Urkullu aparta a CSIF de la negociación en las cárceles vascas por criticar su «capacidad de gestión»

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, se ha sumado a las críticas de otros sindicatos por la improvisación y la “falta de criterio del Gobierno vasco” de Iñigo Urkullu en la gestión de las prisiones vascas. Pero CSIF, un sindicato ajeno a los planteamientos políticos a diferencia de las formaciones sindicales clásicas en España, ha ido a más y ha anunciado que emprenderá acciones jurídicas para defender las condiciones laborales de las plantillas penitenciarias. La respuesta del Gobierno vasco no ha sido otra que la de apartar al sindicatos de las negociaciones en gesto de total opacidad sobre el nuevo rumbo de la política carcelaria en el País Vasco tras el traspaso de la competencia.

Desde el sindicato CSIF denuncian “la falta de conocimiento del medio penitenciario por parte de los nuevos gestores” y les instan a “edificar un proyecto penitenciario de futuro, contando con todas las partes, mostrando una verdadera voluntad negociadora y poniendo sobre la mesa presupuesto, recursos y herramientas”.

La respuesta del Gobierno Vasco no parece ser muy dialogante: ha apartado a CSIF de las negociaciones. Desde este sindicato subrayan su “valoración negativa de todos los pasos que se han dado hasta ahora en materia laboral y que denotan precipitación y una falta total de iniciativa. La situación actual de los cerca de 700 empleados públicos penitenciarios exige serenidad y rigor”. “Exigimos al Gobierno vasco altura de miras, respeto y justicia y que no se olviden de la dignidad de las plantillas”, han señalado.

Desde CSIF denuncian igualmente “la discriminación que ha sufrido este sindicato por parte de la Consejería de Justicia, Igualdad y Políticas Sociales del Gobierno vasco en el ámbito de la transferencia de competencias de prisiones”. Y es que “se ha creado un grupo de trabajo del que se ha excluido a CSIF, como sindicato más representativo a nivel nacional en el ámbito de las administraciones públicas y que, además, cuenta con delegados de personal en los tres Centros Penitenciarios del País Vasco, así como en las correspondientes Juntas de Personal de las Subdelegaciones de Gobierno”.

Todo ello ha provocado, según señala el sindicato, un profundo malestar y el desamparo institucional entre buena parte de los trabajadores de dichos centros: “Creemos que es inaceptable que la negociación de sus futuras condiciones administrativas y laborales se deje en manos de organizaciones sindicales que, en algunos casos, no tienen ninguna representatividad en su sector o ésta es meramente testimonial. Rechazamos que no se tenga en cuenta la representatividad de los delegados de CSIF, elegidos por los trabajadores penitenciarios y representantes de una amplia y significativa parte de las plantillas en los Centros y Juntas de Personal”.

Lo cierto es que la decisión del Gobierno de Urkullu parece ir más por criterios políticos. CSIF no es un sindicato ligado a planteamientos políticos, lo que lo convierte en un potencial chivato de decisiones cuya justificación sea mucho más política que técnica.