Tres institutos de Gerona se niegan a dar el 25% de las clases en castellano

Tres institutos de la provincia de Gerona se han declarado insumisos y se niegan a impartir el 25% de las clases en español en contra de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a que los alumnos que lo deseen puedan recibir la enseñanza en castellano.

Los institutos de Sarrià de Ter, Celrà y Salvador Espriu han decidido mantener el proyecto lingüístico «de forma íntegra». Eso supone que ningún alumno de estos centros educativos podrá pedir las clases en castellano, algo que choca frontalmente con la reciente sentencia del Tribunal Supremo que da la razón a las familias que quieren optar por la inmersión lingüística también en castellano.

El Instituto de Sarrià de Ter ha sido el primero en comunicar la decisión de su claustro publicando un comunicado al que se han sumado progresivamente los otros dos institutos. En el texto se explica que «el catalán es y debe ser la lengua vehicular en los centros de Cataluña porque es la lengua propia y porque, de las dos oficiales, es la que se encuentra minorizada».

Estas son las tesis que se han defendido desde la Generalitat y los independentistas más abyectos, tomando como ejemplo la violencia y el acoso que se ha producido a raíz del caso de la familia de Canet, que pidió que su hijo de cinco años recibiera las clases en castellano al amparo de la sentencia del Supremo.

Desde la Generalitat de Pere Aragonés se ha animado a la insumisión de los centros escolares ante una medida que deja únicamente una cuarta parte de las clases en castellano, como ahora hacen estos tres institutos de Gerona.

Incumplimientos desde 2010

La Generalitat de Cataluña lleva una década saltándose –sin que haya consecuencias– las diferentes sentencias judiciales relativas a la inmersión lingüística, procedieran del órgano jurisdiccional que procediera.

En julio de este año, el Tribunal Constitucional declaró «inconstitucional y nulo»  el artículo 6.2 del Estatuto de Cataluña por su «pretensión de imponer un deber de conocimiento del catalán equivalente en su sentido al que se desprende del deber constitucional de conocimiento del castellano». Fue en una sentencia que se produjo tras el recurso del PP contra el texto estatutario. La resolución defendía que los estatutos de autonomía son normas subordinadas a la Constitución, es decir, que están jurídicamente sometidos a la Carta Magna.

En diciembre de 2010, el Tribunal Supremo instó a la Generalitat a adoptar «cuantas medidas sean necesarias» para que el castellano fuese también lengua vehicular en el sistema educativo de la comunidad, junto al catalán, para así adaptar a la «nueva situación» creada por el Constitucional. Así lo defendió en tres sentencias tras aceptar los recursos de los padres de tres alumnos de Barcelona y Tarragona a los que el Govern denegó en 2006 su derecho a ser escolarizados en español.