Torra nombra a una juez independentista directora de la Escuela Jurídica de la Generalitat

El presidente Quim Torra ha colocado a una juez independentista, Núria Clèries Nerín, como nueva directora del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (CEJFE) de la Generalitat. En este cargo, Núria Clèries será la responsable de organizar y planificar la formación que recibe todo el personal del Departamento de Justicia de la Generalitat, dirigido por la ex senador de ERC Ester Capella.

Durante los últimos años, Núria Clèries ha desempeñado su labor como magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Es miembro de la junta directiva de la asociación Ágora Judicial, creada el pasado mes de enero por un grupo de jueces independentistas para exigir la libertad de los políticos golpistas que se encuentran en prisión.

Desde la puesta en marcha de esta asociación, sus representantes han sido invitados con frecuencia a los programas de TV3 para defender que Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de ex consellers golpistas no han cometido ningún delito, y por tanto deben quedar en libertad.

El portavoz de Ágora Judicial es el titular del Juzgado de lo Social número 3 de Barcelona, Xavier González de Rivera, quien en 2014 fue el promotor del manifiesto firmado por 33 jueces a favor de la independencia de Cataluña. González de Rivera es apoderado del Colectivo de Asesoramiento y Defensa Jurídica (AiDE) que representa, entre otros, a los trabajadores del comité de empresa de TV3.

En el tripartito de Maragall y Montilla

Antes de su nombramiento, la magistrada Núria Clèries Nerín ya ocupó varios cargos en la Generalitat, a las órdenes de la entonces consellera de Justicia Montserrat Tura (PSC). Durante el Tripartito de Pascual Maragall, fue directora general de Relaciones con la Administración de Justicia. En 2006, cuando José Montilla asumió la Presidencia de la Generalitat, Núria Clèries pasó a ocupar el cargo de directora general de Modernización de la Administración de Justicia.

Según su currículum oficial, Núria Clèries (Barcelona, 1958) es licenciada en Derecho y diplomada en Criminología por la Universidad de Barcelona (UB). También tiene un máster en dirección pública por el ESADE. Ingresó en la carrera judicial por oposición en 1985. Ocupó sus primeros destinos en Santa Cruz de La Palma y Sitges, antes de convertirse en titular del Juzgado de Primera Instancia número 11 de Barcelona. Ha sido letrada del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), adscrita al Servicio de Inspección.

Como magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, en 2011 fue la ponente de una sentencia que reconocía el derecho de la asociación Barcelona Decideix! a llenar todo el centro de la ciudad con banderolas independentistas, durante la campaña de las elecciones municipales.

Más tarde, en marzo de 2011, firmó un voto particular en el que negaba el derecho de unos padres a que sus hijos fueran escolarizados en castellano. En su voto particular, la magistrada Núria Clèries argumentaba que «el uso de la lengua catalana continúa siendo minoritario, por lo que entiendo que se dan las condiciones para mantener el modelo actual».

El «manifiesto de los 33» por la secesión

Para llegar a esta conclusión también mencionaba un informe sobre los resultados del estudio PISA que «acredita que al finalizar la escolaridad los estudiantes obtienen las mismas competencias en catalán que en castellano». Las pruebas del informe PISA se realizan en catalán en todo el sistema educativo de la Generalitat, por lo que difícilmente pueden acreditar ningún nivel de conocimiento de castellano por parte de los alumnos.

Seis de los nueve jueces que han fundado la asociación Ágora Judicial (de cuya junta directiva forma parte Núria Clèries) firmaron en 2014 el llamado “manifiesto  de los 33” a favor de la independencia de Cataluña y del referéndum ilegal del 9-N.

Entre ellos se encuentra Matilde Aragó Gassiot (magistrada de la Sala de lo Social Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y vicepresidenta de la Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia), Joan Agustí Maragall (titular del Juzgado de lo Social número 33 de Barcelona), Montserrat Raga Marimon (titular del Juzgado de lo Contencioso número 5 de Barcelona) y Juli Solaz Ponsirenas, magistrado de la Sección 22 de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Juli Solaz participó en la instrucción del caso Palau y se negó a enviar a prisión a Félix Millet, que acaba de ser condenado a nueve años de cárcel por participar en la financiación ilegal del PDeCAT.

Con los políticos corruptos del 3%

Otra de las fundadoras de Ágora Judicial es la magistrada Maria Josep Feliu Morell, que entre 2013 y 2015 fue secretaria de Relaciones con la Administración de Justicia de la Generalitat, como número 2 del conseller Germà Gordó, quien ahora se encuentra imputado por participar en la trama de financiación ilegal del PDeCAT a través de mordidas del 3%.

En varias declaraciones públicas, Maria Josep Feliu (que es magistrada de la Sección 22 de la Audiencia Provincial de Barcelona) ha sostenido que existe una “clarísimamente una persecución judicial” contra los impulsores del proceso de independencia de Cataluña.