbolos franquistas, contemplada en la propia Ley de Memoria Histórica. Ésta obliga a las Administraciones públicas a «la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil Española y de la represión de la Dictadura».

Los monumentos y declaraciones públicas sobre el asunto vendrán determinadas por la interpretación de lo sucedido durante la Guerra Civil y el Franquismo que determine una ‘Comisión de la Verdad’, integrada por expertos de distintos ámbitos.

La misión de esa comisión es «contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos” cometidas durante la Guerra Civil Española y la dictadura, a través de una interpretación de la historia

Esa comisión elaboraría un informe final que entregaría para su aprobación a las Cortes y al Gobierno de España y a las instituciones competentes para el cumplimiento de sus recomendaciones.

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