Urkullu empieza a gestionar las cárceles vascas obligando a los funcionarios a aprender euskera

Desde el pasado 7 de julio el País Vasco controla su propio sistema penitenciario. Eso al menos es lo que publicó el Boletín Oficial del Estado. Pero según la información a la que ha tenido acceso OKDIARIO, lo que realmente sucede es que la comunidad autónoma vasca no está todavía preparada para asumir todo lo que implica el control de las cárceles; que el traslado masivo de presos condenados por terrorismo de ETA no ha sido casual y que las víctimas colaterales de esta situación son los funcionarios de prisiones que ahora estarán obligados a aprender euskera si tienen menos de 45 años y, además, no podrán pedir traslados a otras cárceles fuera del País Vasco para evitar una desbandada de profesionales.

Desde hace meses, el Gobierno de España, a través del Ministerio del Interior, ha acercado a más de 200 terroristas condenados por delitos relacionados con su pertenencia a ETA a cumplir sus condenas más cerca del País Vasco o incluso dentro de la propia comunidad autónoma. Ahora que la transferencia de competencias es un hecho. OKDIARIO ha tenido acceso al contenido de una reunión que delata lo que a todas luces parece una amnistía encubierta.

“De un tiempo a esta parte se ha disparado la llegada de presos condenados por terrorismo de ETA y están llegando muy subidos. Piden celdas para ellos solos y horarios personales para comer y para comprar en el economato”, explican fuentes penitenciarias vascas. Tan cómodos se sienten estos presos en la tierra natal que hace unos días un etarra se encaró con otro preso al que le dio por celebrar un gol de la selección española en la Eurocopa. No hubo más celebraciones.

De hecho, en las últimas horas se ha sabido que el partido proetarra EH-Bildu ha mantenido reuniones con los directores de las cárceles vascas. Nadie sabe exactamente qué se negocia en esas reuniones, pero lo que sí ha podido confirmar OKDIARIO es que la temática de estos encuentros se centra en la situación de los más de 50 terroristas que hay en cárceles vascas y en los que pueden llegar en los próximos meses.

El régimen cerrado como excepción

La amnistía encubierta de algunos terroristas no estaría en el modo en el que van a cumplir su condena en el País Vasco, sino más bien en si realmente las van a cumplir. En la reunión en Nanclares de la que ha tenido noticia OKDIARIO los representantes del Gobierno vasco volvieron a insistir en que la política penitenciaria vasca iría dirigida “al régimen abierto y semiabierto más que al régimen cerrado, que será una excepción”. Lo normal en el País Vasco será cumplir condenas fuera de la cárcel.

¿Y de todo esto qué dice el Gobierno, el Ministerio del Interior y Marlaska? Nada. Literal. Con su silencio, Marlaska bendice las reuniones con Bildu y los directores de las cárceles vascas, pero es que los propios miembros del Gobierno Vasco en Nanclares dijeron a los funcionarios que no están recibiendo nada de ayuda por parte de Interior para organizar una competencia nueva que deberán asumir por completo a partir del mes de octubre. Entonces, ¿quién les orienta? El Gobierno de la comunidad autónoma de Cataluña.

Así que, siguiendo ese modelo, han llegado las primeras sorpresas para los trabajadores de las tres cárceles vascas. Que una cárcel esté en una comunidad autónoma no significa que sus trabajadores sean de esa misma comunidad autónoma, pero eso a los Gobiernos autonómicos con lengua propia les da igual. Pasó en Cataluña y va a pasar en el País Vasco: todos los funcionarios de prisiones menores de 45 años estarán obligados a aprender euskera. En lugar de renovar el cuerpo de trabajadores sacando nuevas plazas a concurso con ese requisito lingüístico ya implícito, se impone a los trabajadores con plaza aprender sí o sí una lengua nueva.

Quien no deseara enriquecer su cultura sumando el euskera a sus conocimientos podría pedir traslado a otra comunidad autónoma. Pues tampoco. En la reunión de Nanclares se deslizó la idea de que al menos en los próximos dos años nadie podría concursar para cambiar de cárcel. El Gobierno Vasco es consciente de que podría enfrentarse a una desbandada de funcionarios difícil de suplir porque tradicionalmente los funcionarios de prisiones en el País Vasco no son vistos con muy buenos ojos y no creen que hubiera una demanda en tropel de puestos de trabajo si convocaran nuevas plazas.

Aún así el Gobierno tiene un plan B por si el grueso de funcionarios lograra encontrar modo de salir a otras comunidades autónomas: destinar a trabajadores de oficinas a ‘interior’, que en argot penitenciario significa estar mano a mano con los presos, y eso no lo puede hacer cualquiera, pero parece que ahora en el País Vasco el requisito de la preparación será secundario.

Pero es que hay un plan C por si los anteriores fallan: dedicar funcionarios de cualquier área del Gobierno Vasco para trabajar en prisiones. Está claro que para algunas cosas el fin está justificando cualquier medio.