Sumar exige al PSOE controlar el acceso de los nuevos jueces para que tengan «sensibilidad democrática»

El acuerdo entre el PSOE y el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha provocado malestar en Sumar, esencialmente por no haber sido informados por sus socios de coalición. Desde la plataforma que lidera Yolanda Díaz tratan de enfatizar ese enfado, asegurando incluso que su apoyo no está garantizado.

La posición, dicen, se analizará en los próximos días. Mientras, exigen ir «más allá» de los contenidos pactados, exigiendo al PSOE una reforma del acceso a la carrera judicial, en línea con su propuesta registrada hace unas semanas en el Congreso y que ha provocado el rechazo de los jueces. En el Poder Judicial interpretan que la iniciativa de Sumar supone un nuevo intento de control ideológico, al limitar el peso de las oposiciones para los nuevos jueces bajo el pretexto de la «democratización» del acceso a la Judicatura.

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha considerado este jueves que el acuerdo entre el PSOE y el PP es sólo «un punto de partida» y ha asegurado que el objetivo de su partido es cambiar la situación actual de la Justicia porque, ha dicho, «la democracia en España tiene que llegar a más aparatos del Estado».

«Hay una democratización pendiente que tiene que ver con el acceso a la Justicia, quién consigue llega a juez, con las mayorías necesarias para evitar bloqueos, con las funciones… Nos parece que la agenda de regeneración democrática con el Estado con la que el propio presidente del Gobierno se comprometió no se agota con un acuerdo PSOE-PP», ha afirmado.

El acuerdo entre el PSOE y Sumar para la investidura de Pedro Sánchez ya hacía alusión a un cambio en la carrera judicial: «Propondremos un nuevo modelo de acceso, formación, especialización y promoción de jueces y fiscales», se puede leer textualmente, sin dar más detalle.

Reforma de Sumar

El partido de Díaz registró hace unas semanas en el Congreso una proposición de ley sobre la «reforma del sistema de acceso a la carrera judicial» en la que cargan contra el actual modelo, «basado fundamentalmente en pruebas de capacidad memorística que obliga a las personas que opositan a memorizar leyes y temarios durante años». «Por otro lado, se ha configurado como un sistema elitista que se manifiesta en un sistema obsoleto de acceso en el que únicamente se valora la capacidad de memorizar normas jurídicas frente a los méritos profesionales, la sensibilidad social y democrática, la neutralidad, la empatía y la capacidad de interactuar con los ciudadanos», alegan desde Sumar.

Consideran, por ello, que es preciso modificar el sistema de los nuevos jueces, restando importancia a las oposiciones porque «el futuro juez o jueza debe tener capacidad crítica y opinión propia para garantizar su imparcialidad».

El sistema se basaría en una formación similar al MIR de Medicina, diluyendo la oposición, de forma que el ingreso se haría en base a las notas medias obtenidas por el aspirante durante la carrera universitaria. La clave es invertir el proceso, de forma que no se basaría en una oposición libre, sino que quienes hayan superado la licenciatura o el grado universitario en Derecho y cuenten con los mejores expedientes académicos solicitarán el acceso a la Escuela Judicial, para lo que tendrán que superar un test psicotécnico. Las asociaciones critican el intento de control ideológico que ello supone.

La negociación de esta proposición de ley pondrá a prueba la coalición del Gobierno. Igualmente, ya surgen las primeras interpretaciones entre el PSOE y el PP sobre el contenido del acuerdo pactado ante la Comisión Europea.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha dejado en el aire uno de los puntos centrales del pacto, la participación directa de los jueces en la elección de 12 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Se trata de una de las grandes reclamaciones del PP, que fue incluida como disposición adicional en el texto acordado entre los dos grandes partidos. En concreto, se indica que los vocales tendrán seis meses para estudiar los modelos europeos y, con el aval de tres quintos, trasladar una reforma al Gobierno, al Congreso y al Senado. Bolaños ha asegurado que esa propuesta que hagan los jueces no será «vinculante».