El Supremo de Venezuela investiga pagos del chavismo a Podemos a través de obras que Odebrecht no ejecutó

La investigación del Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio avanza y ha identificado ya uno de los grandes esquemas que han permitido a Hugo Chávez o Nicolás Maduro dotar de dinero a los fundadores de Podemos. Se trataría de un esquema basado en el uso de compañías a las que se firmaban contratos que jamás se ejecutaban y cuyo dinero retornaba posteriormente por medio de un circuito B a las formaciones de extrema izquierda a las que se quería financiar: entre ella, la del actual vicepresidente Pablo Iglesias.

Las información ha sido confirmada a OKDIARIO por el propio presidente del Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio, Miguel Ángel Martín Tortabú. “En el caso de Odebrecht se puede ver cómo están aprobados contratos de megaobras que no se construyeron —puentes en el lago Maracaibo, en el río Orinoco, etc.—, megaobras que tienen que estar ahí, y si no están ahí, es porque no están construidas”. El presidente del Supremo explica que “nosotros encontramos que dinero procedente de esa fuente ha ido a parar a Andorra, a España, a bancos españoles, a Estados Unidos —millones de dólares llegaron a Estados Unidos—, a paraísos fiscales en el Caribe, a República Dominicana. Es decir, nos encontramos con un entramado criminal donde no sólo está Nicolás Maduro”.

De ese modo, “utilizan el mecanismo de la construcción, con dinero sospechoso —iraní, chino y, por supuesto, también venezolano— y utilizan otros países dentro del entramado, como República Dominicana, México, Cuba o Venezuela” para, teniendo los ingresos, destinar pagos al “Foro de Sao Paulo, para crear el sesgo ideológico, en donde, repito, toda la ultraizquierda del mundo —cuando digo el mundo hablo de España, hablo de Francia, hablo de Italia, hablo de Alemania, hablo de Inglaterra, hablo de los países asiáticos y, por supuesto, del Continente Americano—, además de unirse con una misma ideología, buscaron el control del poder político. Para eso necesitaban dinero, y el dinero lo sacaron de varios mecanismos que han sido utilizados”. La fórmula, según el Supremo venezolano, es complementaria, «por supuesto, en Venezuela, del dinero extraído de los contratos petroleros. Los contratos petroleros han servido para que en El Salvador y hasta en Honduras haya una hegemonía política. O en Nicaragua, por ejemplo”.

Dinero del petróleo

«Qué hacen con ese dinero es la gran pregunta. ¿Qué hacen con el dinero de estos convenios petroleros? ¿Qué hacen con el dinero de los convenios de las grandes obras, como Odebrecht? En el caso de Odebrecht, que es uno de los más emblemáticos, porque es el que ha tenido más penetración en los procesos electorales, como ha ocurrido en Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Venezuela y otros países, nos encontramos con que en estas contrataciones de megaobras los vehículos financieros —tenemos prueba de ello— eran dinero sospechoso que venía de Irán y del fondo chino. Ese dinero pasaba por estos contratos, destinados a pagar parte de las obras, pero jamás llegaba a Venezuela”, añade el presidente del Supremo. Porque era dinero que se destinaba a formar y financiar partidos como Podemos, según este organismo.

El Tribunal Supremo de Venezuela, de hecho, está investigando una nueva conexión de Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, dirigentes de Podemos, con la trama corrupta del multimillonario escándalo Odebrecht.

La investigación llega justo en el momento en el que la Fiscalía General de Bolivia ha citado a declarar a ambos y a su antiguo compañero de fundación de Podemos, Íñigo Errejón, para investigar el destino de otros pagos: los realizados por Evo Morales a ellos. Y en el mismo momento en el que el Tribunal Supremo de Venezuela y Brasil unifican sus investigaciones con las de Bolivia para llegar hasta el final de los pagos realizados por países populistas a los líderes de aquel Podemos.

Odebrecht es el gigante brasileño de la construcción que ha protagonizado el mayor escándalo de sobornos de América Latina. La empresa ha pagado 200 millones de dólares en comisiones ilegales a políticos, funcionarios, empresarios y testaferros.