Vicente Gil: «Para Sánchez los agricultores son fachosfera»

Los agricultores siguen protestando y están ya, para Sánchez, en el grupo de la fachosfera. El presidente les ignora porque no le interesan sus votos. El PSOE no tiene nada que hacer en el campo. Es terreno del PP y Vox. Y, por eso, pasa de ellos y de sus tractores. Este miércoles, Sánchez sí ha tenido tiempo de recibir en Moncloa al mundo del cine español. La versión 4.0 de la ceja de Zapatero. Hasta en esto se nota la mano oculta del ex presidente.

La fachosfera de Sánchez ya saben que consiste en la constelación donde él coloca a todo el que no piensa como él llamándole fascista. Incluso si crees que la canción de Eurovisión es simplemente un bodrio penoso, ofensivo para las mujeres y cantado por una señora que desafina mucho con dos tíos muy raros al lado vestidos de mujer, también eres un facha. Es lo que tienen los tiranos: no aceptan que les lleven la contraria.

Con todo. Cuentan que en Moncloa empiezan a resignarse a pensar que la Ley de Amnistía no va a salir. La resistencia de jueces y fiscales honrados, que es la fortaleza de nuestro Estado de Derecho, se lo está poniendo crudo a Sánchez. Aunque yo dudo que la soberbia del narcisista monclovita se resigne a no sacarla adelante simplemente por sus santas narices.

También dicen que en Moncloa están un poco cansados de las chorradas infantiles de Yolanda Díaz. Petete Díaz se ha desmarcado este miércoles de la idea de acortar las instrucciones judiciales reconociendo, al tiempo, que Sánchez no le da información.

Yolanda anda desdibujada últimamente. Sólo le hace caso el Papa Francisco. Dos audiencias privadas en dos años no las consigue cualquiera. Dicen que hay algún obispo rojete con acento argentino haciéndole las gestiones celestiales.

El Fiscal General del Estado, mientras, ha dicho este miércoles que él no miente y que no maniobra para favorecer a Puigdemont. Las carcajadas se han oído hasta en Waterloo.

La condición sine qua non para ser un cuatrero de Sánchez es mentir, al menos, tanto como él un par de veces al día. Álvaro García Ortiz debería haber dimitido tras el varapalo de la Junta de Fiscales del Supremo. Pero no lo ha hecho. Porque la segunda condición para ser un cuatrero de Sánchez es tener la misma dignidad que el jefe. O sea, cero.

Es tal el manoseo de la fiscalía por parte del Gobierno que la ministra portavoz, Pilar Alegría, anunció desde Moncloa el martes que sería «otra instancia» la que decidiría, finalmente, si acusar o no de terrorismo a Puigdemont pasándose por el forro a la Junta de Fiscales. Y lo hizo antes de que, por fuentes de la Fiscalía General, supiéramos que será una amiga de Dolores Delgado, colocada a dedo, la número dos de García Ortiz, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez-Conde, la que decidirá. El tufo bolivariano de algunos altos cargos del Supremo y la Fiscalía es insoportable.

Son maniobras a la desesperada ya, saltándose las reglas y procedimientos, para salvar al prófugo de Waterloo. Como las de ese otro personaje que es Fernando Galindo, el letrado mayor de Sánchez en el Congreso, al que, como a García Ortiz, se la bufa el criterio mayoritario de sus compañeros. Hasta el Interventor de la Cámara ha tenido que irse harto de aguantar sus trampas constantes para beneficiar a Sánchez y salvar a Puigdemont. Mientras, la sectaria pancatalanista de Francina Armengol sigue a la sopa boba haciendo lo que le dicen el tal Galindo y Gómez de Celis, que es el verdadero presidente del Congreso en la sombra, ahora y antes con Batet.

El carácter antidemocrático de este Gobierno lo lleva a cualquier instancia. Txiqui Montero ha anunciado este miércoles que va a manosear, también, una vez más, la Abogacía del Estado para sacar adelante -con un informe ad hoc- los Presupuestos obviando al Senado donde el PP se los iba a tumbar.

La Abogacía del Estado era otra de esas instituciones que -hasta Sánchez- poblaban profesionales de prestigio, desconocidos para el gran público. Su tarea era imparcial y apolítica gobernara quien gobernara.

Consuelo Castro es la Abogada General del Estado. O mejor, la Abogada General de Sánchez. La nombró en 2018 nada más pisar Moncloa. Lo primero que hizo, por orden del jefe, fue rebajar de rebelión a sedición la acusación contra Puigdemont y compañía para aliviarles penalmente y limitar el trabajo del Supremo. Amiga, también, de Dolores Delgado, Consuelo Castro venía con el aval izquierdoso de llevar las causas por corrupción de Gürtel y Púnica contra el PP. O la del Prestige.

Fueron aquellos asuntos por los que Sánchez tumbó, nada más llegar, la reforma del PP que limitaba el tiempo de las instrucciones judiciales para que no se eternizaran. Ahora, el mentiroso jefe de la banda dice lo contrario y, para intentar que naufraguen las investigaciones del juez García-Castellón o del juez Aguirre contra Puigdemont, ha dicho que quiere volver a limitarlas en el tiempo. Para Sánchez, las leyes pueden modificarse por días, según le convenga a él.

Por eso, es una obligación de la sociedad civil apuntar los nombres de los cómplices necesarios de este deterioro de nuestras instituciones y nuestra democracia. Sánchez jamás habría podido hacerlo sin Álvaro García Ortiz, Ángeles Sánchez-Conde, Fernando Galindo o Consuelo Castro, entre otros muchísimos estómagos agradecidos.

Cuando vuelva un Gobierno decente a España, estos personajes deberían ser repudiados socialmente y apartados de cualquier trabajo para pagar el daño que están haciendo por el puñado de euros que cobran.