El Constitucional avala el delito de sedición que Sánchez quiere cambiar en beneficio de los golpistas
El Tribunal Constitucional ha emitido este miércoles un avance de la sentencia al líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en la que el Tribunal de Garantías avala por completo la sentencia de nueve años de prisión emitida por la Sala Segunda del Tribunal Supremo por un delito de sedición.
El Fallo del Constitucional se ha hecho público en plena polémica por la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de reformar el delito de sedición. Una reforma que beneficiaría a los condenados del juicio del procés, y el retorno a España de los fugados como Carles Puigdemont.
Como ocurriera en las sentencias conocidas hasta ahora sobre los diferentes recursos al fallo del Supremo del 1-O, hay dos votos particulares de los magistrados Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer. Pese a esos votos particulares, el grueso del pleno del Tribunal Constitucional ha seguido las líneas que se marcó con Meritxell Borràs, Josep Rull, Carles Mundó y Jordi Turull.
El fallo del Constitucional
La sentencia del tribunal Constitucional, cuyo ponente ha sido el presidente Juan José González Rivas, además de abundar en pronunciamientos anteriores, considera, entre otras cuestiones, que la conducta de Jordi Cuixart, al promover la oposición material a la ejecución policial de las decisiones del Tribunal Constitucional y de otros tribunales, «no constituyó ejercicio legítimo de los derechos y libertades de expresión y reunión», y que su condena penal, por delito de sedición del Artículo 544 del Código Penal, «cumple con las normas constitucionales, subrayando que no obedece a una finalidad espuria de persecución o castigo por su posición política o ideológica».
El goteo de sentencias del Tribunal Constitucional deja en evidencia las intenciones del Gobierno de Sánchez de indultar a los condenados. Así, el Ejecutivo se enfrenta no sólo a la sentencia del Supremo -condenatoria-, y a los informes en contra de la concesión de la medida de gracia tanto del propio Supremo como de la Fiscalía, sino que, además, ahora tienen sobre la mesa las diferentes sentencias del Tribunal de Garantías.
Asalto al Parlament
El Tribunal Constitucional no sólo ha avalado la condena de Cuixart, sino que también ha hecho lo propio con las condenas por el asalto al Parlament del año 2011, tal y como ha adelantado El Confidencial. En este caso, el Supremo tumbó la sentencia absolutoria contra varias personas que había emitido la Audiencia Nacional y elevó las penas hasta los tres años de prisión por un delito contra las instituciones del Estado. El ponente del Supremo fue Manuel Marchena, quien dijo que los acontecimientos fueron «violentos», y que estos «atacaron los valores superiores del orden democrático».
El ‘asalto’ se produjo el 15 de junio de 2011 cuando una horda de cientos de manifestantes rodearon la institución catalana asediando a una docena de parlamentarios. Entre los que sufrieron aquel acoso se encontraba el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas.