Vox presenta enmienda total a la Ley de Eficiencia Procesal por aumentar la burocracia judicial

El partido de Santiago Abascal no ve con buenos ojos la Ley de Eficiencia Procesal que propone el Ministerio de Justicia. Vox ha presentado esta semana una enmienda a la totalidad para que el texto impulsado por Pilar Llop (PSOE) sea devuelto al Gobierno. Califican como «deficiente» la norma en lo relativo a mediación, ya que esos cambios, entienden, provocarán más burocracia, costes y retrasos.

Vox señala que fundamentalmente enmiendan la norma por ser «una deficiente reforma de la mediación». Denuncian que se alteran normas en los órdenes civil, penal, contencioso-administrativo y social «en infinidad de materias, incluida la de recursos extraordinarios como la casación».

En su texto, Vox comenta que imponer un intento previo de solución extrajudicial como la mediación acrecentará las formalidades, los costes y la burocracia de los tribunales. Subirán también las dilaciones y la incertidumbre.

El escrito de Vox está firmado por Macarena Olona, la secretaria general de Vox en el Congreso y candidata a las elecciones andaluzas. Vox duda de que la reforma vaya «a hacer actual la potencialidad augurada a la mediación», entendida como un «instrumento para impulsar la participación» de los ciudadanos en el sistema judicial, «lo que no responde a ninguna verdad conocida».

El partido verde entiende que «no se acaba de entender qué innovación pueda representar la existencia de una negociación previa a un litigio». Creen que «ya sucede probablemente en la casi totalidad de las controversias que devienen contenciosas», indican. Tampoco comprenden por qué tendrían que participar abogados.

Vox ve una «desorientación» en el proyecto planteado por el Gobierno. Ven «ininteligible» apelar a la participación ciudadana y a la democracia como fundamentos de la mediación. «Se trata de una innovación retórica y demagógica, que muestra el desenfoque de la presente iniciativa legislativa», lanzan.

Igualmente, la formación política de Abascal piensa que en este proyecto de ley «parece subyacer una idea extraña» que atribuye a la sociedad una predisposición a litigar «que merecería ser reprimida». En este sentido, refieren que, por contra, «lo cierto» es que una persona acude a los tribunales cuando le ha sido imposible llegar a una solución extrajudicial.

Olona también apela en la enmienda a que la «obsesión por la digitalización» de la justicia es «impracticable u onerosa» para muchos ciudadanos. Su puesta en marcha necesita de unos medios materiales «hoy inexistentes» en España, critica para apostillar: «El planteamiento del Gobierno no es más que una promesa vacía de contenido».

«Probablemente, el propósito del Ejecutivo sea el intento de lograr un éxito político por haber abordado, aunque solo sea aparentemente, las reformas procesales en su conjunto antes de que concluya la legislatura en curso, más sin consecuencias prácticas en beneficio de los justiciables», zanja el partido conservador.

Olona sostiene, como recoge EP, que durante décadas en España la respuesta más usada ante el «mal funcionamiento» de la Administración judicial ha sido implantar «sucesivas reformas procesales» como si fueran «una suerte de bálsamo de Fierabrás que curaría todas sus dolencias».

Abril

El Consejo de Ministros dio visto bueno el 12 de abril a este Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa y el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal que, según la ministra Llop, suponen un impulso a los pilares del plan Justicia 2030 y son un paso firme hacia un modelo «más eficiente, ágil y sostenible».

«Es un paquete de medidas», dijo la ministra, con «impacto directo» en la conexión de la ciudadanía con la justicia. «Todos vamos a poder percibir estos cambios», celebró. Tras el Consejo de Ministros, Llop explicó que la nueva ley añade «el paradigma de la adecuación, de la eficiencia y la sostenibilidad del sistema» para que la justicia funcione «como un motor de cohesión social». Defiende el texto por «contribuir a la calidad democrática y a aportar las soluciones más ajustadas y flexibles».

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Según Llop, la ley quiere agilizar la actividad en términos estructurales, facilitar la cohesión social y contribuir a un sistema de Justicia más sostenible. Para ello, se apuesta por los medios adecuados de solución de controversias (MASC) y reforma las leyes procesales. Desde el Ministerio confían en que estos medios de solución reducirán la litigiosidad y la sobrecarga de los tribunales.

La norma establece un requisito de procedibilidad en los procedimientos civiles y mercantiles. En este sentido, se exige haber intentado una solución consensuada antes de interponer una demanda. Las partes podrán cumplir dicho requisito mediante la negociación directa, la opinión de un experto independiente, la conciliación, la mediación o una oferta vinculante confidencial.

También contempla la figura de los servicios de medios adecuados de resolución de conflictos para informar a la ciudadanía y operadores jurídicos sobre su naturaleza, contenido, efectos de su utilización y recursos existentes, así como auxiliar a los diferentes órganos judiciales respecto a la conveniencia de la derivación de un determinado caso a una actividad negociadora.

Llop subrayó que estos medios de solución de controversia van a permitir «garantizar mejor los derechos de la ciudadanía por vías menos costosas y que llevan menos tiempo». «Se trata de un cambio de la cultura del litigio hacia la cultura del acuerdo», zanjó.