Vía libre al adoctrinamiento en Cataluña: Celaá rechaza controlar los centros que fulminan el español

El Gobierno se cruza de brazos ante el adoctrinamiento en Cataluña. El Ministerio de Educación rechaza controlar los centros educativos que  incumplan la obligación de impartir, al menos, el 25% de las clases en español.

Esa obligación viene confirmada por los tribunales. Precisamente, este lunes se conocían dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que anulan los proyectos lingüísticos de dos centros educativos de la comunidad porque no contemplan el español como lengua vehicular y no reconocen el 25% de enseñanzas curriculares en español.

Recientemente, este periódico preguntó al Ministerio de Isabel Celaá sobre «el número de inspecciones realizadas por la Alta Inspección para asegurar que en los centros educativos se cumpla la obligación de impartir al menos el 25% de las clases en castellano».

En su respuesta, a través del Portal de Transparencia, fechada el pasado 25 de marzo, Educación rechaza expresamente las funciones de supervisión.

El departamento destaca que «la Alta Inspección del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en la configuración jurídica de nuestro Estado de Derecho, y en respeto a la Constitución y sus sistemas de control de legalidad de los actos de las administraciones públicas, supervisa las normas dictadas por las administraciones educativas en el cumplimiento de la legislación básica en materia educativa, de modo que el incumplimiento sólo puede ser determinado por los tribunales de Justicia».

En manos de las autonomías 

«La supervisión del cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo», prosigue el ministerio, «corresponde a la inspección educativa que ejercen las Administraciones educativas a través de funcionarios públicos del Cuerpo de Inspectores de Educación».

«Por tanto», concluye, «supondría una grave vulneración de nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico cualquier intervención directa y ejecutiva por parte de la Alta inspección en los centros educativos».

Cabe recordar que Educación ocultó el informe de la Alta Inspección del Estado sobre adoctrinamiento en los libros de texto en Cataluña alegando que «carecía de rigor», entre las críticas de los propios inspectores. En el informe, que fue encargado por el Gobierno de Mariano Rajoy, se analizaban 102 libros de Geografía, Historia y Lengua Catalana de Bachillerato, para concluir que los contenidos iban en contra de la Constitución y alentaban el independentismo, como reveló el diario El Mundo. 

En la reciente ley educativa, el Gobierno culminó su fin de desacreditar la Alta Inspección del Estado. La Ley Celaá vacía por completo sus competencias e impide denunciar casos de adoctrinamiento en Cataluña. A ello se unió la polémica decisión de eliminar el examen de oposición al cuerpo de inspectores, lo que permitirá a los gobiernos autonómicos nombrar a los inspectores a su antojo y según criterios ideológicos. El Estado, cabe recordar, tiene como una de sus funciones vigilar que las comunidades autónomas no vulneren los derechos fundamentales. Entre ellos, la discriminación por razón de lengua. 

A ello se suma, en otro gesto al separatismo, que la ley elimina el carácter «vehicular» del español. La iniciativa partió de PSOE, Podemos y ERC a través de una enmienda para introducir la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan determinar cuál es la lengua vehicular de su territorio en el ámbito educativo. El objetivo es blindar la inmersión lingüística en Cataluña.

Sentencias

En las recientes sentencias, el TSJC destaca que la «obligatoriedad de que el castellano sea lengua vehicular en la enseñanza deriva directamente de la Constitución». Así pues, en un serio revés al modelo de inmersión lingüístico de Cataluña pero también a Isabel Celaá. Cabe recordar que la reciente ley de educación suprime precisamente el carácter «vehicular» del español.

La Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) destaca la «trascendencia histórica» de estas resoluciones que, señalan, obligarán a cambiar «todos los proyectos lingüísticos de los centros educativos públicos de Cataluña». Afirman que «en un 95% de los casos sólo establecen que el catalán es la lengua vehicular de enseñanza».

La sentencia destaca asimismo que «es constitucionalmente obligado que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas por los poderes públicos competentes como vehiculares». También avisa sobre «el libre y eficaz ejercicio del derecho a recibir la enseñanza en castellano». «En otras palabras, la obligatoriedad de que el castellano sea lengua vehicular en la enseñanza deriva directamente de la Constitución», concluye el tribunal.